La procuraduría General de la República, mantiene bajo investigación a funcionarios del Gobierno de Baja California Sur, entre ellos el procurador de Justicia del Estado, Gamil Arreola Leal y el subprocurador de averiguaciones previas zona norte, Hugo Galindo Camacho, debido a que son señalados de brindarle protección a integrantes del cártel del pacífico, principalmente a Olivia Higera, quien cuenta con 14 denuncias penales ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de las cuales ninguna ha procedido.
Los actos de corrupción, impunidad, abuso de poder y los nexos de funcionarios del gobierno de Baja California Sur, quedaron al descubierto luego de que –con la complicidad de Olivia Higuera-, el procurador; el subprocurador de averiguaciones previas zona norte; el MP Aloy Aguiar Yee y los comandantes de la Policía Ministerial, Félix Murillo y de la policía municipal Ramón Agundez Ojeda, armaran un operativo en el hotel Playa Buenaventura, sin mostrar ninguna orden de cateo, girada por un juez.
De acuerdo a la denuncia presentaba por Rafael Muñoz Martínez en la sede de la PGR, elementos de la Policía Ministerial, irrumpieron de manera violenta y tras someter y golpear a los empleados –entre ellos la administradora-, les fincaron responsabilidad penal por los delitos de robo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego, pese a que al momento de revisar dos escopetas, se mostraron los permisos originales del registro ante el CINE de la Paz, B.C.S.
Tanto el operativo violento como la detención y consignación de los empleados de Playa Buenaventura en Baja California Sur, se efectuaron antes de que se presentara alguna denuncia por parte de Olivia Higuera, quien además de contar con 14 denuncias penales por diferentes delitos, principalmente por sus vínculos con el crimen organizado, se encuentra bajo investigación de la Secretaría de Marina Armada de México, por cocinar tortuga de manera ilegal.
De acuerdo a la versión de Rafael Muñoz Martínez, tanto Olivia Higuera como el esposo de ésta, Mark Burbey –de nacionalidad estadounidense-, se dedican al narcotráfico en Baja California Sur y pese a que ambos cuentan con denuncias penales en su contra, éstas no han procedido, debido a que gozan de la protección tanto del Gobernador del Estado, Marcos Alberto Cobarruvias Villaseñor, como del procurador de Justicia de Baja California Sur, Gamil Arreola Leal y de otros funcionarios del gobierno del Estado.
El denunciante, declaró que desde el 2009 ha presentado denuncias ante PGR, Secretaría de Marina, SIEDO, CNDH y Semarnat, entre otras instancias federales, debido a que en su negocio de Olivia Higuera, constantemente llegan embarcaciones con cargamentos de droga; sin embargo, hasta el momento, las querellas no han procedido.
Ante tal situación, el empresario Rafael, Muñoz Martínez, luego de presentar la denuncia penal contra estos funcionarios de Baja California Sur, solicitó a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibañez, una exhaustiva investigación contra el procurador de esa entidad, toda vez que existen evidencias de brindar protección a gente ligada al narcotráfico, entre ellos a tanto Olivia Higuera como el esposo de ésta, Mark Burbey.
La cantidad de mexicanos que trabajan en el sector informal, que utiliza recursos propios para generar empleos, creció a 14 millones de personas en el 2011, su mayor nivel desde que comenzaron los registros hace dos años, dijo el viernes el instituto de estadísticas.