Pages

viernes, 16 de marzo de 2012

Inician proceso penal contra dos plagiarias

notiredmexico
 
El juez VI de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Baja California, dictó el auto de formal procesamiento contra dos personas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro.
La PGR informó que además el impartidor de justicia,  decretó formal prisión contra una de ellas como probable responsable en la comisión del delito de secuestro, en agravio de una persona. Las procesadas fueron detenidas el 19 de diciembre de 2011, por elementos de la Policía Federal en el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero.
Como parte de la investigación que se integra en su contra, se encontraron indicios de que presuntamente colaboraban con una organización denominada "La Barredora", y que en coordinación con otras cuatro personas (actualmente sujetos a proceso penal), perpetraron un secuestro en el puerto de Acapulco.
 

Acumula ex funcionarios de hacienda de Coahuila, segundo proceso penal

Leonardo Juárez R.
notiredmexico
 
El juzgado XVI de distrito en materia de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Norte, dictó otro nuevo auto de formal procesamiento contra Jorge López Alarcón, ex Jefe de Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la causa penal  16/2012-II.
En tanto, la situación jurídica de Jaime René Jiménez Flores, al rendir declaración preparatoria ante el referido juzgado, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica aún no se determina.
El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el 8 de marzo del año actual, el titular del juzgado I de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, remitió al XVI  la causa penal 17/2012-V de su índice, constante de 22 tomos y 2 anexos, por tratarse de hechos relacionados con los que motivaron la integración del proceso penal 7/2012-V de este índice.
Agregó que en dicha causa, el juez del conocimiento libró orden de aprehensión en contra de como probables responsables en la comisión del delito previsto en el artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa, en razón de que consideró que existen elementos de prueba suficientes para acreditar que dolosamente auxiliaron a ex servidores públicos del gobierno de Coahuila para obtener, a través de información falsa, los siguientes créditos:
Destacó que entre las pruebas se encuentra el contrato de apertura de crédito simple de fecha 12 de julio de 2010, celebrado entre Banco Santander (México), Sociedad Anónima, como acreditante y el Gobierno del Estado de Coahuila, hasta por la cantidad de mil cien millones de pesos, el contrato de apertura de crédito simple de fecha 28 de marzo de 2011, celebrado con la misma Institución hasta por la cantidad de mil millones de pesos.
El referido juez dijo que  admitió la competencia que declinó el juez natural y se integró la causa 16/2012-II. El 13 de marzo de este año, quedaron a disposición de este Juzgado Jorge López Alarcón y Jaime René Jiménez Flores, en el interior del Reclusorio Norte y en esta fecha, se inició proceso penal en contra del primero de los indiciados, como probable responsable de la comisión del delito mencionado al existir pruebas que acreditan que probablemente intervino en la comisión de ese delito en la hipótesis a que alude el artículo 13, fracción VI, del Código Penal Federal (los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión), porque: existe prueba pericial de grafoscopía que concluye: que las escrituras manuscritas insertas en el sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que constan los registros 415/2010 y 178/2011, de los contratos de apertura de crédito simple mencionados, corresponden al puño y letra del indiciado Jorge López Alarcón; registro que no existía y sello que resultó falso.
Cabe destacar que, al rendir declaración preparatoria, el indiciado negó los hechos que le fueron imputados pero no aportó elementos de prueba que lo desvinculen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que el Ministerio Público sustenta su intervención en el delito; además de que no solicitó la duplicidad del término constitucional.
 
 
 

Suscribe FEPADE e INAPAM programa de trabajo en materia de blindaje electoral

notiredmexico
 
La PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), suscribieron un programa de trabajo para  desarrollar cursos de capacitación para servidores públicos y para adultos mayores, que tiene como finalidad promover la legalidad, transparencia y equidad en el desarrollo de los procesos electorales federales y locales.
FEPADE aseguró que el objetivo de esta firma es impulsar conjuntamente acciones de blindaje electoral que contribuyan a orientar a servidores públicos y a la ciudadanía a conocer cuáles son los delitos relacionados con los procesos electorales y, de esta manera, orientarlos a denunciar delitos e impedir que incurran en conductas delictivas que puedan presentarse previo, durante y posteriormente al día de la jornada electoral.
La titular de la FEPADE, Imelda Calvillo Tello, explicó que el programa busca inhibir conductas que puedan constituir delitos para fortalecer la transparencia y legalidad en la gestión pública, contribuyendo así a la consolidación del Estado de Derecho.
El INAPAM a través de Alejandro Orozco Rubio comentó que es de suma importancia promover, fomentar y difundir en las actuales y futuras generaciones una cultura de acceso a la información, ya que en la medida en que conozcamos mejor nuestros derechos, podremos exigir el cumplimiento de los mismos.
Dijo que la difusión se realizará en clubes, centros culturales, residencias de día y albergues del Instituto para promover la legalidad, transparencia y equidad en el desarrollo de los procesos electorales federales y locales.
Además, el INAPAM incluirá en su página de Internet información referente a la promoción de la cultura de legalidad y la denuncia, así como de blindaje electoral, por lo que organizará actividades para que este sector de la población identifique conductas que puedan constituir un delito electoral y presenten la denuncia correspondiente ante cualquier Agencia del Ministerio Público del fuero común, federal o directamente en la FEPADE.
Calvillo Tello, mencionó que la fiscalía a su cargo  a través de carteles electrónicos y materiales impresos, pondrá a disposición de los adultos mayores los números de contacto para los servicios de atención ciudadana a los cuales podrán acudir para denunciar algún delito, de esta forma, estarán en posibilidad de conocer cuáles son los ilícitos relacionados con la materia electoral y contarán con las herramientas necesarias para denunciarlos, a través de la página electrónica: www.pgr.gob.mx/fepade/predef.
Además, se dispone del número telefónico gratuito FEPADETEL 01 800 833 7233, desde el interior de la República Mexicana y desde el Distrito Federal el 5346 3103;  y los correos electrónicos fepadenet@pgr.gob.mx, y fiscalenlinea@pgr.gob.mx, utilizados para brindar información y asesoría, y recibir quejas y denuncias,  en materia penal electoral.

El proyecto del ministro Lelo de la Rea, exagerado. Deja de lado a las víctimas del secuestro: Especialistas nacionales e internacionales en derecho penal

Noel F. Alvarado.


        Expertos nacionales e internacionales en derecho penal advirtieron de las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto del ministro Arturo Zaldívar en el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, debido a que aseguran que un proyecto como éste dejaría muchas inquietudes y vacíos jurídicos en el sistema penal judicial.
            Durante el foro de discusión "Florence Cassez, la prueba y el debido proceso", Jairo Ignacio Acosta, catedrático de derecho de la Universidad Javeriana de Colombia, sostiene que en el proyecto no se valora la situación de las víctimas, y solo se atiende a la peticionaria –en este caso a Florence Cassez, plenamente identificada por tres de sus víctimas-.
            Para el ex fiscal de la UEDO, Samuel González Ruiz, el proyecto del ministro Zaldívar, está incompleto, toda vez que inicia desde el supuesto "montaje"; "cuando en realidad el caso inicia desde que se da el secuestro en agosto del 2005 y culmina con la liberación de las víctimas en diciembre del mismo año. Eso no lo toma en cuenta el ministro, ni tampoco toma en cuenta los testimonios de los agraviados".
            Al respecto, Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y catedrático de la UNAM, califica de un exceso y exageración el proyecto del ministro, ya que deja de lado a las víctimas y solo se concentra en el montaje del video del cual dijo: "es parcialmente cierto ya que las imágenes son reales porque las víctimas fueron rescatadas así y no se tuvo tiempo para prepararlas y revisar el supuesto montaje. Eso no puede contaminar toda la prueba".
            Lamentó que por un video y dilación del proceso de consulta consular, "todo el proceso sea corruptible. La supuesta prueba ilícita debe ser unificada pero no todo el proceso.
            Para el abogado chileno Michel Diban y consulto internacional para la ONU, el supuesto montaje, no es prueba contundente para la condena ya que no tiene influencia decisiva, solo marginal.       
En el caso Florence Cassez, expertos nacionales e internacionales en derecho, demandaron ponderar evidencias y derechos fundamentales de víctimas y victimarios para evitar la impunidad ante errores en el debido proceso.
            En ese sentido, Samuel González, criticó al ministros Arturo Zaldívar, al indicar que no tomó en cuenta las negociaciones, pago de rescate, vejaciones, la violación que sufrió una de las víctimas, el lugar, las llamadas al extranjero y las declaraciones las víctimas, quienes ubican en tiempo forma y lugar a Florence Cassez como la persona que los amenazó en caso de no acceder a sus peticiones.
            Los especialistas nacionales e internacionales, coincidieron en señalar que si el ministro Arturo Zaldiva lelo de la Rea, toma en cuenta las nuevas reformas penales para emitir su proyecto, entonces, debe de incluir a las víctimas en su conjunto para no incurrir en violaciones en derechos humanos como lo dictan los tratados internacionales.