El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que su bancada
respalda la solicitud de juicio político que presentará el PAN contra
el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y pidió que el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comparezca en San Lázaro.
En la comparecencia, el funcionario federal debe aclarar el presunto
uso en Veracruz de programas sociales con fines electorales a favor
del PRI "y se comprometa a que no se utilizarán recursos públicos en
las 14 elecciones locales que tendrán lugar este año", indicó el
legislador perredista en un comunicado.
Comentó que "de continuar esta estrategia electoral ilegal, contrario
a lo que reconoce el secretario de Gobernación, sí se coloca en riesgo
el Pacto por México (suscrito por PRI, PAN, PRD, PVEM y gobierno
federal), el cual hasta ahora ha permitido construir algunos
acuerdos".
Alonso Raya dijo que si el Senado de la República acordó ayer jueves
citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social,
Rosario Robles, por este tema de Veracruz, la Cámara de Diputados
debería hacer lo mismo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
De concretarse la comparecencia, el funcionario federal y los
coordinadores de los grupos parlamentarios podrían construir un
acuerdo para que ambas instancias hagan una declaración que obligue a
todos a respetar la ley y, en caso contrario, tomar las medidas que
sean necesarias para sancionar prácticas ilegales.
"No se vale que se violente la ley y que descarada y cínicamente se
cometan atropellos, y se esté usando dinero para la compra y coacción
del voto", enfatizó.
viernes, 19 de abril de 2013
Cámara de diputados se integrará a Foro de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe
Armando Maceda
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, se
pronunció a favor de la reinserción de este órgano legislativo al Foro
de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica
y la Cuenca del Caribe (FOPREL).
Afirmó lo anterior al reunirse con el dirigente de ese organismo, el
parlamentario René Núñez Téllez, quien además preside el Congreso de
Nicaragua.
Arroyo Vieyra dijo que la Cámara de Diputados brindará toda la
asistencia necesaria a la FOPREL en materia de leyes contra la trata
de personas; derechos de migrantes, y asuntos relacionados con
competencia económica.
"Haremos los trámites necesarios para integrarnos a la FOPREL como la
Cámara de Diputados de México y darle a sus países miembros todo tipo
de asistencia técnica y jurídica", subrayó. Además, informó que junto
con Núñez Téllez relanzarán los vínculos de amistad entre los
parlamentos de México y Nicaragua.
"En esta nueva época de las relaciones exteriores mexicanas, queremos
estrechar y abrazar a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe,
así como participar de una manera decidida en la integración de la
región", sostuvo el líder camaral.
En su turno, el presidente del Parlamento Nicaragüense precisó que su
visita a nuestro país tiene como propósito que México pueda
reintegrarse al organismo que encabeza para impulsar, de forma
conjunta, la homologación de leyes.
"Llegamos aquí a México, un país hermano nuestro, a buscar la
reintegración de su Cámara de Diputados al Foro de Presidentes de
Centroamérica y el Caribe, precisamente para recoger la experiencia
mexicana y buscar homologar leyes de problemas comunes, los cuales son
muchos", explicó.
Opinó Núñez Téllez que la mejor forma de enfrentar un problema entre
ambos países es mediante un esfuerzo común.
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, se
pronunció a favor de la reinserción de este órgano legislativo al Foro
de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica
y la Cuenca del Caribe (FOPREL).
Afirmó lo anterior al reunirse con el dirigente de ese organismo, el
parlamentario René Núñez Téllez, quien además preside el Congreso de
Nicaragua.
Arroyo Vieyra dijo que la Cámara de Diputados brindará toda la
asistencia necesaria a la FOPREL en materia de leyes contra la trata
de personas; derechos de migrantes, y asuntos relacionados con
competencia económica.
"Haremos los trámites necesarios para integrarnos a la FOPREL como la
Cámara de Diputados de México y darle a sus países miembros todo tipo
de asistencia técnica y jurídica", subrayó. Además, informó que junto
con Núñez Téllez relanzarán los vínculos de amistad entre los
parlamentos de México y Nicaragua.
"En esta nueva época de las relaciones exteriores mexicanas, queremos
estrechar y abrazar a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe,
así como participar de una manera decidida en la integración de la
región", sostuvo el líder camaral.
En su turno, el presidente del Parlamento Nicaragüense precisó que su
visita a nuestro país tiene como propósito que México pueda
reintegrarse al organismo que encabeza para impulsar, de forma
conjunta, la homologación de leyes.
"Llegamos aquí a México, un país hermano nuestro, a buscar la
reintegración de su Cámara de Diputados al Foro de Presidentes de
Centroamérica y el Caribe, precisamente para recoger la experiencia
mexicana y buscar homologar leyes de problemas comunes, los cuales son
muchos", explicó.
Opinó Núñez Téllez que la mejor forma de enfrentar un problema entre
ambos países es mediante un esfuerzo común.
Mancera y la STPS, ponen en marcja la Feria del Empleo
Por: Noel F. Alvarado.
Tras inaugurar la XXVII Feria de Empleo de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes donde más de 140 empresas y 14 instituciones ofertarán alrededor de 5 mil 600 vacantes y en la que se ofrecerá por primera vez la modalidad de contratación inmediata, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera Espinosa, anunció que se trabaja con las autoridades delegacionales para llevar al Zócalo capitalino este tipo de ejercicios de vinculación entre buscadores de empleo y empresas.
Acompañado por funcionarios de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, entre ellos el delegado federal en el DF, Víctor Torres Moreno y del secretario del ramo de la Ciudad de México, Carlos Navarrete Ruiz, el mandatario capitalino cortó el listón inaugural e hizo un recorrido por los stands instalados que se integran por 84 grandes empresas, 28 medianas, 14 pequeñas y 7 micro.
Se trata, subrayó, de apoyar a la fuerza productiva de la ciudad y de encontrar los nichos de oportunidad para su desarrollo a través de la sinergia de esfuerzos con el sector privado, las instituciones y las autoridades de la Federación.
Sobre el particular, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Martínez, reconoció el esfuerzo y entusiasmo del Gobierno del Distrito Federal ya que la Feria de Empleo de la capital es una de las más importantes del país.
Patricia Martínez felicitó la disposición y voluntad de las autoridades locales para alcanzar este propósito, pues dijo, la relación entre Gobiernos debe ser estrecha para ir juntos y avanzar en temas tan importantes como la generación de plazas de trabajo.
En tanto, Navarrete Ruiz detalló que son 15 las empresas que hoy ofertaron la contratación inmediata. Señaló que un total de 23 mil 783 buscadores de empleo se registraron para asistir a la vigésima séptima edición de la Feria.
Adelantó que en mayo se harán anuncios importantes sobre empleo en la capital y exhortó a los asistentes a aprovechar la Feria de Empleo que es una facilitadora en la búsqueda de trabajos formales, con prestaciones y seguridad para sus familias.
Asimismo, reiteró que de no ser posible encontrar una plaza dentro del conjunto de la Feria, el portal de Internet de la Secretaría federal en el ramo ofrecerá 31 mil vacantes más y existe también la opción de las bolsas de trabajo delegacionales.
La Feria de Empleo culminará hoy 18 de abril a las 16:00 horas. El 74 por ciento de las vacantes demandan escolaridad media que va desde carrera técnica hasta licenciatura, el resto sólo requiere de nivel secundaria. El 31 por ciento no solicita experiencia y el 76 por ciento de las vacantes no impone el género como requisito.
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INTENTO DEL PRI POR PRESIDIR COMISIÓN CASO MONEX
Parlamentario del PRI de intentar remover al diputado Roberto López
Suárez como presidente de la llamada Comisión Monex, el coordinador
del GPPRD, Silvano Aureoles Conejo calificó como un contrasentido el
intento del PRI de presidir dicha comisión porque "no se puede ser
juez y parte".
Apuntó que López Suárez tiene todo el apoyo del GPPRD, pero al mismo
tiempo se congratuló el que tuvo por parte de los grupos
parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo
al intento de "golpe de Estado" que se pretendió dar construyendo una
mayoría desde la Junta de Coordinación Política.
Por su parte, Roberto López Suárez, precisó que él y el GPPRD están en
la mejor disposición de que se pueda rotar la presidencia de la
Comisión de acuerdo a un procedimiento acordado y planificado para
después hacer un corte de lo que se ha hecho.
Consideró que la rotación de la presidencia de la Comisión debe ser el
derecho de minoría que asiste a los partidos políticos que no tengan
conflicto de interés en el tema como son el PAN, el PT y MC.
Explicó que lo que sigue es establecer un acuerdo político entre los
diferentes grupos parlamentarios para precisar cuál debe ser la
siguiente etapa y destacó la disposición del PRD a platicar y llegar a
acuerdos al respecto con los grupos parlamentarios del PAN, MC y PT.
Silvano Aureoles Conejo precisó que no están empeñados en presidir
por alguna razón extraña, sino porque nos asiste la razón jurídica y,
además, porque es obvio que quienes estamos pidiendo se investigue y
se aclare somos nosotros.
Señaló que es evidente la motivación que tiene el PRI para dar
carpetazo al caso Monex y por lo que se busca detener o acabar con la
Comisión investigadora que se aprobó como un derecho constitucional
que tienen los legisladores.
84 trabajadores despedidos al día sin justificación
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal
del Trabajo para facultar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
para que, además de proponer soluciones para el arreglo de conflictos,
pueda celebrar convenios que tendrán las mismas consecuencias
jurídicas que si se hubiere firmado en la Junta de Conciliación y
Arbitraje.
El dictamen de reforma surge de una iniciativa presentada por la
diputada Zuleyma Huidobro González (MC) el 13 de noviembre de 2012,
que indicó que durante 2012 diariamente 84 personas en promedio fueron
despedidas de manera injustificada, lo que hizo un total de 29 mil 729
demandas individuales interpuestas.
Sin embargo, agregó, los representantes laborales lograron conciliar
con las empresas en 24 mil 148 casos mediante la firma de convenios
fuera de juicio, mientras en cinco mil 582 procesos se determinó
continuar con el trámite. De esta manera, se evitó incrementar el
número de expedientes rezagados que suman 79 mil 334.
Por eso se determinó establecer que "las actas y los convenios
elaborados y aprobados por los Procuradores Auxiliares fuera de juicio
tendrán validez jurídica, siempre y cuando los trabajadores no
renuncien a los salarios devengados, a las indemnizaciones y demás
prestaciones que deriven de los servicios prestados."
Si bien el Reglamento prevé mecanismos de conciliación, es viable dar
un rango de ley a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, mismo que
al ser incorporado a la Ley Federal del Trabajo podrá citar a las
partes interesadas para celebrar pláticas conciliatorias, con el
objeto de solucionar sus conflictos.
Estas acciones podrán realizar a través de actas o convenios
elaborados y aprobados por los Procuradores Auxiliares fuera de
juicio, mismos que tendrán validez jurídica, siempre y cuando los
trabajadores no renuncien a los salarios devengados, indemnizaciones y
demás prestaciones que deriven de los servicios prestados.
Durante la discusión del dictamen, el Pleno avaló una reserva
presentada por la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD),
para establecer que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo podrá
celebrar los convenios antes descritos, "siempre que contengan una
relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y que no
contengan renuncia de los derechos de las y los trabajadores".
Ramón Montalvo Hernández (PRD) y El diputado José Arturo López
Cándido (PT) resaltaron también que la Procuraduría deberá tomar las
medidas administrativas necesarias para elevar la capacitación de su
personal en la celebración de estos convenios, en el marco de la
legalidad y tutelando los derechos de los trabajadores; además de que
la reforma acabará con la corrupción que existe en las juntas de
Conciliación y Arbitraje", pues los beneficios serán de carácter
general para trabajadores, patrones y personal.
del Trabajo para facultar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
para que, además de proponer soluciones para el arreglo de conflictos,
pueda celebrar convenios que tendrán las mismas consecuencias
jurídicas que si se hubiere firmado en la Junta de Conciliación y
Arbitraje.
El dictamen de reforma surge de una iniciativa presentada por la
diputada Zuleyma Huidobro González (MC) el 13 de noviembre de 2012,
que indicó que durante 2012 diariamente 84 personas en promedio fueron
despedidas de manera injustificada, lo que hizo un total de 29 mil 729
demandas individuales interpuestas.
Sin embargo, agregó, los representantes laborales lograron conciliar
con las empresas en 24 mil 148 casos mediante la firma de convenios
fuera de juicio, mientras en cinco mil 582 procesos se determinó
continuar con el trámite. De esta manera, se evitó incrementar el
número de expedientes rezagados que suman 79 mil 334.
Por eso se determinó establecer que "las actas y los convenios
elaborados y aprobados por los Procuradores Auxiliares fuera de juicio
tendrán validez jurídica, siempre y cuando los trabajadores no
renuncien a los salarios devengados, a las indemnizaciones y demás
prestaciones que deriven de los servicios prestados."
Si bien el Reglamento prevé mecanismos de conciliación, es viable dar
un rango de ley a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, mismo que
al ser incorporado a la Ley Federal del Trabajo podrá citar a las
partes interesadas para celebrar pláticas conciliatorias, con el
objeto de solucionar sus conflictos.
Estas acciones podrán realizar a través de actas o convenios
elaborados y aprobados por los Procuradores Auxiliares fuera de
juicio, mismos que tendrán validez jurídica, siempre y cuando los
trabajadores no renuncien a los salarios devengados, indemnizaciones y
demás prestaciones que deriven de los servicios prestados.
Durante la discusión del dictamen, el Pleno avaló una reserva
presentada por la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD),
para establecer que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo podrá
celebrar los convenios antes descritos, "siempre que contengan una
relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y que no
contengan renuncia de los derechos de las y los trabajadores".
Ramón Montalvo Hernández (PRD) y El diputado José Arturo López
Cándido (PT) resaltaron también que la Procuraduría deberá tomar las
medidas administrativas necesarias para elevar la capacitación de su
personal en la celebración de estos convenios, en el marco de la
legalidad y tutelando los derechos de los trabajadores; además de que
la reforma acabará con la corrupción que existe en las juntas de
Conciliación y Arbitraje", pues los beneficios serán de carácter
general para trabajadores, patrones y personal.
Altos funcionarios podrán aceptar libremente condecoraciones extranjeras
La aprobación de la reforma al artículo 37 Constitucional va imponer
diferenciación de mexicanos de primera y de segunda clase, donde la
clase privilegiada no requiere de permisos para recibir
condecoraciones extranjeras y el resto de los mexicanos sí, advirtió
el grupo parlamentario del PT.
"Se prevé que el Presidente de la República, los senadores y
diputados y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la
Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras, y
los demás mexicanos no. lo cual es inaceptables, acotó la diputada
petista Loretta Ortiz Ahlf.
Por ello se manifestó en contra del dictamen, propuesto por el PRI y
que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados para que además el
Presidente tenga facultades de otorgar dicha autorización y no sea ya
el Congresos de la Unión.
Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, que primero cuestionó el
despropósito en la aprobación de la reforma con una urgencia sin
encontrar una justificación de peso, un problema o un reclamo social.
Advirtió que el único sentido que persigue la reforma en estudio "es
inscribirse en la línea de la desmantelación de las facultades,
competencias y atribuciones del Congreso, para retornar a la figura
presidencial plenipotenciaria, añorada por la cúpula en el poder,
aunque de paso se están trastocando fundamentos básicos de los
principios de justificación y del quehacer del Congreso".
También expuso que la reforma no solo gira en torno a las distinciones
que se otorgan a los mexicanos en reconocimiento de su labor en el
extranjero, lo cual puede implicar o no la sumisión o compromisos del
otorgante, lo que se está ocultando, en esta "reforma diacrónica,
sistemática, incongruente, se está posibilitando la
institucionalización y legalización del intervencionismo e
injerencismo de potencias extranjeras, que nuestro país ha lidiado
históricamente.
Como se ha visto con los altos niveles de injerencia por parte de los
diplomáticos estadounidenses en los asuntos internos de nuestro país
en la lucha contra el crimen organizado, abundó.
Sin embargo, con los mismos votos de una parte del PRD, que para
agilizar el trámite, lo cual lamentó Monreal ; votos del PRI, aliados
y del PAN, el pleno aprobó reformas al artículo 37, a fin de que el
Presidente de la República, legisladores y ministros, puedan aceptar y
usar libremente condecoraciones extranjeras.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera, argumentó
que "hoy en día resulta injustificable poner en funcionamiento a la
maquinaría del Poder Legislativo con el solo propósito de emitir una
autorización con alcances tan particulares y específicos".
Puntualizó que con esta reforma se da certeza y agilidad al trámite
que realizan los ciudadanos para prestar servicios a gobiernos
extranjeros, así como usar condecoraciones.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) aceptó que "es una
pena que estemos aprobando una reforma que limita las facultades de
este Congreso, que las transfiere sin argumentación mayor al Poder
Ejecutivo".
La reforma busca modificar el trámite que deben hacer los ciudadanos
mexicanos para no perder la nacionalidad al aceptar prestar
voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno
extranjero, usar condecoraciones y admitir títulos o funciones.
diferenciación de mexicanos de primera y de segunda clase, donde la
clase privilegiada no requiere de permisos para recibir
condecoraciones extranjeras y el resto de los mexicanos sí, advirtió
el grupo parlamentario del PT.
"Se prevé que el Presidente de la República, los senadores y
diputados y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la
Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras, y
los demás mexicanos no. lo cual es inaceptables, acotó la diputada
petista Loretta Ortiz Ahlf.
Por ello se manifestó en contra del dictamen, propuesto por el PRI y
que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados para que además el
Presidente tenga facultades de otorgar dicha autorización y no sea ya
el Congresos de la Unión.
Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, que primero cuestionó el
despropósito en la aprobación de la reforma con una urgencia sin
encontrar una justificación de peso, un problema o un reclamo social.
Advirtió que el único sentido que persigue la reforma en estudio "es
inscribirse en la línea de la desmantelación de las facultades,
competencias y atribuciones del Congreso, para retornar a la figura
presidencial plenipotenciaria, añorada por la cúpula en el poder,
aunque de paso se están trastocando fundamentos básicos de los
principios de justificación y del quehacer del Congreso".
También expuso que la reforma no solo gira en torno a las distinciones
que se otorgan a los mexicanos en reconocimiento de su labor en el
extranjero, lo cual puede implicar o no la sumisión o compromisos del
otorgante, lo que se está ocultando, en esta "reforma diacrónica,
sistemática, incongruente, se está posibilitando la
institucionalización y legalización del intervencionismo e
injerencismo de potencias extranjeras, que nuestro país ha lidiado
históricamente.
Como se ha visto con los altos niveles de injerencia por parte de los
diplomáticos estadounidenses en los asuntos internos de nuestro país
en la lucha contra el crimen organizado, abundó.
Sin embargo, con los mismos votos de una parte del PRD, que para
agilizar el trámite, lo cual lamentó Monreal ; votos del PRI, aliados
y del PAN, el pleno aprobó reformas al artículo 37, a fin de que el
Presidente de la República, legisladores y ministros, puedan aceptar y
usar libremente condecoraciones extranjeras.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera, argumentó
que "hoy en día resulta injustificable poner en funcionamiento a la
maquinaría del Poder Legislativo con el solo propósito de emitir una
autorización con alcances tan particulares y específicos".
Puntualizó que con esta reforma se da certeza y agilidad al trámite
que realizan los ciudadanos para prestar servicios a gobiernos
extranjeros, así como usar condecoraciones.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) aceptó que "es una
pena que estemos aprobando una reforma que limita las facultades de
este Congreso, que las transfiere sin argumentación mayor al Poder
Ejecutivo".
La reforma busca modificar el trámite que deben hacer los ciudadanos
mexicanos para no perder la nacionalidad al aceptar prestar
voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno
extranjero, usar condecoraciones y admitir títulos o funciones.
Avanza reforma para que extranjeros adquirieran tierras en la frontera y en playas
Desde San Lázaro
Con 26 votos a favor y uno en contra de Movimiento Ciudadano, la
Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformar la fracción I del
artículo 27 de la Constitución, a propuesta de Manlio Fabio Beltrones,
a fin de permitir que los extranjeros adquieran tierras en la faja de
100 kilómetros en la frontera y de 50 en las playas, sólo para
vivienda.
Al hacer la propuesta, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza destacó
que esta iniciativa busca terminar con la simulación que actualmente
existe en este tema.
"Buscamos con esto evitar la simulación; actualmente hay muchos
extranjeros que tienen sus propiedades en litorales o en fronteras
utilizando la figura del fideicomiso: para ser precisos, hay
registrados 60 mil fideicomisos en los últimos doce años, es decir,
hay 60 mil simulaciones que lo que estamos haciendo es evitarlas",
afirmó.
N ese sentido, el presidente de este órgano legislativo, el perredista
Julio César Moreno Rivera, informó que la iniciativa no pretende
derogar la facultad del Estado para conceder derechos de dominio de
las tierras y aguas a los extranjeros, "siempre que convengan ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales
dichos bienes".
Recordó que ante la prohibición constitucional se creó la figura de
los fideicomisos, "siendo las instituciones de crédito las fiduciarias
que aparecen como "propietarios" de los bienes adquiridos por los
extranjeros".
Moreno Rivera subrayó que al usar esta figura legal tienen que erogar
altos costos, derivado del pago de cuotas diversas por trámites de
registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad
gubernamental.
Al modificar la prohibición, agregó, para adquirir el dominio directo
de inmuebles en las fronteras y las costas por parte de extranjeros,
se permitirá y dará certeza a la inversión foránea en vivienda, pues
hoy en día existe un número importante de propietarios que mediante la
figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena.
Moreno Rivera enfatizó que "los extranjeros no perjudican de modo
alguno la soberanía, el territorio nacional y los bienes jurídicos que
tutela el Estado".
El Pleno de la Comisión avaló la reserva presentada por el diputado
Héctor Gutiérrez De la Garza (PRI) para suscribir, en un transitorio
tercero, que la ley establecerá los procedimientos en que un
extranjero pierde, en beneficio de la nación, los bienes que hubiera
adquirido en caso de que las tierras sean destinados a un uso
diferente a la vivienda.
Con 26 votos a favor y uno en contra de Movimiento Ciudadano, la
Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformar la fracción I del
artículo 27 de la Constitución, a propuesta de Manlio Fabio Beltrones,
a fin de permitir que los extranjeros adquieran tierras en la faja de
100 kilómetros en la frontera y de 50 en las playas, sólo para
vivienda.
Al hacer la propuesta, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza destacó
que esta iniciativa busca terminar con la simulación que actualmente
existe en este tema.
"Buscamos con esto evitar la simulación; actualmente hay muchos
extranjeros que tienen sus propiedades en litorales o en fronteras
utilizando la figura del fideicomiso: para ser precisos, hay
registrados 60 mil fideicomisos en los últimos doce años, es decir,
hay 60 mil simulaciones que lo que estamos haciendo es evitarlas",
afirmó.
N ese sentido, el presidente de este órgano legislativo, el perredista
Julio César Moreno Rivera, informó que la iniciativa no pretende
derogar la facultad del Estado para conceder derechos de dominio de
las tierras y aguas a los extranjeros, "siempre que convengan ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales
dichos bienes".
Recordó que ante la prohibición constitucional se creó la figura de
los fideicomisos, "siendo las instituciones de crédito las fiduciarias
que aparecen como "propietarios" de los bienes adquiridos por los
extranjeros".
Moreno Rivera subrayó que al usar esta figura legal tienen que erogar
altos costos, derivado del pago de cuotas diversas por trámites de
registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad
gubernamental.
Al modificar la prohibición, agregó, para adquirir el dominio directo
de inmuebles en las fronteras y las costas por parte de extranjeros,
se permitirá y dará certeza a la inversión foránea en vivienda, pues
hoy en día existe un número importante de propietarios que mediante la
figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena.
Moreno Rivera enfatizó que "los extranjeros no perjudican de modo
alguno la soberanía, el territorio nacional y los bienes jurídicos que
tutela el Estado".
El Pleno de la Comisión avaló la reserva presentada por el diputado
Héctor Gutiérrez De la Garza (PRI) para suscribir, en un transitorio
tercero, que la ley establecerá los procedimientos en que un
extranjero pierde, en beneficio de la nación, los bienes que hubiera
adquirido en caso de que las tierras sean destinados a un uso
diferente a la vivienda.