La Cámara de Diputados aprobó reformas con 336 votos del PRI, PVEM,
Alianza y la izquierda, para homologar los cobros del IMSS con los del
Impuesto Sobre la Renta (ISR). También aprobaron el pago de un
derecho del 5 % del ingreso de empresas mineras, en beneficio de
estados y municipios donde operan.
El grupo parlamentario del PAN votó en contra, molesto porque el PRI
sacó los dictámenes sin su consentimiento a través de la Comisión de
Hacienda, pero fue porque se opuso a sesionar para dejar los temas
para de septiembre en el paquete de la reforma fiscal, en una defensa
de los grupos empresariales, pero le dieron la vuelta.
La reforma al artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro
Social, deriva de la iniciativa presentada el pasado 19 de marzo por
el priista Sergio Torres Félix, a fin de hacer compatibles las bases
gravables de las cuotas obrero-patronales y el ISR, posibilitando con
ello una mejor fiscalización de ambas contribuciones, expone el
documento.
Los recursos que se obtengan con esta reforma, que éstos se destinen a
desarrollo e infraestructura del IMSS y que la Auditoría Superior de
la Federación informe sobre los ejercicios de 1997 a 2002.
Con ello, se "beneficiará a los trabajadores, puesto que al no
modificarse la tasa de cuotas obreras, seguirán pagando cerca de $2.6
de cada $100 pesos, mientras que por cada peso que paguen ganarán
aproximadamente $6.7 pesos por el aumento que se logrará a su cuenta
de ahorro para el retiro y vivienda", indica el documento.
El PAN cuestionó el procedimiento para aprobar el dictamen debido a
que la Comisión de Hacienda que lo aprobó no fue convocada por su
presidente, el panista José Isabel Trejo Reyes, sino por el PRI a
través de sus diputados secretarios, y apoyados por diputados PVEM,
Nueva Alianza, por los del PRD, PT y MC. Los panistas trataron al
último de para la reforma con una moción suspensiva que no prosperó y
en la votación obviamente perdieron.
Al fundamentar el dictamen, el priista Jorge Herrera Delgado que
suplantó a Trejo Reyes como presidente de la Comisión, detalló que la
reforma busca la homologación y armonización de los conceptos que
determinan el salario base de cotización del Seguro Social, con los
del ISR. "Su espíritu es: simplificar, fiscalizar y recaudar", acotó.
El panista Carlos Fernando Angulo Parra lamentó que el Pleno haya
debatido un dictamen espurio aprobado por una Comisión espuria, y sin
que se revisen sus implicaciones financieras, ni el impacto a los
trabajadores, ni a las empresas.
"Es irresponsable hacer una reforma a la Ley del IMSS que no esté
sincronizada con la reforma fiscal, y con otras reformas financieras",
destacó en la tribuna.
Otro panista, José Arturo Salinas Garza, afirmó que los priistas no
podrán explicar a los trabajadores por qué su salario se verá reducido
y por tanto se afectará su nivel de vida. Esta reforma, dijo,
fomentará la evasión y a elusión fiscal, además de que es ilegal
porque es un albazo.
La petista, Lilia Aguilar Gil, dijo a los panistas no engañar a los
trabajadores con el "chupacabras", ni con la amenaza de que se verán
reducidos sus salarios.
Aseguró que esta reforma no elevará las cuotas, ni los impuestos a los
empresas, homologamos la base de cotización de los sueldos y pidió a
los panistas no utilizar, como chantaje, al Pacto por México.
En respuesta, el panista José Arturo Salinas, dijo que no asistieron
porque nadie los convocó legalmente por eso es un dictamen ilegal, un
albazo.
Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano defendió el
dictamen, dijo que es una reforma conveniente para los trabajadores.
Luego vino la reforma a la Ley Minera y de la Ley de Coordinación
Fiscal, que establece el pago de una compensación del cinco por ciento
a las actividades de extracción de sustancias minerales, respecto de
los ingresos acumulables netos de las empresas del rubro.
La recaudación prevista conformará el Fondo de Aportaciones para el
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de
nueva creación.
Rubén Camarillo, del PAN, dijo que tampoco acompañan el dictamen,
primero, porque no pueden estar de acuerdo en aprobar leyes cuando
éstas "están plagadas de ilegalidades", "hubo suplantación de los
presidentes de las comisiones de Hacienda y Economía".
Segundo, "porque es profundamente falaz el argumento" de que pretende
favorecer a estados y municipios donde existe actividad minera.
