El sector social pesquero del país, del que dependen cerca de 350 mil
familias, obtendrá apoyos directos para la pesca y la acuacultura,
similares a la que tienen los campesinos en el Procampo, así lo afirmó
hoy el presidente de la Comisión de Pesca, Alfonso Inzunza Montoya.
El diputado priista confió que una vez que la Cámara de Senadores
apruebe la minuta enviada por los diputados, para reformar la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, los pescadores nacionales
tendrán los recursos que, aunque no suficientes, serán fundamentales
para impulsar esta actividad social.
Explicó que la reforma al artículo 8 y 20 de esa normativa, permitirá
que los pescadores del país que estén en el Registro Nacional de Pesca
y Acuacultura, por ley reciban los apoyos necesarios para el
desarrollo de su actividad; y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tendrá la responsabilidad de
expedir las reglas de operación en materia presupuestaria.
Indicó que la iniciativa que presentó el 22 de octubre pasado, logró
concretarse porque el 5 de febrero de este año, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública emitió el estudio de impacto
correspondiente, que da viabilidad al apoyo para los pescadores
mexicanos.
Inzunza Montoya recordó que existen programas de apoyos a los
campesinos, como el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo); o
también como el Programa de apoyo a los ganaderos (Progan); pero no es
así para el sector pesquero mexicano que ha estado olvidado de estos
programas, por lo que es necesario el establecimiento de apoyos
directos al sector, que permitan que esta actividad crezca al ritmo de
otros sectores, porque el México tiene un gran potencial con la
extensión de sus litorales.
De acuerdo al dictamen que se aprobó y remitió a la Cámara de
Senadores para los efectos constitucionales, los apoyos directos a la
pesca se convertirán en un instrumento presupuestal que harán justicia
a un padrón estimado de 350 mil familias que integran el sector social
de la pesca en el país.
sábado, 27 de abril de 2013
PAN reafirma no ir al Pacto; y otras
Alberto Villarreal, reafirmó la posición de no asistir al Pacto por
México y acusó al grupo del PRI de poner en riesgo el acuerdo,
molestos porque les tomaron la Comisión de Hacienda para dictaminar y
finalmente a aprobar las reformas a la Ley del Seguro Social y Ley de
Minas.
"El día de hoy, queremos reafirmar, ante los hechos ocurridos y
denunciados la semana pasada en el estado de Veracruz, así como la
decisión tomada por el Partido Acción Nacional de no asistir a ningún
evento público del Pacto por México"
En rueda de prensa tras aprobaciones de las reformas para homologar el
cobro del IMSS con el del ISR y a la Ley Minera, aocmpañdo de varios
legisladores de su grupo, dijo que reafirman también que precisamente
que no es el grupo de diputados del PAN, "quien pone en peligro el
Pacto por México ni el desarrollo de nuestro país", sino el PRI.
Caso contrario el PAN, dijo, ha sido responsable, le ha cumplido a
los ciudadanos y ha honrado a cabalidad la palabra empeñada en el
Pacto por México, y al cumplir en el debate, en la discusión y en la
aprobación de reformas esenciales para el país.
"El que ha sido irresponsable, el que no ha cumplido su palabra, el
que ha puesto en riesgo al Pacto por México y ha demostrado que sigue
siendo el viejo, el mismo partido de siempre, es el PRI".
Señaló que el PRI es quien pone en riesgo el Pacto por México porque
sigue siendo antidemocrático, como ha quedado debidamente acreditado
con los hechos ocurridos en el estado de Veracruz, que han sido
denunciados ante la Procuraduría General de la República.
"Este Gobernador cínico, (Javier Duarte) ha asumido en la corrupción y
en la violencia a la entidad, emplea los recursos de los veracruzanos
para fines políticos", dijo.
Ahora, indicó, es el PRI y es el Gobierno Federal el que pone el Pacto
siendo "tramposo" pues a pesar de que se especifica que las reformas
económicas y fiscales se habrán de discutir hasta el segundo semestre
de 2013, "hoy de manera ilegal, atropellando el Reglamento y la ley
que nos rigen como Congreso, han impulsado reformas a la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Ley Minera".
Advirtió que esas modificaciones necesitaban un amplio debate y
análisis y no hubo la mínima cortesía para que en esta Cámara pudiera
seguir avanzando, y pese a todas a las anomalías de no respeto a los
acuerdos políticos asentados en el Pacto y sacar a fuerza, los dos
dictámenes no van a ser discutidos este periodo en el Senado de la
República.
Es por eso, insistió con sus señalamientos de que es el PRI y el
Gobierno Federal quienes ponen en riesgo la estabilidad política de
este país y el Pacto por México siendo poco transparentes.
Lusi Albetro Villarreal también se quejó de los grupos de la
izquierda de haber acompañado a los priistas en el despojo de la
Comisión de Hacienda para sacar las reformas. "Me da mucha pena que
mis compañeros del PRD, del pT, de Movimiento Ciudadano hayan avalado
y legitimimado la ilegalidad de estos dictámenes", expresó, y les advirtió
que mañana ellos pueden ser atropellados or el PRI con quitarles las
comisiones que presiden.
PRI y PAN se opone eliminar el arraigo, sólo disminuyen tiempo
Avanzó en Comisión de Puntos Constitucionales de diputados reforma el
artículo 16 de la Constitución Política para reducir el tiempo del
arraigo de 80 a 35 días, a propuesta del PRI, que se opuso a
eliminarlo como demandan organizaciones civiles y partidos de la
izquierda debido a que es una medidas de atropello a las personas.
También establece que organizaciones de derechos humanos podrán
visitar los centros de arraigo; la ampliación de 48 a 72 horas de
prisión preventiva, plazo que se puede duplicar en caso de
delincuencia organizada, y que el arraigo domiciliario sea de 20 días,
sin prórroga.
En el documento, que pasará al Pleno para su eventual discusión entre
lunes y martes próximo, se considera como la privación de la libertad,
a solicitud del Ministerio Público y con autorización judicial, para
el éxito de la investigación y que el inculpado no evada la acción de
la justicia.
Sin embargo, agrega el texto, esta figura ha sido seriamente
cuestionada, pues de ser una medida excepcional se llegó a convertir
en una medida común, con una larga duración, 40 días prorrogables por
otros 40, es decir, para un total de 80 días, pero ahora se plantea
que sean 20 más otros 15 para sumar 35.
Esta medida del arraigo se mantendría tomando en cuenta que "se aplica
a delincuencia organizada, delito que implica complejidad en la
integración de las indagatorias, por la información que debe recabarse
en distintas instituciones, como pueden ser hacendarias, bancarias, de
registro de propiedad, etcétera".
Uno de los perredistas que se opuso a la propuesta del PRI y avalada
por el PAN, el diputado del PRD Catalino Duarte Ortuño, que explicó
su experiencia sobre el abuso que se comete con esta medida y se
violan derechos humanos:
"Porque ha sido un abuso constante. Yo tuve el privilegio de ser
ministerio público por cinco años y la figura por la vía de los hechos
se utiliza de la siguiente manera: primero te detengo, y después te
investigo; y súmenle ahora que tenemos "testigo protegido".
Cuando, dice, con sólo indicios es suficiente para consignar; pero, si
por la necesidad de darle tiempo al orden persecutor de los delitos,
para que se haga allegar indicios suficientes y pueda ejercitar acción
penal, mejor propuso pensar en ampliar el término constitucional de 48
horas.
Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, señaló que la posición es
contundente, derogar absolutamente la figura, porque, "no hay arraigos
buenos, no hay arraigos malos y no se trata de una cuestión de regateo
de números, que si de 40 a 20 y de 20 a 35, dijo.
Además cuestionó la eficiencia y así lo admitió la PGR, "es una cifra
verdaderamente alarmante, que solo el 3 por ciento de las personas
arraigadas terminan siendo procesadas".
artículo 16 de la Constitución Política para reducir el tiempo del
arraigo de 80 a 35 días, a propuesta del PRI, que se opuso a
eliminarlo como demandan organizaciones civiles y partidos de la
izquierda debido a que es una medidas de atropello a las personas.
También establece que organizaciones de derechos humanos podrán
visitar los centros de arraigo; la ampliación de 48 a 72 horas de
prisión preventiva, plazo que se puede duplicar en caso de
delincuencia organizada, y que el arraigo domiciliario sea de 20 días,
sin prórroga.
En el documento, que pasará al Pleno para su eventual discusión entre
lunes y martes próximo, se considera como la privación de la libertad,
a solicitud del Ministerio Público y con autorización judicial, para
el éxito de la investigación y que el inculpado no evada la acción de
la justicia.
Sin embargo, agrega el texto, esta figura ha sido seriamente
cuestionada, pues de ser una medida excepcional se llegó a convertir
en una medida común, con una larga duración, 40 días prorrogables por
otros 40, es decir, para un total de 80 días, pero ahora se plantea
que sean 20 más otros 15 para sumar 35.
Esta medida del arraigo se mantendría tomando en cuenta que "se aplica
a delincuencia organizada, delito que implica complejidad en la
integración de las indagatorias, por la información que debe recabarse
en distintas instituciones, como pueden ser hacendarias, bancarias, de
registro de propiedad, etcétera".
Uno de los perredistas que se opuso a la propuesta del PRI y avalada
por el PAN, el diputado del PRD Catalino Duarte Ortuño, que explicó
su experiencia sobre el abuso que se comete con esta medida y se
violan derechos humanos:
"Porque ha sido un abuso constante. Yo tuve el privilegio de ser
ministerio público por cinco años y la figura por la vía de los hechos
se utiliza de la siguiente manera: primero te detengo, y después te
investigo; y súmenle ahora que tenemos "testigo protegido".
Cuando, dice, con sólo indicios es suficiente para consignar; pero, si
por la necesidad de darle tiempo al orden persecutor de los delitos,
para que se haga allegar indicios suficientes y pueda ejercitar acción
penal, mejor propuso pensar en ampliar el término constitucional de 48
horas.
Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, señaló que la posición es
contundente, derogar absolutamente la figura, porque, "no hay arraigos
buenos, no hay arraigos malos y no se trata de una cuestión de regateo
de números, que si de 40 a 20 y de 20 a 35, dijo.
Además cuestionó la eficiencia y así lo admitió la PGR, "es una cifra
verdaderamente alarmante, que solo el 3 por ciento de las personas
arraigadas terminan siendo procesadas".
Discriminación racial e intolerancia en Acuña por prohibir a mujeres usar minifalda
La Comisión de Equidad y Género aprobó un punto de acuerdo por el que
reprueba las medidas administrativas de autoridades de Ciudad Acuña,
Coahuila, en torno de la prohibición del uso de minifaldas por mujeres
y homosexuales, anunciada el pasado 25 de febrero.
Esta medida atenta contra los derechos humanos, la libertad y
diversidad cultural y social de sus habitantes, afirmaron los
diputados.
Aprobaron un exhorto para que las autoridades respeten los derechos
fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la
Constitución Política y diversas leyes secundarias, así como a
erradicar la discriminación, tanto en el ámbito público como en el
privado de su localidad.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del PRI Trinidad
Morales Vargas el 28 de febrero de 2013 y turnado a la Comisión de
Equidad y Género, que ahora lo turna a la Mesa Directiva para que se
presente en el Pleno.
En las consideraciones se señala que la Secretaría de Seguridad
Pública de Ciudad Acuña propuso esa regla, en virtud de lo establecido
en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno donde, de acuerdo
con su criterio, usar ese tipo de ropa es considerado "una falta de
respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres".
El Reglamento de Justicia Municipal de Ciudad Acuña, en el artículo
segundo, establece sanciones a los infractores del Bando de Policía y
Buen Gobierno, reglamentos, circulares y otros ordenamientos de
observancia general.
Entre estos figura amonestar a los infractores en asuntos civiles,
obligando en su caso a la reparación del daño y en turnar los casos
que correspondan al Ministerio Público.
La comisión de una o varias de estas faltas podría ser sancionada con
multa de uno a 20 días de salario mínimo vigente en esta zona
económica o con arresto de hasta 36 horas.
"Como era de esperarse, la medida ha desatado una serie de protestas.
Según se indicó, dicha prohibición obedeció a una petición hecha por
personal del centro histórico y la Cámara Nacional de Comercio de
Acuña, contra quienes salen de los bares y centros nocturnos
acompañadas de sus parejas y portando la diminuta prenda".
El punto de acuerdo señala que el principio de igualdad exige a los
estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que
causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla.
reprueba las medidas administrativas de autoridades de Ciudad Acuña,
Coahuila, en torno de la prohibición del uso de minifaldas por mujeres
y homosexuales, anunciada el pasado 25 de febrero.
Esta medida atenta contra los derechos humanos, la libertad y
diversidad cultural y social de sus habitantes, afirmaron los
diputados.
Aprobaron un exhorto para que las autoridades respeten los derechos
fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la
Constitución Política y diversas leyes secundarias, así como a
erradicar la discriminación, tanto en el ámbito público como en el
privado de su localidad.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del PRI Trinidad
Morales Vargas el 28 de febrero de 2013 y turnado a la Comisión de
Equidad y Género, que ahora lo turna a la Mesa Directiva para que se
presente en el Pleno.
En las consideraciones se señala que la Secretaría de Seguridad
Pública de Ciudad Acuña propuso esa regla, en virtud de lo establecido
en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno donde, de acuerdo
con su criterio, usar ese tipo de ropa es considerado "una falta de
respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres".
El Reglamento de Justicia Municipal de Ciudad Acuña, en el artículo
segundo, establece sanciones a los infractores del Bando de Policía y
Buen Gobierno, reglamentos, circulares y otros ordenamientos de
observancia general.
Entre estos figura amonestar a los infractores en asuntos civiles,
obligando en su caso a la reparación del daño y en turnar los casos
que correspondan al Ministerio Público.
La comisión de una o varias de estas faltas podría ser sancionada con
multa de uno a 20 días de salario mínimo vigente en esta zona
económica o con arresto de hasta 36 horas.
"Como era de esperarse, la medida ha desatado una serie de protestas.
Según se indicó, dicha prohibición obedeció a una petición hecha por
personal del centro histórico y la Cámara Nacional de Comercio de
Acuña, contra quienes salen de los bares y centros nocturnos
acompañadas de sus parejas y portando la diminuta prenda".
El punto de acuerdo señala que el principio de igualdad exige a los
estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que
causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla.
Entrega David Sánchez Guevara 4 parques en 115 días de gobierno
NAUCALPAN, EdoMéx.- En el Gobierno municipal lo que queremos es que el notario público de fe de los compromisos entregados, no de las promesas hechas en campaña, señaló el Alcalde David Sánchez Guevara al inaugurar el Parque la Alteza, compromiso cumplido, el número 65 de su campaña, cuya entrega fue certificada por el notario público número 38, Leonardo Rojas Sánchez.
"En las campañas políticas se dio que los candidatos solicitábamos el apoyo de los notarios para certificar nuestros compromisos, nosotros lo que quisimos fue hacer cuenta de que el notario nos acompañara a dar fe del cumplimiento de estos compromisos", agregó el Presidente Municipal
Así, explicó, la gente tendrá claro cuáles son los compromisos que de verdad se vienen cumpliendo, como la recuperación del parque La Alteza, un espacio que será aprovechado para el sano esparcimiento en familia y con seguridad, comentó Sánchez Guevara ante vecinos de los fraccionamientos La Alteza, Lomas de las Fuentes, Fontana, El Sauzalito, Las Américas y Lomas Verdes Tercera Sección.
Añadió que la recuperación de los espacios públicos de Naucalpan, cumple una doble función: dignificar la imagen urbana del municipio y brindar un sitio donde los jóvenes pueden realizar diversas actividades deportivas y recreativas, alejándolos de las calles y los vicios.
"David, te expreso mi más sincero agradecimiento por la recuperación de esta área, en donde podremos realizar actividades de entretenimiento y sana diversión en familia", dijo Carolina Castañeda Palomero, presidenta del Copaci del Fraccionamiento La Alteza.
El Presidente Municipal informó que ya son 4 parques entregados a los naucalpenses en 115 días de administración: El Asta en la Colonia La Rivera, La Palma en la Unidad Habitacional Bosque de los Remedios y el de la Zona Azul en Ciudad Satélite, preservando así los espacios verdes de las colonias, barrios y fraccionamientos.
Falta mucho por hacer, pero el Gobierno municipal está trabajando a marchas forzada para cambiar las condiciones en las que dejaron a Naucalpan, para convertirlo en un mejor lugar para vivir y con el apoyo de la gente seguramente lo vamos a lograr, remarcó el Alcalde.
Maira Estela Martín de Campo, directora de Servicios Públicos, informó que la rehabilitación del parque La Alteza, que beneficiará a más de 800 personas, consistió en la colocación de Juegos infantiles, gimnasio al aire libre, bancas, lámparas de alumbrado, ornamento de especies vegetarles, la construcción de banquetas y de rampas para las personas con capacidades diferentes.
"El Gobierno que encabeza David Sánchez Guevara comprometido con la innovación, mejora los programas ya existen y pone en marcha iniciativas que permiten dar solución a los problemas de los ciudadanos naucalpenses, con servicios públicos de calidad", agregó.
Durante el evento acompañaron al Presidente Municipal, el Segundo Síndico José Juan Vergara Millán y las regidoras Josefina Gómez Hernández, Lucina Cortés Cornejo, Linda Debora Gleason Ruiz, así como los directores generales de Medio Ambiente, Héctor Rivera Morales; de Desarrollo Económico, Enrique Román González, y del Instituto de la Juventud, Paola Hernández Castro y Jorge Rivera Pérez, delegado de la Alteza.
Enviado a través de BlackBerry de movistar
ABANDONAR EL PACTO MIENTRAS NO SE DESTITUYA Y SANCIONE A ROBLES BERLANGA Y DUARTE DE OCHOA
La diputada del PRD Socorro Ceseñas Chapa se pronunció por abandonar
el Pacto por México mientras no se inicie juicio político y se
sancione penalmente al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el
uso y abuso ilegal de programas sociales para favorecer electoralmente
al PRI.
La legisladora argumentó que el Pacto y sus integrantes, entre ellos
el Ejecutivo Federal, carecen de toda capacidad para promover
intereses superiores de la nación, como supuestamente lo hacen al
impulsar reformas legislativas, mientras no sean capaces siquiera de
garantizar que se sancione a quienes violan la ley, como lo hicieron
los funcionarios mencionados.
Por tanto, debe romperse todo acuerdo con el gobierno federal y otros
partidos, incluido el PAN, en tanto no se restituya la ley que prohíbe
prácticas ilegales como ésas y, en consecuencia, se sancione
penalmente a los responsables.
Consideró que la izquierda debe subrayar su carácter opositor a esas
acciones y a los gobiernos que la llevan a cabo, y definirse siempre a
favor del Derecho, la justicia, la transparencia y el combate a la
corrupción.
No hacerlo así es ignorar principios, el respeto a la ley y que el PRI
y el PAN representan los arquetipos de la impunidad cobijada en
complicidad para favorecer intereses particulares y atentar contra los
intereses de la nación.
En la consideración de la diputada Socorro Ceseñas, los del Pacto
desprecian al Poder Legislativo, como lo evidencia el que manden
iniciativas a diputados y senadores para que las firmen sin siquiera
conocerlas, más que acaso por alguna filtración a través de los medios
de comunicación.
Acusó a los pactantes de ocuparse y obsesionarse más por las reuniones
palaciegas y de pavimentar el camino para el regreso del viejo sistema
que de preocuparse por el respeto a la ley o de buscar cárcel para los
corruptos.
el Pacto por México mientras no se inicie juicio político y se
sancione penalmente al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el
uso y abuso ilegal de programas sociales para favorecer electoralmente
al PRI.
La legisladora argumentó que el Pacto y sus integrantes, entre ellos
el Ejecutivo Federal, carecen de toda capacidad para promover
intereses superiores de la nación, como supuestamente lo hacen al
impulsar reformas legislativas, mientras no sean capaces siquiera de
garantizar que se sancione a quienes violan la ley, como lo hicieron
los funcionarios mencionados.
Por tanto, debe romperse todo acuerdo con el gobierno federal y otros
partidos, incluido el PAN, en tanto no se restituya la ley que prohíbe
prácticas ilegales como ésas y, en consecuencia, se sancione
penalmente a los responsables.
Consideró que la izquierda debe subrayar su carácter opositor a esas
acciones y a los gobiernos que la llevan a cabo, y definirse siempre a
favor del Derecho, la justicia, la transparencia y el combate a la
corrupción.
No hacerlo así es ignorar principios, el respeto a la ley y que el PRI
y el PAN representan los arquetipos de la impunidad cobijada en
complicidad para favorecer intereses particulares y atentar contra los
intereses de la nación.
En la consideración de la diputada Socorro Ceseñas, los del Pacto
desprecian al Poder Legislativo, como lo evidencia el que manden
iniciativas a diputados y senadores para que las firmen sin siquiera
conocerlas, más que acaso por alguna filtración a través de los medios
de comunicación.
Acusó a los pactantes de ocuparse y obsesionarse más por las reuniones
palaciegas y de pavimentar el camino para el regreso del viejo sistema
que de preocuparse por el respeto a la ley o de buscar cárcel para los
corruptos.