El coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, manifestó su apoyo a la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), dentro de la reforma político-electoral, que supla las funciones del Instituto Federal Electoral (IFE) y supervise y fiscalice a los institutos locales. La creación del INE "no significa sustituir las funciones de los congresos estatales, ni desconocer o eliminar los institutos locales", sino una forma de coordinar las elecciones a nivel nacional, y que la autoridad federal coordine los procesos electorales, dijo en declaraciones a los medios durante la sesión de hoy jueves. En el marco de la reforma político-electoral, el PAN y una fracción del PRD impulsan la creación del INE. El coordinador perredista aseveró que se debe reforzar a los institutos electorales locales en el corto plazo, con el respaldo de una instancia federal, para que evitar intromisiones de poderes fácticos en sus decisiones, sin dejar de lado el cuidado del federalismo. Señaló que hay mucha influencia de los gobernadores en la designación de los consejeros electorales en los estados y de la conformación de los Tribunales Electorales, lo que sin duda incide en las decisiones de éstos. "Es una coyuntura que sí requiere una transformación de fondo, por eso la importancia de la creación de este organismo electoral federal", opinó. La creación del INE debe ser "un mecanismo de transición hacia la consideración de los organismos estatales, para que cumplan con eficacia, con autonomía e independencia, la tarea tan importante de organizar elecciones y seguir fortaleciendo con ello la democracia", consideró. No obstante, afirmó que no se puede adelantar que se pueda conformar dicho organismo, ya que esto implica una reforma a la Constitución, que se apruebe en las Cámaras del Congreso de la Unión y en los congresos estatales, proceso que "no será sencillo". | |
jueves, 24 de octubre de 2013
Apoya Silvano Aureoles creación del INE como mecanismo para coordinar procesos electorales y supervisar y fiscalizar a institutos locales
Asegura Beltrones Rivera que las cinco vacantes de consejeros en el IFE serán para los mejores perfiles y no para los partidos políticos
El coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, aseguró que las cinco vacantes de consejeros en el Instituto Federal Electoral (IFE) serán para los mejores perfiles y no para los partidos políticos. En declaraciones a los medios, el diputado priista señaló que la convocatoria que aprobó este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados, asegura que habrá consejeros en el momento en el cual se genere el acuerdo entre las fracciones parlamentarias. "En el caso que ese acuerdo no se dé con oportunidad, estamos disponiendo lo necesario para insacular los nombres de los mejores, a fin de que éstos integren el Consejo del IFE", dijo. La convocatoria aprobada es para cubrir las vacantes que dejaron Sergio García Ramírez, quien renunció al IFE en febrero pasado, y cuatro consejeros que concluye su periodo este mes, entre ellos el presidente del instituto. | |
Rechazan diputados bloqueo económico, comercial y financiero de los EU contra Cuba y piden al gobierno de México impulsar en la ONU que se elimine
La Cámara de Diputados manifestó su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la República de Cuba desde hace más de 50 años y exhortó al gobierno de México que impulse en la ONU que se elimine. Mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los diputados exhortaron al Poder Ejecutivo federal a que instruya a la representación mexicana en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que promueva el fin al bloqueo contra Cuba. El próximo 29 de octubre, la Asamblea General de la ONU someterá a votación, por vigesimosegunda ocasión consecutiva un proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al cerco, cuyos daños económicos a Cuba se estiman en un billón 157 mil 327 millones de dólares. El embargo de Estados Unidos a Cuba fue parcialmente impuesto en 1960 y llegó a ser casi total en 1962, cuando se endurecieron las medidas. En 1992, el bloqueo adquirió el carácter de ley, con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba y, en 1996, el Congreso de los Estados Unidos eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses, mediante la llamada Ley Helms-Burton Act. | |
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Comisión buscará 86 mil millones de pesos para desarrollo de pueblos indígenas
La Comisión de Asuntos Indígenas buscará 86 mil millones de pesos para las comunidades y pueblos indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 para infraestructura carretera, educación y salud de los 15 millones de habitantes de las 3 mil comunidades autóctonas que hay en el país. En la reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión, Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), refirió que el presupuesto de este año fue de 74 mil millones de pesos, pero en el siguiente no se contemplan 10 mil millones para el Fondo de reconstrucción de caminos rurales afectados por los fenómenos climatológicos, ni 4 mil millones para la educación indígena, por lo que buscarán recursos por alrededor de 86 mil millones de pesos. Lamentó que la propuesta del PEF del Ejecutivo contemple un decremento de casi 4 mil millones de pesos en la educación indígena, con el argumento de que esos recursos son parte del sector educativo general. La diputada consideró necesario cambiar las reglas de operación para garantizar recursos específicos a la educación indígena, ya que las comunidades no pueden acceder a ellos debido a que no pueden entregar a las autoridades títulos de propiedad para la construcción de escuelas. A veces el predio donde la comunidad decide que se construya una escuela, no tiene título de propiedad, porque las tierras son comunales", detalló. Cruz Mendoza mencionó que de los 21 programas que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy se reducen a diez. La Comisión ya cuenta con una propuesta de borrador de su opinión relativa al PEF 2014, luego de haberse reunido con universidades y bachilleratos interculturales, con organizaciones y diferentes autoridades. "Con base en inquietudes de diferentes sectores, se hizo este primer anteproyecto, pero falta la observación y la opinión de cada uno de los integrantes de esta Comisión", dijo. La diputada Martha Edith Vital Vera (PVEM) lamentó que pese a la importancia de garantizar recursos a las universidades interculturales, este año no los recibieron. En ese sentido, el diputado Román Alfredo Padilla Fierro (PRI) señaló que se deben etiquetar recursos para una universidad intercultural en el estado de Sinaloa. El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (PAN) criticó que de los 4 billones 470 mil millones de pesos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, sólo se contemplen 400 millones para los pueblos indígenas. Destacó que todos los programas sociales tienen subejercicios, pues en lo que va del año sólo se ha aplicado el 50 por ciento. "Me preocupa que no haya suficiencia presupuestaria, el subejercicio y que los programas no estén respondiendo a lo que realmente queremos", dijo el también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. | |
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Aprueba Pleno convocatoria para cubrir cargo de presidente del IFE y de cuatro consejeros electorales
La Cámara de Diputados aprobó con 388 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, la convocatoria para el proceso de selección de los candidatos a ocupar el cargo de consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y de cuatro consejeros electorales. A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también se declaró concluido el proceso de selección del candidato a ocupar la vacante para el cargo de consejero electoral del IFE, iniciado mediante la convocatoria aprobada y publicada por esta Cámara, el pasado 28 de febrero de 2013, y lo incorpora a la nueva convocatoria. Conforme a la convocatoria, la vigencia del cargo vacante de consejero electoral del IFE concluirá el 30 de octubre de 2019; la de tres consejeros, hasta el 30 de octubre de 2022, y la del presidente del Consejo General del IFE terminará el 30 de octubre de 2019. En el documento suscrito por los coordinadores del PRD, PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a proporcionar a la Jucopo el apoyo necesario para dar cumplimiento al presente acuerdo, así como al área de Comunicación Social y al Canal del Congreso para dar la más amplia difusión a la convocatoria. En la convocatoria se precisa que a partir de la fecha de esta convocatoria los grupos parlamentarios representados en esta Cámara realizarán una amplia consulta a fin de determinar los aspirantes a candidatos a los cargos, verificando, bajo su más estricta responsabilidad, que los propuestos cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución Política, el artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y en este decreto. La lista que presente cada grupo parlamentario derivada de la consulta con universidades e instituciones públicas de educación superior, así como organizaciones de la sociedad civil o, en su caso, mediante propuesta individual, podrá contener hasta diez aspirantes y deberá ser entregada al presidente de la Jucopo, a más tardar a las 24 horas de los 15 días naturales posteriores a la publicación de esta convocatoria en sobre cerrado y lacrado, con la firma autógrafa del coordinador parlamentario respectivo. Para cubrir la vacante de consejero electoral, que concluirá su mandato el 30 de octubre de 2019, podrán ser considerados aspirantes los cinco ciudadanos presentados a la Jucopo, conforme a la convocatoria emitida el 28 de febrero de 2013; lo anterior, sin perjuicio de que se consideren otros solicitantes para ocupar dicha vacante. Al hablar en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, así como Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) expresaron que la Junta de Coordinación Política se extralimitó en sus funciones al declarar concluida la convocatoria del 28 de febrero sin pasar el proceso por el Pleno, "ya que es increíble que después de cinco meses se termine el proceso". Pidieron que el proceso de selección en esta Cámara de Diputados sea abierto, transparente y apegado a principios democráticos. Mejía Berdeja detalló que en la convocatoria de la Jucopo lo que se está planteando es un reparto faccioso y partidista de los espacios del IFE y aseguró que cada consejero saliente "se va a embolsar 4.6 millones de pesos de liquidación". En pro del acuerdo, los diputados Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), Fernando Rodríguez Doval (PAN) y Mauricio Sahui Rivero (PRI) manifestaron que es de gran relevancia el hecho de que el IFE cuente con toda su capacidad y herramientas confiables y aceptadas para poder seguir transformando la democracia del país. Destacaron que esta convocatoria está mejor diseñada y corrige diversas situaciones, pues elimina el proceso de entrevistas. Sahui Rivero añadió que "argumentos de legalidad son los que dan sustento a la convocatoria, se cumple con los nombramientos pendientes, incluso con los mandatos judiciales que tenemos". Para rectificación de hechos, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) expuso que la convocatoria adolece de requisitos mínimos. "De qué nos sirve que el IFE sea un órgano constitucional autónomo, si de cualquier manera su composición va a estar plagada siempre de cuotas partidistas. El IFE no debe de ser otro poder político, el IFE es un poder ciudadano", abundó. Conforme a la convocatoria, todos los aspirantes deberán cumplir y acreditar fehaciente y oportunamente, ser mexicano por nacimiento; no adquirir otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. También, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía, vigente; y al día de la designación, tener más de 30 años y poseer título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de cinco años, y demostrar los conocimientos y experiencia en materia electoral. Asimismo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; haber residido en el país durante los últimos dos años, excepto en el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación. Igualmente, señala la convocatoria, no ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal; Jefe de Gobierno del Distrito Federal; ni Gobernador; ni secretario de Gobierno, a menos que se separe de su cargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. No ser consejero del IFE y ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral durante el último proceso electoral federal ordinario. En el documento, se detalla que las propuestas de aspirantes deberán acompañarse de la siguiente documentación: Currículum Vitae con fotografía reciente, firmado por el aspirante; copias certificadas del acta de nacimiento, de la credencial para votar con fotografía y del Título Profesional o Cédula Profesional; carta en la que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; carta de aceptación firmada por el aspirante. La Secretaría General de la Cámara de Diputados integrará los expedientes y revisará la documentación de los aspirantes a fin de verificar que reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, comunicando de inmediato el resultado de la verificación a la Jucopo. Para ello, este órgano de gobierno se instalará en sesión permanente a fin de integrar la propuesta de candidatos a ocupar los cargos. La Jucopo determinará, mediante acuerdo, el método y orden a seguir para integrar, de entre los aspirantes propuestos por los grupos parlamentarios, una lista de 28 aspirantes; acto seguido, la Junta procederá al análisis de perfiles idóneos, a fin de alcanzar el acuerdo para la determinación de la candidatura para cada uno de los cargos a elegir. Los aspirantes serán valorados en sus méritos e idoneidad, conforme a lo que obre en su experiencia, hasta alcanzar el máximo consenso posible. De no alcanzarse en la Jucopo el acuerdo que permita la presentación de uno o varios candidatos para los cargos de consejero electoral, la Junta mediante acuerdo procederá a integrar hasta cuatro listas, con 6 aspirantes cada una, e insaculará en cada una al candidato a ser propuesto al Pleno. Tratándose de la candidatura a consejero presidente, la Jucopo deberá realizar todo lo pertinente para alcanzar el acuerdo. En su caso, la Junta podrá convenir presentar al Pleno las candidaturas para consejeros electorales; difiriendo la de consejero presidente para una sesión posterior. Las propuestas presentadas por la Jucopo, serán presentadas y votadas en el siguiente orden: candidato a ocupar la vacante de consejero electoral, que concluirá el 30 de octubre de 2019; propuesta de tres candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales, que concluirán su mandato el 30 de octubre de 2022, y el candidatos para Consejo General del IFE que concluirá su mandato el 30 de octubre de 2019. En la convocatoria, se argumenta en sesión de la Cámara de Diputados, la Jucopo dará a conocer al Pleno la propuesta para su discusión y votación; serán designados los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes en la sesión. Se añade que en caso de no cumplirse en una primera votación el requisito de las dos tercera partes de los individuos presentes, la propuesta será devuelta, sin que proceda mayor trámite ni debate, a la Junta de Coordinación Política, a fin de que ésta remita al Pleno, a la brevedad posible, otra propuesta de la lista de aspirantes, hasta que en su caso se agote la totalidad de la misma. Una vez agotada la lista de aspirantes y no habiéndose logrado la votación requerida, la Jucopo deberá emitir nueva convocatoria para ocupar el cargo o cargos que no hubiesen sido designados en el presente proceso electivo. | |
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Aprueba comisión ley para regular y sancionar el vertimiento de desechos en aguas nacionales
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Con el objetivo de controlar y prevenir la alteración de las aguas nacionales causada por el vertimiento de materias o sustancias contaminantes, la Comisión de Marina aprobó un dictamen que expide la Ley de Vertimientos en las Zona Marinas Mexicanas. Estipula que como vertimiento se considera la evacuación, eliminación o introducción de desechos, residuos inorgánicos y aguas de lastre alóctonas en mares mexicanos, así como el hundimiento de barcos, aviones y construcciones, entre otros elementos, que alteren el equilibrio marítimo. La norma propuesta menciona que la Secretaría de Marina (Semar) será la encargada de otorgar o negar los permisos de vertimientos, tomando en cuenta que éstos no impliquen riesgos para la salud humana o daños al entorno, y podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuando se trate de residuos peligrosos. Asimismo, la instancia suspenderá cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que ocasionen daños al ambiente costero o marino, y sus inspectores determinarán las responsabilidades e impondrán las sanciones correspondientes. De este último punto, destaca que quien no cumpla con lo establecido en la Ley de Vertimientos en las Zona Marinas Mexicanas, será acreedor a la suspensión, de entre uno y 60 días, del permiso de uso y aprovechamiento de mares nacionales; la cancelación absoluta del mismo, o multas de entre 250 y 5 mil salarios mínimos, dependiendo la infracción y el daño causado. El diputado José Soto Martínez (MC), presidente de la referida Comisión, detalló que la propuesta de legislar los vertimientos se da en vista de la intensa actividad en el mar territorial de México, donde transita el 80 por ciento de su comercio internacional, en constante aumento. Ahí se da –continuó- la transportación, extracción de hidrocarburos, turismo, producción de energía, pesca, acuacultura y otras actividades que "también han provocado el incremento de la contaminación de los mares". "Es necesaria la expedición de una norma para controlar el vertimiento, que se ajuste a las leyes internacionales sobre prevención de la contaminación marina, que actualice la legislación nacional en la materia y que establezca el deber del Estado de proteger las aguas nacionales", agregó. En su participación, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva (PRI) recordó que actualmente existe una norma que regula el vertimiento de aguas residuales en playas del país, cuya vigilancia y aplicación está a cargo de la Semarnat. La ley propuesta, explicó, "abarca las zonas marinas mexicanas, que comprende el mar territorial y la zona económica exclusiva, que es donde la Semar tiene capacidad física y los medios necesarios para regular los vertimientos". Por otra parte, Soto Martínez refirió que para la elaboración de este dictamen, se sostuvo reunión con el almirante José Tomas Jorge Tress Zilly, titular de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Semar. Con él, dijo, se discutieron los alcances de la expedición de la norma, y se contó además con el análisis de los asesores de todos los grupos parlamentarios para mejorar la propuesta. El dictamen que expide la Ley de Vertimientos en las Zona Marinas Mexicanas, votado a favor por la Comisión de Marina, será puesto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, en próximas fechas. | |
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De 4 mil 700 millones de dólares el robo de gasolinas en cinco años: subsecretario de Hidrocarburos
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• Funcionario respalda modificaciones constitucionales para eliminar prohibición de contratos en explotación de petróleo Durante la primera de las "Audiencias Públicas rumbo a la Reforma Energética, iniciativa del titular del Poder Ejecutivo", diputados de la Comisión de Energía se reunieron con el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza, quien informó que en los últimos cinco años, el robo de gasolina reportado por Pemex es de cerca de 4 mil 700 millones dólares, "por lo que es un elemento que nos debe preocupar a todos". Explicó que la Secretaría de Energía, coordinada con Pemex, está trabajando con las autoridades competentes para establecer una estrategia contra el robo de combustibles. "Pronto estaremos en comunicación con ustedes para pedirles actualización al marco jurídico", dijo. En cuanto a la producción de crudo, informó que a partir de 2004 se llegó a la cifra máxima histórica de 3.4 millones de barriles diarios; a la fecha, la producción petrolera ha declinado en casi un millón de barriles, para ubicarse hoy en 2. 5 millones de barriles diarios. Por ello, dijo que el Ejecutivo promueve una reforma constitucional para quitar la prohibición en el artículo 27, párrafo sexto, que actualmente establece que "para la explotación de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos no se permiten contratos ni concesiones". La propuesta del Ejecutivo, agregó, es eliminar la restricción a contratos y permitir otros adicionales a los contratos de servicios que permitirían compartir riesgos y un mecanismo más afortunado para México. "Somos el único país de América Latina que limita la participación privada en los sectores de refinación, petroquímica básica y para transporte y almacenamiento", enfatizó. El diputado Javier Treviño Cantú (PRI) señaló que los objetivos principales en la reforma energética, (que se encuentra en el Senado de la República) son fortalecer a Pemex para hacerla más competitiva, abrir el sector energético a la inversión privada y fortalecer la capacidad reguladora del Estado. Cuestionó por qué la urgencia de hacer una reforma energética y cómo participarían la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, una vez que se apruebe esta reforma. Asimismo, cómo ve el futuro de los ingresos petroleros y si estarían las empresas privadas interesadas en invertir con un régimen de utilidad compartida. El legislador Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI) opinó que debe haber una regulación y reglas claras para la inversión privada. Comentó que el mercado que hoy tiene Pemex en petrolíferos es de un millón 300 mil barriles diarios y únicamente entrega en un 48 por ciento del reparto total del país, por lo que consideró que se debe cuidar el mercado que hoy es de la paraestatal. En su turno, el diputado Rubén Camarillo (PAN) sostuvo que los monopolios, privados o públicos, no ayudan a la economía del país. Aclaró que "no es nuestra intención que desaparezca Pemex, por el contrario que se fortalezca; permitámosle ser una empresa productiva no una entidad paraestatal de la que dependen muchísimos objetivos que van más allá de lo que una empresa debería estar cuidando". Enfatizó que el objetivo del Estado mexicano es y debe ser maximizar la renta petrolera y consideró que con la contribución y participación responsable y ordenada de otras entidades, esa renta se puede maximizar. "No hay la intención de compartir la renta petrolera con ninguna empresa extranjera, no hay la intención de que se lleven nuestro petróleo". Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN, cuestionó cómo se puede atraer la inversión de manera eficiente para aprovechar la riqueza de hidrocarburos, y qué se hará en el tema de la regulación para que el Estado mexicano no corra el riesgo de que "nos vayan a chamaquear nuestras contrapartes en los contratos de utilidad compartida, porque hay mil y una formas de determinar la utilidad". El régimen, añadió, "se basa en la violación de los artículos 27 y 28 constitucional al sentar bases de contratos de utilidad compartida, asignaciones en exploración para privados y establecer regalías y dividendos con sociedades mercantiles y socios particulares. Esta reforma, dijo, es violatoria y es un recurso que se le está quitando a los mexicanos y no ayuda a la paraestatal". El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) inquirió cuánto de las utilidades se van al hoyo negro llamado corrupción y qué acciones ha desarrollado el gobierno Federal"; también, qué garantías tendrá el Estado para tener un control en la explotación y extracción de los hidrocarburos. Por su parte, el diputado Javier Orihuela García (PRD) consideró que se deben guardar los recursos de hidrocarburos para las futuras generaciones o para emergencia, por lo que cuestionó por qué se quiere producir más. En tanto, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) comentó que es el momento preciso para buscar y tener nuevas oportunidades, y cuestionó cómo se impulsarían las energías renovables para aprovechar los recursos. Asimismo, dijo, no se conoce cuál es la estrategia para prevenir una crisis del abastecimiento del gas natural. Preguntó cuál será la estrategia que llevará a cabo en el tema del mercado ilícito, ya que se ha puesto como un problema de seguridad nacional todo lo que tiene que ver con el robo de hidrocarburos. La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) preguntó cómo se puede mejorar el régimen fiscal de Pemex y transparentar los contratos para que toda la gente tenga certeza de ello. Reconoció que no se está trabajando en aguas profundas y eso "nos limita cada vez más y que el gas cada vez cueste más". Pidió capacitar a los jóvenes para darle resultados a la empresa. El subsecretario de Hidrocarburos de la Sener detalló que de 1997 a la fecha el monto invertido en producción de petróleo y de gas ha aumentado considerablemente, es decir, "estamos invirtiendo mucho más que antes y produciendo menos". Sin embargo, no hay una crisis económica asociada con la caída en la producción petrolera porque el precio internacional del barril del petróleo se ha triplicado al pasar de 30 dólares por barril en 2004 a 103 dólares, actualmente. Destacó que México es el sexto país más importante en reservas de gas natural que se tiene en el subsuelo. Precisó que en 1997, el país era autosuficiente en la producción y consumo y ahora importa una tercera parte que compra a empresas particulares mexicanas o extranjeras que producen este gas al otro lado de la frontera. El consumo del gas natural, añadió, ha aumentado porque es el combustible para producir energía más barata y eficiente en términos ambientales. El funcionario señaló que las importaciones del país están en el 65 por ciento del consumo de los petroquímicos y si Pemex quisiera asociarse con empresas privadas para desarrollar petroquímicos en territorio nacional, el marco constitucional no se lo permite. En consecuencia, agregó, los empleos que genera esta industria, el crecimiento económico, "los impuestos que pagan estas empresas por vendernos los productos que se compran hasta un 65 por ciento del consumo nacional, están en otro país; por ello requerimos una reforma constitucional. Refirió que en 1996, por cada dólar que importaba México, exportaba casi 7 dólares; y al día de hoy por cada dólar que importa, exporta solamente 1.6 dólares. Es decir, esta es la tendencia que marca que si no hay una reforma de fondo "estamos destinados a ser un país importador neto de energía primaria, lo que sería un problema de competitividad, de falta de generación de empleos, de falta de recursos fiscales y de crecimiento económico. Por ello, se promueve una reforma constitucional que quite la prohibición en la artículo 27, párrafo sexto, para eliminar la restricción a contratos y permitir otros adicionales a los de servicios que permitirían compartir riesgos y un mecanismo más afortunado para el país. "México es el único país de América Latina que limita la participación privada en los sectores de refinación, petroquímica básica y para transporte y almacenamiento", sostuvo. | |
Garantiza Pleno con reformas constitucionales pensión para adultos mayores y seguro de desempleo
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• Con este dictamen se establecen dos derechos sociales: diputado Julio César Moreno • Estados y DF mantendrán sus programas, apoyos y pensiones alimentarias para adultos mayores El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política, en materia de seguridad social universal, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Conforme al documento avalado en lo general, con la mayoría calificada de 417 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, se establece que el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores, velará para que reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad. Además, se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de adultos mayores, a fin de establecer el derecho de una pensión para apoyarlos en sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos que las leyes determinen. La reforma al artículo 123 constitucional permitirá incluir en la Ley del Seguro Social los seguros de cesantía en edad avanzada y de desempleo, y que sean administrados y ejecutados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En lo particular, con 349 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la reserva del diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), para modificar el artículo Segundo Transitorio, párrafo segundo, para que a partir del 2014, los adultos que ya tienen más de 65 años puedan recibir la pensión y no sólo los que en ese año cumplan esa edad. Con esa misma votación, quedó en términos del dictamen las reservas a los artículos 4, 73 y 123 de la Carta Magna, así como el artículo Tercero Transitorio, impulsadas por diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PT. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) expresó que la reforma establece dos derechos sociales: el de los adultos mayores a una pensión universal para cubrir sus gastos básicos de manutención durante su vejez y, el de los trabajadores al seguro de desempleo, a fin de satisfacer sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral. Mencionó que en la elaboración de este dictamen, se tomó como eje rector lo expresado en la iniciativa del Ejecutivo federal, así como diversas propuestas presentadas ante el pleno de esta Cámara por los grupos parlamentarios del PRI, PRD y del Congreso de Puebla. Los adultos mayores, argumentó, son ejemplo de lucha, sabiduría y experiencia. "No permitamos que esta etapa la vivan en soledad, discriminación, marginación laboral, familiar, política y comunitaria, así como maltrato físico y emocional que en ocasiones padecen". Moreno Rivera subrayó que con esta protección social se contribuirá a mejorar los niveles de bienestar, ya que ello implica crear oportunidades y proporcionar los medios para lograr que estén por encima de los umbrales mínimos de calidad de vida, pues este segmento constituye el 9 por ciento de la población nacional. Además, continuó, se consideró necesario que el Instituto Mexicano del Seguro Social, administre y ejecute un seguro de desempleo, mismo que se eleva como un derecho social a rango constitucional y no solamente como un instrumento o programa destinado a reducir los efectos del desempleo como actualmente sucede. Detalló que en los artículos transitorios que el Ejecutivo federal propuso en su iniciativa, se suprimió el tercer párrafo del artículo segundo transitorio para no condicionar los derechos y garantías constitucionales que ahora se reconocen a una suficiencia presupuestal. También, se consideró pertinente la modificación del artículo tercero transitorio para que los estados y el Distrito Federal mantengan sus programas, apoyos y pensiones alimentarias para adultos mayores, aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, para que sigan operándolos en los mismos términos en que fueron establecidos. En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) resaltó que en el país, un número importante de adultos mayores no cuenta con ingreso económico que le permitan desarrollarse plenamente, aun cuando instrumentos jurídicos y recomendaciones internacionales refieren que deben de otorgarse ayudas pensionarias a esta población. "La reforma es trascendental por el beneficio para dos sectores de la población más vulnerable, permitiendo a adultos mayores y a trabajadores privados de su fuente de trabajo, contar con la protección legal con rango constitucional y hacer frente a las situaciones de gravedad que pueden enfrentar", añadió. Por el PT, el diputado Ricardo Cantú Garza se pronunció a favor del establecimiento de un seguro de desempleo solidario y subsidiario, que se constituya a partir de las aportaciones del trabajador, de los patrones y del Estado. "Cualquier otro esquema, a la larga sólo propiciará que el trabajador consuma su ahorro y que al término de su vida laboral útil sea una carga para sus familias". Manifestó que para nadie pasa desapercibido que los adultos mayores son víctimas de una terrible discriminación y que en las instituciones médicas y de carácter público tienen que hacer largas filas para que se les atienda y no siempre adecuadamente, por lo que nadie pude oponerse a que el Estado les garantice su derechos a recibir servicios de salud y promover su integración social y participación en las actividades económicas y culturales. El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) argumentó que no se puede avalar esta simulación. "Quien quiere ayudar a los adultos mayores lo puede hacer, como lo ha hecho el Gobierno del Distrito Federal desde el 2000 y otros gobiernos progresistas, ya que son de carácter universal. Por esa razón nos parece que todo el garantismo y toda la espectacularidad que se le quiso dar a esta reforma, queda acotado a una reforma muy menor". Consideró que se trata de un asunto de propaganda y de querer lavar la cara a los nuevos tributos y a la reforma hacendaria, pero no es una reforma social de fondo ni es un seguro de desempleo para todos los que caigan en esta situación. "Vamos a a pedir e insistir en que se regrese a comisión, y si subsiste en sus términos, no lo vamos a acompañar, vamos a estar en contra porque es una simulación". A su vez, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) indicó que esta reforma busca garantizar la pensión universal de las personas de 65 años y más, así como el seguro de desempleo. "Ésta es una reforma fundamentalmente importante para demostrar que un Estado democrático tiene que pugnar por un Estado de derecho que garantice la igualdad y la equidad social". Puntualizó que su grupo parlamentario apoyará las reformas que tengan que ver con la política social y así cambiarle la vida a los mexicanos. "Vamos a estar vigilantes para que los recursos que estamos generando aquí verdaderamente se empleen para lo que estamos reformando en la Constitución, que es la justicia y la igualdad social". La diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) expresó que según, datos del Censo de Población 2010, existen más de 10 millones de personas de 60 años o más. También se estima que para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años, y para 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es importante promover una cultura del envejecimiento digno y de calidad de vida en el país. Detalló que el derecho de las personas que hayan perdido su trabajo a contar con un seguro de desempleo, les permitirá cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral. "Es una modificación de carácter trascendente, ya que es un reclamo social". El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) dijo que con esta reforma queda plenamente establecido desde la Constitución, el derecho humano a una pensión universal, ya que los adultos mayores en México tienden a ser discriminados y marginados, delimitando sus derechos y evitando que estos cumplan con su objetivo de vida de manera digna. Mencionó que este seguro responde a un derecho a cobrar una cantidad determinada, cuando se da la circunstancia de desempleo, dependiendo de las cotizaciones hechas y del tiempo trabajado. "Hasta ahí, el PAN respalda el dictamen, sin embargo, defenderá los ahorros, las cuentas obrero-patronales de todos los trabajadores. No apoyaremos por ningún motivo que sean ellos los que subsidien este nuevo derecho". Del PRI, la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela respaldó la propuesta de elevar a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores a 65 años y el seguro de desempleo e indicó que, por primera vez, las garantías contenidas en esta reforma estarán respaldadas para el 2014 con un presupuesto que hará realidad en los hechos, los derechos que se tutelan. Añadió que México dejará de ser el único país de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo. Llamó a sus homólogos a "votar a favor de estas reformas, a no regatear estos apoyos y a no buscar argumentos sofisticados para rechazar beneficios directos para los mexicanos en condición de vejez y de desempleo". En pro del dictamen, los diputados Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), Héctor García García (PRI) y Javier Salinas Narváez (PRD) destacaron que esta reforma constitucional crea dos nuevos derechos: el seguro de desempleo y el de una pensión a los adultos mayores, y representa un gran avance hacia un México más justo y eleva a rango constitucional la seguridad social. Al hablar en contra, los legisladores de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González y Ricardo Mejía Berdeja, así como Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT), argumentaron que la implementación del seguro de desempleo se traducirá en la existencia fáctica de este beneficio y la reforma, en materia de pensión, no atiende a la oferta de retribución universal. | |
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