En la tercera etapa de las "Audiencias Públicas rumbo a la Reforma Energética", diputados de las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales conocieron del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el contenido de la iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática presentó en la materia.Cárdenas Solórzano afirmó que para cambiar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), darle mayor o menor autonomía de gestión o presupuestal, reestructurar corporativa o administrativamente al organismo, "no hacen falta y son innecesarias las reformas de carácter constitucional".
En tanto, los diputados del PRI, Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza y Abel Octavio Salgado Peña, afirmaron que "no se puede estar más que de acuerdo en una reforma en la cual Pemex y el sector energético sirvan como motor de desarrollo económico".
Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que ante la posibilidad de establecer contratos de utilidad o de producción compartida y al quitar la condición de estratégicos a los hidrocarburos y a la electricidad, se estaría abriendo la puerta para un "saqueo de los recursos petroleros del país".
"Ya no habría ninguna obligación para entregar a Pemex el petróleo y el gas; se abriría la posibilidad de que este recurso (el crudo) fuera explotado, al tratar de agotarlo al tiempo más corto posible, para conservar reservas de otros países o de otras partes del mundo", añadió el coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, afirmó que se necesita un cambio radical en la política petrolera y definir una estrategia integral que diga desde cómo deben manejarse las reservas, cuál es la urgencia de explotar tantos yacimientos no convencionales, como las lutitas o shale, o aguas profundas, es decir, cuál es la secuencia que debe tenerse en la explotación de los yacimientos del país en función de las necesidades de producción al futuro.
Cuauhtémoc Cárdenas hizo votos porque la Cámara de Diputados influya en la definición de una política petrolera que buscará conservar reservas para más tiempo, ya que actualmente se tienen para diez años, cuando lo usual en los países que manejan con racionalidad su petróleo, es de 25 años o más.
Gutiérrez De la Garza mencionó que es necesario impulsar las cadenas productivas de la industria petrolera, para agregar valor a los productores, generar empleo y estimular los desarrollos regionales, y dijo que para llegar a concretarse en las leyes secundarias es indispensable que éstas estén acordes con la Constitución.
Salgado Peña se pronunció porque Pemex no se venda ni se privatice, sino siga siendo una empresa cien por ciento pública, fuerte, competitiva y más transparente. "Es necesario adecuar el marco constitucional para dotar del soporte normativo a las ulteriores reformas secundarias que deberán discutirse".
Los diputados del PAN, Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega, expresaron que se necesita darle a Pemex una mayor autonomía de gestión y presupuestal, quitar de las manos de la Secretaría de Hacienda las decisiones que se toman en la paraestatal, así como fortalecer los esquemas de transparencia y rendición de cuentas.
Bueno Torio dijo estar en contra del establecimiento de los contratos de utilidad compartida, ya que será un elemento importante de corrupción. "Estamos de acuerdo con usted en que la iniciativa del Ejecutivo es corta; no nos dice qué sigue después de la reforma constitucional con respecto a la estructuración de la legislación secundaria".
Camarillo Ortega afirmó que en Acción Nacional "no se tendrá ninguna negociación en lo oscurito ni con el gobierno ni con nadie. No estamos buscando que desaparezca Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad; por el contrario, postulamos a un Pemex fuerte y una CFE competitiva, pero estamos en contra del monopolio del Estado en esas actividades".
A su vez, los legisladores Agustín Miguel Alonso Raya y Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del PRD, destacaron la necesidad de modernizar a Pemex sin necesidad de privatizar a la industria paraestatal ni la CFE. "Tuvimos el boom petrolero durante el periodo de López Portillo, y la mayor parte de los recursos que se generaron de la explotación petrolera, terminaron en actos de corrupción y de despilfarro".
Alonso Raya resaltó que no se tiene miedo a que Pemex, en última instancia, pueda asociarse en algunos procesos con la iniciativa privada, "lo que nosotros planteamos es que reformando la Constitución lo que se pretende es compartir la renta petrolera con el sector privado nacional y extranjero, y eso es con lo que no estamos de acuerdo".
Bojórquez Javier consideró que el PRD ha hecho una propuesta de Reforma Energética acertada. "No proponemos una parálisis, al contrario, planteamos que se le ayude a Pemex, que se le libere de las riendas y control absoluto de la Secretaría de Hacienda; se propone la creación de un fondo de excedentes petroleros y el cambio a 13 leyes reglamentarias".
La diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) señaló que los hidrocarburos deben seguir siendo de los mexicanos; sin embargo, dijo, en el país cada día se importa más gasolina, gas y petroquímicos, y existe menos capital para refinadoras y es más costoso extraer un barril de petróleo.
Afirmó que la paraestatal necesita más capital y mejor tecnología, por lo que el dilema "es endeudar a la empresa o invitar a la iniciativa privada a celebrar contratos de utilidad compartida". Manifestó su inquietud de que el PRD no propone un cambio constitucional que permita algún esquema de asociación para que la paraestatal haga mayores recursos.
Del PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda argumentó que si Pemex no invierte en gas natural, menos lo hará con la apertura que se pretende llevar a cabo. "Se ha cometido el grave error de no ver a futuro, sin entender que los mercado son volátiles y que el sector de hidrocarburos está evolucionando".
Manifestó que en las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo federal y el PAN no se menciona la problemática de la corrupción que presentan Pemex y el sector energético.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que debe haber un nacionalismo petrolero, y calificó como grave la reforma del Ejecutivo federal, al tratar de modificar los artículos 27 y 28 constitucionales. Aseguró que se trata de una reforma "deliberadamente escueta".
"Coincidimos con usted en que lo que se busca hacer de Pemex es un operador más, donde le pasen los proyectos menos rentables, vaya muriendo y todos los grandes planes pasen a las compañías trasnacionales, y Pemex quede como una reliquia", abundó.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano indicó que al modificar el artículo 28 constitucional, para cambiar la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad, se abriría la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de estos sectores.
Incluso, se estaría autorizando para deshacerse de todos los bienes, muebles e inmuebles tanto de Pemex como de CFE, dejando sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, añadió.
Mencionó que, además, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y explotación de los yacimientos, manejo y cuidado de las reservas, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte, y algo similar sucedería en la industria eléctrica.
Sostuvo que en la práctica podría verse que los proyectos más rentables se reservarían para inversionistas privados, mientras que los menos rentables o las instalaciones obsoletas que generan pérdidas por no haberse modernizado o sustituido a tiempo, se dejarían a los organismos oficiales.
Cuauhtémoc Cárdenas añadió que de cancelar su condición estratégica, los sectores petrolero y eléctrico quedarían sujetos a las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, "del que se encuentran hasta este momento excluidos".
La iniciativa del Ejecutivo federal, dijo, tiene la intención de desplazar a Pemex de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la explotación de la industria petrolera.
"Se está ante la grave perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 ahora, con otros nombres, vuelvan a ser quienes decidan y sean las principales beneficiadas de la explotación de los hidrocarburos mexicanos", aseguró.
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