Noel F. Alvarado.
La Ciudad de Quito convocó a las naciones de Iberoamérica que participan en la primera reunión de la Red de Ciudades Iberoamericanas contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, para que desde sus respectivos ámbitos sumen esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para crear un sistema de prevención y atención integral a víctimas de este delito, que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Margarita de Lourdes Carranco Obando, secretaría de Inclusión social del gobierno de Quito, Ecuador, expuso cómo retomaron la experiencia de la Red Anti Trata de dicha ciudad, que ha trabajado en el ejercicio del derecho a la participación y control social, para prevenir y combatir la trata de personas, e impulsar la sanción a victimarios y la reparación integral a las sobrevivientes de este delito.
Durante su participación en la 1ª Reunión de la Red de Ciudades Iberoamericanas contra la trata, con fines de explotación sexual, que realiza el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), junto con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), dijo que para combatir la trata es necesario trabajar en la etapa de prevención.
En ese sentido consideró indispensable desarrollar un sistema de monitoreo e investigación que genere información cuantitativa y cualitativa, que caracterice y dimensione el problema de trata y el tráfico en los países de la región, que sirva de base para la formulación de políticas, programas, proyectos y legislación especializada tanto nacional como local.
Luego, advirtió, se debe trabajar en la etapa de protección inicial de las víctimas en el momento de su rescate, a cargo de un equipo especializado para garantizar a las víctimas el derecho a su seguridad, atención inmediata, la no re-victimización, la confidencialidad y sobre todo al debido proceso, mientras que la policía actúe en la captura de los traficantes.
En su oportunidad, Raquel Guadalupe Melgar Tavera, directora de Género, Generacional y Familia, de Cochabamba, Bolivia, dio a conocer que a través de la Ley Nacional 363 se protege a las víctimas de trata y tráfico, además que se establecen penas que van de los 8 a los 12 años de prisión a quien tenga sexo con niñas, niños y adolescentes.
Sobre este tema en específico, indicó que de cada 100 personas que se reportan como desparecidas, 60 de ellas son mujeres y de esas, 58 son adolescentes que se han fugado de su casa debido, principalmente, a malos tratos y/o violencia.
Por ello, agregó, se han diseñado políticas públicas que consideran el acompañamiento psicológico, terapéutico y jurídico, este último para poder sancionar el delito, ya que la principal prueba es la propia víctima.
La funcionaria reconoció que en Cochabamba aún no hay centros de acogida gubernamentales, sin embargo las mujeres son derivadas a albergues que operan la sociedad civil y la iglesia; se llevan a cabo terapias familiares con las víctimas directas e indirectas de este ilícito, a través de talleres.
A su vez, la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Beatriz Santamaría Monjaráz, afirmó que están prácticamente listos tres protocolos, uno de ellos de Atención e Integración de Mujeres Víctimas de Formas Contemporáneas de Esclavitud y Delitos en Materia de Trata de Personas, a través de la organización civil.
El segundo es el de Búsqueda, Localización y Rescate, así como el de Detección, Protección, Rapport y Primeros Auxilios para las Víctimas de las Formas Contemporáneas de Esclavitud, en donde participaron las y los servidores públicos integrantes de la Subcomisión de atención de la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial e infantil para el Distrito Federal, en colaboración con la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, AC.
Detalló a los asistentes que dicha subcomisión es la instancia encargada del diseño e instrumentación de modelos de intervención y de mecanismos para la detección de víctimas, a fin de garantizarles el acceso a servicios integrales: médicos, psicológicos, legales y sociales, así como impulsar casas de corta estancia y refugios, entre otras medidas. 
