*Coincide la ONU con las propuestas presentadas por el Ombudsman mexicano ante el Comité, en Ginebra. Afirma la CNDH que su adopción e implementación representaría la posibilidad de lograr avances en la materia. El Comité de la ONU señala que México cuenta con una sociedad civil y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dinámicas, que contribuyen a la vigilancia y aplicación de la Convención internacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saluda las observaciones finales dadas a conocer hoy por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, sobre el informe presentado por México a principios de febrero, pues su adopción e implementación representaría la posibilidad de lograr avances en el combate a ese lacerante problema.
Las Observaciones del Comité de la ONU son coincidentes, en lo esencial, con las consideraciones y propuestas que el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó a ese órgano internacional, en días pasados, en Ginebra, Suiza.
La CNDH considera que el acatamiento de las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas resarciría, en buena parte, el problema de la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas mexicanas y la realidad imperante en nuestro país.
Destaca el Comité la importancia de construir un Registro Único de Personas Desaparecidas, que permita contar con información confiable, con criterios claros y homogéneos, que posibilite identificar cuáles casos pueden ser de desaparición forzada y cuáles de desaparición cometida sin participación de agentes estatales.
Al dar a conocer sus 18 recomendaciones al Gobierno mexicano para atender los casos de desaparición forzada, donde tomó en cuenta las propuestas presentadas por el Ombudsman nacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas reconoció que México cuenta con una sociedad civil y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos dinámicas, que contribuyen significativamente a la vigilancia y aplicación de la Convención Internacional en la materia.
Esta Comisión Nacional considera que el Comité valoró su señalamiento en el sentido de que en México existe un serio problema de desapariciones en algunas regiones del país.
El caso de los 43 estudiantes de Iguala sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 ilustra, desde la perspectiva del Comité y en concordancia con lo expuesto por la CNDH, los desafíos que enfrenta el Estado en la prevención, investigación y sanción de este delito, así como la búsqueda de las personas desaparecidas.
Entre las recomendaciones del Comité, coincidentes con las propuestas de la CNDH, destacan: que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todo el proceso de adopción de la ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada; que el Gobierno mexicano reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales; contar con registros uniformes de todas las personas privadas de libertad.
En particular, la CNDH señala la importancia de que el Comité observe la necesidad de avanzar en una Ley General en la materia, además de que se adopten medidas legislativas para asegurar que, a la brevedad, la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, y que se ajuste a la definición contenida en la Convención, teniendo en cuenta el carácter continuo del mismo.
El Comité también se pronuncia porque, en el marco de la Recomendación 26/2001 de este Organismo nacional, se garantice que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.
Debe también destacarse que el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció que el Estado mexicano ha ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y casi todos sus protocolos facultativos. Además, valoró positivamente que se haya otorgado rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México es parte, y saludó la aprobación de la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo, ambas de 2013.
El texto íntegro de las Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, puede consultarse en la páginawww.cndh.org.mx .
