Por: Noel F. Alvarado
El presidente de la Conatrib y del TSJCDMX advirtió que los recursos no son excusa, ya que se tiene información de que se han dejado de ejercer centenares de millones de pesos.
Hizo un llamamiento para acabar con la parsimonia histórica en este tema, y ofrecer a los familiares de las personas desaparecidas respuestas objetivas y contundentes para localizarlas.
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Edgar Elías Azar, advirtió que en pleno siglo XXI el país padece enormes deficiencias en la operación adecuada de sus servicios periciales, aunado a que, por falta de voluntad política, no se cuenta en muchos estados con servicios médicos forenses óptimos.
En la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2016, alertó que en el recién implementado sistema penal acusatorio es imposible participar bajo esas condiciones, ya que no se podrían confirmar los resultados de causas o maneras de muerte, por lo que hizo un llamamiento para acabar con la parsimonia histórica en este tema, y ofrecer a los familiares de personas desaparecidas respuestas objetivas y contundentes para localizarlos.
Puntualizó que de no atenderse el tema de los cadáveres sin identificar, el cual lacera a la sociedad y vulnera la credibilidad de las instituciones mexicanas, éste terminará por minar el nuevo sistema de justicia penal.
En Campeche, Camp., el magistrado enfatizó que en esta problemática los recursos no han sido excusa, porque la Conatrib cuenta con información de que se han quedado sin ejercer centenares de millones de pesos.
Consideró que esta falta de interés es inexplicable, y que el problema no se ha resuelto por falta de voluntad política.
Recordó que hace 12 años se inició la integración de un banco nacional de perfiles genéticos, el cual contiene actualmente unas 30 mil muestras de ADN de cadáveres de personas no identificadas, así como familiares de personas desaparecidas e incluso de delincuentes. Esa información, dijo, está integrada en la plataforma tecnológica llamada Codis, adquirida en 2011, y que se calcula que el incipiente servicio apenas ha ayudado a identificar 3 por ciento de los cruces genéticos hechos en esa base.
También recordó que en 2008 la Conferencia Nacional de Procuradores determinó que la Coordinación General de Servicios Periciales administrara una Red Nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses. En ese sentido, consideró que los esfuerzos del gobierno federal han sido enormes y complejos, pero que la respuesta de las entidades no ha tenido el mismo nivel de compromiso y permanencia.
Elías Azar planteó que la mayoría de los cadáveres que yacen en las fosas comunes no han sido identificados por "nuestra culpa", y abundó que el Estado mexicano está obligado a tener la totalidad de datos que permitan identificar los cadáveres. Incluso, advirtió, no existe en la actualidad un protocolo específico que sea utilizado por los servicios forenses para la búsqueda a identificación de cadáveres desconocidos.
Es necesario, estableció, dar pasos decididos y comprometer voluntades, en una cruzada para preparar mejor y con más recursos técnicos, tecnológicos y científicos a los servicios periciales, ya que en este punto se registran atrasos estructurales. No hay, además, planteó, comunicación entre entidades federativas para el intercambio de información.
TRATA DE PERSONAS
En ese marco, el también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México abordó el tema de las sentencias contra el delito de trata de personas, y alertó sobre el alto número de entidades federativas que no registran o registran niveles muy bajos de resoluciones emitidas en la materia.
Destacó el caso de la Ciudad de México y Chiapas, como las entidades que más han castigado ese delito, y recordó que, Campeche, por ejemplo, apenas la semana pasada dictó su primer fallo.
Entre 2009 y enero de 2016, abundó, Colima, Baja California Sur, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, no reportan el dictado de ninguna sentencia contra esa conducta delictiva.
Señaló que en México, de 2009 a 2015, las sentencias para ese delito emitidas ascienden a 570, de las cuales 551 se emitieron en entidades federativas, y 19 por el Poder Judicial de la Federación. La Ciudad de México, agregó, es la entidad que más sentencias ha pronunciado, con 211, lo que representa 38 por ciento respecto del total de las dictadas a nivel nacional en el fuero común.
