Noel F. Alvarado.
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Debido a que los trabajos de explotación del carbón distan de ser los idóneos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó el informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila.
Esta investigación se basó en la recopilación de información contenida en los expedientes de queja, en informes de organizaciones de la sociedad civil, la legislación, estadísticas y entrevistas que el personal de este Organismo nacional realizó en las visitas de trabajo.
La evidencia obtenida indica que la explotación de las minas no se lleva a cabo dignamente ni conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales.
En diversas ocasiones los patrones no dan cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene que son indispensables, además de que las acciones emprendidas por el Estado mexicano son insuficientes para garantizar la integridad de los mineros.
Se hace referencia en el informe al número de quejas por siniestros. En 2006 hubo 4; en 2009, 2; en 2010, 4 y en 2011 se registraron 7. Del total, diez se relacionan con accidentes en los que 90 personas perdieron la vida.
Con estos antecedentes, la CNDH emitió las Recomendaciones 26/2006, 85/2010 y 12/2011 dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía en las que se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física y a la vida.
También se enfatiza en el informe la compleja situación de la región carbonífera de Coahuila, con un desarrollo en condiciones no óptimas de educación, falta de oportunidades de empleo, que orillan a los trabajadores a laborar sin capacitación y sin el equipo de protección necesario.
Con base en los principios de legalidad y seguridad jurídica así como al derecho humano al trabajo, la CNDH formuló diversas propuestas a la Secretaría de Economía, la de Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Coahuila.
Destacan el establecimiento de mecanismos con el objetivo de proporcionar recursos materiales, económicos y humanos para aumentar de manera sustantiva las visitas de inspección; el registro de la zona para detectar riesgos y la orientación a los trabajadores acerca de sus derechos, así como el establecimiento de sistemas para que puedan realizar denuncias.
Propone impulsar las modificaciones legislativas para que se tipifiquen delitos laborales por incumplimiento cuando se ponga en riesgo la seguridad, se emplee a menores de edad o a mujeres en gestación o lactancia.
Diseñar e implementar una política de difusión masiva de los derechos laborales en la zona y regularizar la minería estatal. Para la Comisión Nacional, laborar en condiciones óptimas es un derecho que tienen todos los trabajadores, por lo que el Estado debe velar por su efectiva garantía.
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