Noel F. Alvarado.
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La Visitaduría y la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, mantienen bajo investigación a agentes del Ministerio Público que forman parte del equipo de la Fiscalía de Asuntos Especiales, por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia y cohecho, entre otros.
En la averiguación previa FRVT/ORIENTE/T-1/160/10-03, se encuentra asentado que el ministerio público Javier Espinosa Martínez se ha negado a realizar diligencia alguna de un operativo donde se aseguraron 15 toneladas de autopartes y 229 folders conteniendo diversas facturas que no cuentan con reporte de robo como lo informó el fiscal Germán Gabriel Korber Brito, pero lo más extraño es que solo aparecen el desperdicio de dichas autopartes y el MP se ha negado a certificar dicha circunstancia.
Los hechos ocurrieron el 31 de marzo del año pasado en donde el MP Guillermo Zamora Contreras aseguró las susodichas 150 toneladas de autopartes con reporte de robo según señaló que al comparecer ante el juzgado vigésimo tercero penal declaró "que no sabía por qué aparece mi nombre , lo desconozco, no participé en dicha diligencia, ya que en ocasiones falta un MP y me llaman, pero en esa diligencia no estuve", a pesar de que reconoció estar adscrito a la unidad investigadora 3 robo al transporte y por si fuera poco desconocer su firma en dicha diligencia.
Cabe resaltar que el 28 de marzo del año pasado el juez 23 penal decretó prescrita la acción punitiva del caso y por si fuera poco en acta circunstanciada que motivó el cateo no fue firmada por el MP y por personal de derechos humanos
En otro caso, la Visitaduría investiga a la fiscal Vázquez en respuesta a una queja que presentó un empresario mexicano ante la Visitaduría de la PGJDF. El quejoso denunció a principios de este año al notario público 123, Gabriel Benjamín Díaz Soto, por el delito de fraude y falsedad de declaraciones, según consta en la averiguación previa FAE/A/T1/00207/11/07, pero hasta el momento la fiscal Vázquez se ha negado a consignar penalmente al inculpado.
El empresario Domenico Quadrini D'Orazio, ex dueño de la distribuidora CM Acero, resaltó que presentó la queja contra la fiscal Margarita Vázquez porque "mis abogados ya acreditaron, con pruebas documentales y periciales, que hay la probable responsabilidad del notario Díaz Soto en los delitos de fraude y falsedad de declaraciones".
El afectado estuvo preso en el Reclusorio Sur del 22 de mayo de 2006 al 9 de junio de 2008 acusado de fraude ante el juzgado 66 de lo penal, pero luego de un largo juicio, en el que la penalista Bárbara Castro fue su defensora, recuperó su libertad. La abogada Castro fue acusada por Quadrini ante la PGJDF, junto con el notario público 123, Gabrie Benjamín Díaz Soto, del delito de fraude, ya que en complicidad con los empresarios David Hanono e Isaac Cherem falsificaron la firma de Quadrini para obtener la escritura pública 41,451.
En ese acto jurídico constaba que el empresario había aceptado el 17 de enero y el 15 de febrero de 2008, en el interior del Reclusorio Sur, que tenía un adeudo con Hanono y Cherem por 4 millones 764 mil pesos.
En esa escritura pública la abogada Bárbara Castro firmó como testigo. Según consta en ese documento notarial, la escritura fue firmada por Quadrini en la cárcel. Sin embargo, este último logró demostrar, mediante la lista de visitantes al reclusorio y otros documentos oficiales, que los días 17 de enero y 15 de febrero de 2008 no recibió visitas. Aunque esas pruebas un juez podría librar una orden de aprehensión, están en poder de la PGJDF desde hace por lo menos seis meses, la fiscal Margarita Vázquez Sánchez se ha negado a ejercitar acción penal contra el notario público 123 y contra sus coacusados.
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