Armando Maceda
notiredmexico
La Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente manifestó su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que pretende aplicar un plan antiinsurgencia en México, ya que equipara al crimen organizado del narcotráfico con insurgencia terrorista.
En su argumentación, la senadora del PAN, Adriana González Carrillo, impulsora del punto de acuerdo que fue aprobado para emitir su rechazo, manifestó que la iniciativa HR3401 contiene elementos extraterritoriales, con mandatos al Departamento de Estado y a la Secretaría de la Defensa estadounidenses para combatir en el nivel de contrainsurgencia a los narcotraficantes en México.
Así coincidieron durante la votación los diputados y senadores que dicha iniciativa evidencia contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa la cooperación bilateral.
La panista indicó que es urgente resaltar las inconsistencias de dicho proyecto ante los congresistas estadounidenses, ya que los criminales en México no tienen motivaciones políticas que los vinculen con movimientos guerrilleros o insurgentes.
Agregó que al asumir esta supuesta "insurgencia terrorista", la iniciativa HR3401 obliga a distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos, encabezadas por el Departamento de Estado y la Secretaría de la Defensa, a delinear e implementar una estrategia de contrainsurgencia para combatirla. "Como resulta evidente, los contenidos de esta iniciativa son inaceptables para nuestro país", dijo.
El punto de acuerdo establece que el propósito de la iniciativa HR3401 es proteger a los ciudadanos de Estados Unidos de amenazas externas mediante el establecimiento y aplicación de tácticas de contrainsurgencia terrorista en México, sostenida por organizaciones terroristas transnacionales mediante la utilización de capacidades institucionales para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México.
Incrementar la habilidad del gobierno mexicano para reducir la violencia; disminuir la corrupción, optimizar la cooperación entre organizaciones militares y policiales; estabilizar comunidades y fortalecer instituciones gubernamentales funcionales, entre otros.
Por ello, plantea se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas de aquel país sobre el daño que infringen iniciativas como ésta a la relación bilateral.
A la PGR, presentar a la brevedad un informe sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que, sin incluir aquella información calificada como reservada o confidencial, contenga una evaluación sobre los resultados hasta la fecha, así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.
La diputada Beatriz Paredes Rangel y el senador Sebastián Calderón Centeno, del PRI, reservaron el cuarto resolutivo del dictamen, el cual propone exhortar a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a la PGR y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, establecer un grupo de trabajo multidisciplinario que se encargue de proponer cambios y elaborar un proyecto de actualización de los contenidos de los denominados Acuerdos de 1992 entre México y Estados Unidos.
Lo anterior, con la finalidad de establecer límites claros a la actuación de agentes de corporaciones de inteligencia estadounidenses, además de incorporar nuevos mecanismos de cooperación acordes con la magnitud de los desafíos actuales en el combate al crimen organizado transnacional.
Paredes Rangel manifestó que este resolutivo debía ser discutido más ampliamente por el grupo parlamentario del PRI, no obstante que calificó al punto de acuerdo como de una "gran trascendencia".
Dijo que por razones de principio se debe rechazar la existencia de agentes de inteligencia de otros países en México. Agregó que debido a que la problemática del crimen organizado es un asunto que reconocen los países de la región, con alcances transnacionales, es pertinente una reglamentación precisa que acote su actuar.
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