Armando Maceda
Discrepan las izquierdas respecto a la nueva ley de Amparo que es revisada en el Senado, pues mientras que los coordinadores como Ricardo Mejía Berdeja del Movimiento Ciudadano afirman que fue hecha con rasgos autoritarios, los del PRD a través de Miguel Alonso Raya, urgen que sea avalada para otorgar al Estado herramientas jurídicas para contrarrestar a poderes fácticos.
Tras la aprobación, en pasados días, de la Ley de Amparo en San Lázaro, el Vicecoordinador de Movimiento Ciudadano advirtió de "los rasgos autoritarios del nuevo gobierno se acentúan con algunos aspectos de la Ley de Amparo.
Mejía Berdeja, explicó ayer que "el Presidente ya no será autoridad responsable en los Juicios de Amparo, y por otra parte, podrá afectar a particulares concesionarios de bienes del Estado previstos en el artículo 27 constitucional, sin que puedan obtener la suspensión provisional en los juicios que promuevan, lo que a su vez significaría en los hechos la extinción de la materia o sustancia del amparo, y el daño sería irreparable."
El también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo hincapié en que "además, el amparo resulta ser el instrumento de control constitucional más importante del orden jurídico mexicano, la garantía jurisdiccional institucional más significativa para asegurar el respeto y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos fundamentales de las personas.
Agregó que ha significado una institución reconocida internacionalmente y con la nueva Ley ha perdido gran parte de lo que le dio prestigio porque miles de concesionarios, empresarios, agricultores y productores rurales, campesinos, entre otros importantes sectores, vivirán en la falta de certeza jurídica en sus actividades, afectando la economía nacional".
El diputado Miguel Alonso Raya difiere y dice que los legisladores perredistas votaron a favor de la nueva ley porque, acorde con lo que establece la Constitución, "convierte al amparo en un medio de defensa eficaz al alcance de todos y hace defendibles derechos hasta ahora limitados por autoridades e incluso por particulares que violen derechos fundamentales".
Enfatizó que la protección del amparo se extiende a todos los posibles afectados ante normas o actos contrarios a la Constitución y estableció la defensa del interés social por encima de intereses particulares o de grupo, y con se blindan las futuras reformas, como la energética, hacendaria y de telecomunicaciones.
Se busca evitar, aclaró, que un particular o algún corporativo, utilizando la figura de la suspensión, "pretenda obstaculizar la implementación de estas y otras reformas estratégicas, argumentando que lesiona sus intereses individuales; protegiendo así los derechos colectivos".
Precisó que uno de los aspectos relevantes de la ley es que se niegan suspensiones de amparo a todos aquellos concesionarios de bienes de dominio directo como son minas, aguas, transporte público, rutas aéreas y telecomunicaciones, cuando se ven afectados por alguna decisión o cambios a la ley propuestas por alguna autoridad, peor puede ir al juicio de amparo.
Esto significa, explicó, que "no podrán solicitar que se suspenda de manera provisional los actos de gobierno que pudieran afectarlos, como es común, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en tanto un tribunal de justicia resuelve el fondo del acto reclamado".
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