Armando Maceda
Después de que en la discusión aprobación del los diputados del PRD dijeron que no presentaría reservas de inconformidad al dictamen de reforma de la Ley de Telecomunicaciones dada la trascendencia que implica para el país, ahora resulta que si propondrán modificaciones porque apenas detectaron que hay modificaciones delicadas.
El diputado federal del PRD Carlos Reyes Gámiz, y vocero del grupo parlamentario, informó que ha recogido señalamientos de especialistas y actores de las telecomunicaciones sobre los alcances y cuestiones que debe discutir sobre esta iniciativa que se discutirá esta semana en el Pleno de la Cámara de Diputados, en el sentido de que no sólo se debe beneficiar a los agentes económicos del sector, sino a toda la población.
En ese sentido, consideró que los grupos parlamentarios para analizar virtudes y defectos. Gámiz aseveró que un punto ambiguo y por tanto delicado, es que en la redacción del artículo 6º, apartado "B", fracción segunda, se establece el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones (pero limitado a que el Estado garantice que sean prestadas en condiciones de competencia).
"Recordemos que hay zonas geográficas que por su dispersión y niveles de marginalidad económica no son catalogadas como rentables lucrativamente para empresas privadas, por lo que en esos lugares, al no haber interés privado, será prácticamente imposible conectarlos. Entonces, en este punto, el Estado debe garantizar que todos los mexicanos tengamos acceso a esas tecnologías porque la competencia es un mecanismo para proveernos de información", subrayó.
Otro punto delicado, apuntó, es la regulación de contenidos en el artículo 6º, fracción cuarta, en donde que "esto es grave, porque en un Estado democrático los gobiernos no deben regular contenidos".
Señaló que se atentaría contra la libertad de expresión, cuando el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho, así como el de información. "La población estaría supeditada a la filiación liberal o conservadora; si es lo último se corre el riesgo de coartar la libertad de expresión y el derecho a la información", añadió.
Reyes Gámiz dijo que con esta reforma se debe incentivar la producción y contenidos independientes, situación que no se prevé en la iniciativa en cuestión, por lo que no sólo se trata de crear más empresas de radio y televisión abierta, sino pluralidad, por lo que necesitamos fomentar la creatividad y difusión de nuestros ciudadanos a través de la producción independiente.
Añadió que las televisoras y radiodifusoras deberían estar obligadas por el Estado a incluir dentro de sus transmisiones producciones de la ciudadanía, de organizaciones no gubernamentales, de estudiantes, darles espacios de opinión, y en horarios de alta audiencia, no de madrugada.
Indicó además que en la iniciativa existe una contradicción en lo referente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), donde se señala que va a ser autónomo del Ejecutivo Federal, pero después se establece en la redacción que para otorgar concesiones, revocarlas o autorizarlas, requerirá la opinión previa no vinculante del Gobierno federal.
"Es decir, no se puede hablar de autonomía cuando requiere la opinión del Presidente, que sea vinculante. Por lo tanto, debería omitirse esa parte", señaló.
Otro aspecto donde existe ambigüedad, anotó Reyes Gámiz, es el de la clasificación "dominante".
Considera que se tiene que ampliar los criterios para definir la dominancia de agentes preponderantes en televisión, agregando términos de ingresos por concepto de venta de publicidad, audiencia potencial y servicios de telecomunicaciones. Estos no deben ser mayores al 49% respecto al universo respectivo para no ser considerados dominantes o que son parte de una industria concentrada", dijo.
Se sumó también a las voces que piden que la UNAM y la CNDH participen en el Comité de Evaluación que examinará a aspirantes a comisionados de Cofeco e Ifetel, ya que la iniciativa sólo prevé la participación del Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación de la de Educación (Artículo 28º).
Asimismo, que los comisionados de Cofeco e Ifetel no tengan un salario igual al que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino similar al Ejecutivo Federal, cuando mucho, y limitar a 49 por ciento la inversión extranjera en telecomunicaciones y no permitir el 100 por ciento, como está en la iniciativa.
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