Arturo R. Pansza
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la Ley General de Bienes Nacionales y tienen como finalidad el establecimiento y operación de estas zonas, como un instrumento que contribuya al abatimiento de la desigualdad y permita cerrar las crecientes brechas de desarrollo regional, a partir de un crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social.
El documento surge de una iniciativa que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2015, se aprobó el 14 de diciembre pasado y se turnó al Senado, en donde le realizaron cambios y lo regresaron a San Lázaro.
Las zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá condiciones e incentivos que contribuyan al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
Deberán ubicarse en las entidades federativas que se encuentren entre las 10 con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al hablar a favor de este tema, el diputado Carlos Lomelí Bolaños explicó que es fundamental apoyar las regiones donde el crimen organizado ha echado raíces y ha contribuido al estancamiento de la actividad productiva y económica.
"Todos sabemos que los altos niveles de inseguridad y los efectos asociados a ésta, frenan la llegada de inversiones, pero sobre todo, estropea la vida de hombres, mujeres e incluso jóvenes y niños, induciéndolos a la comisión de delitos al aprovecharse de la pobreza y desesperación en que estos se encuentran", señaló.
Asimismo, hizo destacar que las zonas económicas especiales son una vía para impulsar con acciones concretas, la economía de la región, pues aunque la ley por ser un ordenamiento de carácter general no limita ni circunscribe a zonas específicas.
Agregó que los beneficios fiscales que se proponen, tendrán como propósito desgravar los bienes que se introduzcan a dichas zonas económicas, actividades que estarán afectadas a tasa 0 por ciento, además de una mejora regulatoria, por ello las primeras zonas beneficiadas con el régimen jurídico particular que se propone se encuentran en el sur del país.
"Lo anterior, nos ejemplifica que las zonas económicas especiales, a pesar de ser la primera vez que se implementará en nuestro país, tienen arraigo a nivel mundial, han propiciado resultados satisfactorios para la atracción de inversiones", enfatizó.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que elaboró el dictamen, señaló que aceptó las modificaciones realizadas por el Senado, porque dan mayor certeza jurídica a todos los actores públicos, privados y sociales que tienen participación en la implementación de la ley.
El diputado priísta Antonio Tarek Abdala Saad, señaló que los senadores hicieron aportaciones a la propuesta que como Cámara de origen se envió el pasado 14 de diciembre de 2016. Entre ellas, destaca que se amplía el criterio para considerar como susceptibles a los beneficios de esta ley a más entidades federativas y a más regiones del país, para que los 10 estados con mayor incidencia de pobreza extrema puedan ser beneficiados en futuros decretos.
Otra aportación, permite especificar que en las zonas podrán desarrollarse tanto actividades de innovación y desarrollo científico y tecnológico, como de agroindustria, ya que se trata de impulsar los sectores económicos que puedan tener alta productividad y cuya relevancia sea importante. Además, se hace posible que el Conacyt pueda participar activamente en la Comisión Intersecretarial y, así, darle mayor alcance al tema de la conformación del capital humano.
Además, se incorporó que los proyectos de carácter federal que formen parte del programa de desarrollo tengan preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, haciendo así patente la importancia de este programa en el ámbito presupuestario federal. Se precisó la definición del administrador integral, para que tenga carácter de desarrollador y operador de las zonas, con lo que los inversionistas podrán identificar de mejor manera su rol institucional.
Mencionó que con el objeto de dar certidumbre jurídica a los contribuyentes de la zona, se establecen las directrices para el otorgamiento de los beneficios fiscales. En este sentido, relacionado con el Impuesto del Valor Agregado, los bienes que se introduzcan a las zonas, así como los servicios que se aprovechen de las mismas, estarán a una tasa cero, siempre y cuando estas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México
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