La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz y de los Gobernadores de ambas entidades que aprobaron reformas que se apartan de los lineamientos generales del Sistema General Anticorrupción.
En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, acompañado del Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR, Salvador Sandoval Silva, informó que los Congresos de dichos estados, aprobaron reformas y realizaron actos que no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, cuyo objetivo es concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo.
Afirmó que con fundamento en lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentaron las acciones de inconstitucionalidad con el propósito de que el Máximo Tribunal del país, revise las reformas locales de esos estados con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
El Titular de SJAI resaltó la conveniencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los Congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho Sistema.
Asimismo, que la SCJN advierta que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.
Informó que con estas acciones de inconstitucionalidad se impugnan: los nombramientos de los Contralores Generales de los Estados, de Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción y los Magistrados en materia anticorrupción, en dichas entidades federativas. También la creación de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del estado de Veracruz, la designación que realice el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de los Fiscales, peritos, policías y demás personal que se requiera para cumplir con esas atribuciones.
Finalmente, consideró que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR, se encaminan a atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado, provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la Constitución Federal.
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