* La PGJ ha reforzado la capacitación de los servidores públicos; instalado 42 Módulos de Atención Oportuna y 11 Unidades de Mediación * Conocer de manera directa el acontecer en la comunidad agiliza la solución de los problemas, afirmó el Procurado |
Como parte del acercamiento entre las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia y la organizaciones de la sociedad civil, el Procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza participó en la primera sesión del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde destacó la importancia de que la ciudadanía conozca que cuenta con dispositivos eficaces de acceso a la justicia, para obtener la protección de sus derechos, sin importar su condición social, económica o política, ni su género o preferencia sexual.
Asimismo, resaltó que la PGJ ha implementado diversas acciones orientadas a proporcionar servicios de atención personalizada, especializada y profesional, y para eso ha reforzado la capacitación de los servidores públicos; instalado 42 Módulos de Atención Oportuna y 11 Unidades de Mediación, en las que son aplicables los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Lo anterior, precisó, forma parte de las medidas del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), el cual establece el servicio público de asesoría jurídica gratuita que favorece a las personas, víctimas del delito, y que la dependencia brinda porque está convencida que la libertad personal es un derecho humano de carácter universal e intransferible.
En este sentido, dijo que las detenciones ahora están sujetas a reglas precisas que evitan la comisión de excesos, y para ello se han implementado acciones que garantizan el debido proceso.
Todo esto, subrayó, reflejan los avances en materia de participación ciudadana; en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, y en la promoción, difusión, protección y respeto de los derechos humanos en los últimos siete años.
Al respecto, resaltó que actualmente atravesamos un momento crucial debido a que la adopción del sistema procesal acusatorio, abre áreas de oportunidad para fortalecer un régimen que garantice a las personas, el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales.
Tras escuchar a integrantes de distintas organizaciones, Ríos Garza aclaró que la Policía de Investigación (PDI) no realiza operativos contra comerciantes; sin embargo, resaltó, en acciones propias de la institución, se han decomisado drogas y armas; detenido a presuntos implicados en hechos delictivos, y puestas a disposición de los jueces a personas contra quienes existían órdenes de aprehensión.
El Procurador Ríos Garza se pronunció por la reinstalación de esta mesa de trabajo, con el propósito de conocer de manera directa el acontecer en la comunidad, y así dar solución a los problemas. Y, en caso de que la actuación del personal del Ministerio Público, peritos o policías, no sea la adecuada, hacer valer los mecanismos para sancionarlos.
El subsecretario de Gobierno local, Guillermo Orozco Loreto, precisó que con la creación de este mecanismo se busca fortalecer el combate a la impunidad y corrupción. Con este objetivo, señaló, se ha revisado y dado seguimiento al proyecto de iniciativa de Ley de Víctimas para la Ciudad de México, elaborada por la procuraduría capitalina, buscando que cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En el encuentro participaron el magistrado de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Andrés Linares Carranza y la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos de la ciudad, Rosario Ortiz Malagón.
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