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Aumentan asaltos en redes ferroviarias
Ferromex la más afectada, por el crimen organizado
Javier Calderón
Las principales rutas ferroviarias del noroccidente del país viven una pesadilla ya que el crimen organizado han aumentado los asaltos y robos a el sistema intermodal que gira alrededor de la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex), empresa concesionaria.
De enero a septiembre del presente año, Ferromex ha registrado robos cercanos a 14 mil toneladas de granos, que equivale a 470 camiones de 30 toneladas, con la consecuente detención del tren por 945 horas, expuso Salvador Mancera, director de operación de campo, quien indicó que se ha duplicado el número de robos a la carga, pese a las inversiones millonarias que realiza la empresa para evitarlos.
“Cuánta gente participa en este tipo de robo, no lo sabemos, pero si queda claro que este movimiento no es para autoconsumo o cubrir el hambre del pueblo, definitivamente se trata de crimen organizado de robos que llevan toda esta mercancía a un mercado negro”, expuso el ejecutivo.
Agregó que el gasto en seguridad como guardias, aditamientos y candados de seguridad se ha incrementado en más de 60% de 2007 a la fecha, de 16 millones a 27 millones de pesos, que se ocupan para vigilar la seguridad de 12 mil kilómetros de vía tanto de Ferromex como de Ferrosur.
Durante 2010 Ferromex registró 331 eventos de robo, pero de enero a agosto se tienen registrados 484 eventos, lo que muestra una clara tendencia a la alza.
Entre las medidas que ha tomado para contrarrestarlos se han invertido 2008 a 2011 casi 19 millones de dólares instalaciones, como bardas, equipamiento, confinamientos, sistemas de cámaras de monitoreo, equipos de perros rastreadores, un servicio profesional permanente de aplicación de exámenes de confianza hasta polígrafo, contratación de empresas de seguridad.
La ferroviaria tiene denunciados de junio a diciembre robos a la carga 286, de enero a diciembre de 2010, 331 eventos y a agosto de este año 484. La percepción del problema es no ubicar las medidas para solucionarlo.
Aunado a ello, Ferromex comentó que de 2008 a 2011 se han invertido casi 11 millones de dólares en confinamientos, sistemas de cámaras de monitoreo, equipos de perros rastreadores un servicio permanente de exámenes de confianza hasta polígrafo, contratación de empresas de seguridad.
Hay costos que se generan por robos al equipo y a las vías del propio ferrocarril, que se calculan en más de 960 mil pesos mensuales en lo que va del año. “Varios de los robos han generado accidentes, en donde se pierden vidas. Ejemplificó que por haber robado planchuelas, que se vendieron entre 300 y 400 pesos como chatarra, la empresa tuvo un costo de 25.4 millones de pesos por el daño que causó el robo de este equipo.
En el caso de Ferromex, hemos trabajado en los últimos cuatro años promoviendo concertaciones con los tres niveles de gobierno, en las localidades donde tenemos mayor número de incidencias.
PARAMILITARISMO, SÍNTOMAS CRECIENTES DE DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Y FAMILIAR, UNA ESTRATEGIA ANTICRIMINAL REPRESIVA, POBREZA Y DESEMPLEO “CALDO DE CULTIVO” PARA LA ACTUAL VIOLENCIA EN MÉXICO, AFIRMA EL INVESTIGADOR JOSÉ LUIS PIÑEYRO
· Una posible explicación es que se trata de un paramilitarismo organizado por sectores empresariales que consideran que el Estado no les está brindando seguridad personal ni a sus propiedades · “Lo grave es que la sociedad mexicana se está acostumbrando a vivir con esta cotidiana violencia permanente”
Los actos de barbarie que azotan a México, manifestados en los recurrentes casos de asesinato y tortura, como el recién ocurrido con los 35 cadáveres de Boca del Río, Veracruz, supuestos miembros de Los Zetas, “representan la incontenible espiral de violencia política que atraviesa al país, especialmente en Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y Michoacán”, afirma el doctor José Luis Piñeyro, investigador de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Y ofrece diversas hipótesis o escenarios que podrían explicar eventos de tal magnitud.
La primera, apunta el investigador del Departamento de Sociología de la citada unidad, se relaciona con la versión del Gobierno Federal: se trata de un ajuste de cuentas entre dos cárteles, uno nuevo, Jalisco Nueva Generación, y Los Zetas, a quienes se les acusa de extorsionar, secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos veracruzanos.
La segunda posible explicación es que se trata de un paramilitarismo organizado por sectores empresariales que consideran que el Estado no les está brindando seguridad personal ni a sus propiedades, por lo que deciden ajustar cuentas con quienes los extorsionan o secuestran en Veracruz: Los Zetas.
La tercera interpretación es que podríamos estar enfrentando un fenómeno creciente de “paramilitarismo criminal” en México. “Cabe señalar que los paramilitares, en la experiencia histórica nacional y de otros países, cuentan con el apoyo de autoridades civiles o militares ya sea a nivel municipal, estatal o federal. En este caso, y en otros como en Michoacán, los cárteles tratan de convencer a la población con argumentos ‘justicieros’ frente a los excesos de violencia de cártel contrario, cuando en realidad lo que pretenden es el control local del mercado de drogas o de otras actividades ilícitas”.
Asimismo, agrega que las tres hipótesis pueden articularse y que el paramilitarismo sea auspiciado por ciertos empresarios y funcionarios del Estado, en colusión con los cárteles. Lo cierto, como indica el investigador, es que el paramilitarismo tiende a “autonomizarse” de sus promotores –recordemos que Los Zetas son una escisión del Cártel del Golfo– y a generar mayor violencia.
El especialista en Fuerzas Armadas, Crimen Organizado y Seguridad Nacional en México y América Latina, enfatizó, desde otro ángulo, que “estamos viviendo un proceso de descomposición moral en todas las clases sociales”. Y advirtió: “lo grave es que la sociedad mexicana se está acostumbrando a vivir con esta cotidiana violencia permanente que cambia su intensidad geográficamente, a lo largo del año, pero que está siempre presente”.
Otra señal de tal proceso es que la gente está retrocediendo a la vida privada o “ensimismada”, es decir, deja de realizar actividades recreativas, culturales e incluso laborales. “Al grado tal que ya no le importa lo que le pase al vecino, al condómino, a la gente del barrio. Lo único que le preocupa es cuidar su vida. Esto muestra que hay una falta de solidaridad enorme entre los mexicanos, claro reflejo de descomposición social, pero también familiar en la que se encuentra nuestra nación”, afirmó.
Otro ejemplo de ese fenómeno es el “sicariato” o los asesinos a sueldo, compuesto por muchachos muy jóvenes, quienes se asesinan unos a otros o a personas inocentes. “El hecho de que un adolescente se insensibilice al grado de torturar o matar a otros como si fueran animales, significa una ausencia de moralidad o deshumanización”, precisa.
El experto en Violencia Política consideró que para México “el pronóstico que se puede hacer es que va a continuar la violencia. Ya que existen dos elementos básicos que no cambian o si cambian es en sentido negativo: “uno, es la estrategia anticriminal de Calderón que es básicamente represiva; el otro, es el agravamiento de las condiciones de vida del pueblo, dado el aumento del desempleo y la pobreza, excelente caldo de cultivo para ingresar a la criminalidad profesional y común y para la desesperanza generadora de conductas antisociales”.
Hizo hincapié en que el crimen organizado no es sólo un problema de narcotráfico, también abarca el tráfico de armas, las mercancías robadas o contrabandeadas, el robo de autos, los secuestros de emigrantes, la prostitución, entre otras actividades. “La crítica situación socioeconómica mencionada orilla a miles de mexicanos a buscar válvulas de escape en la migración a Estados Unidos, cada vez más restringida, la economía informal, ya saturada, y a la economía criminal, esa sí boyante”.
El investigador concluye: “Ojalá que los próximos candidatos presidenciales de los tres grandes partidos políticos en México tengan conciencia de la gravedad de la situación de inseguridad pública, social y laboral que vive el pueblo, a fin de que tengan propuestas certeras para resolver estos problemas estructurales, o como dice la ley, que la nación se los reclame”.
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