TEGUCIGALPA, Honduras, 17 de febrero (OEM-AFP).- Los sepelios de los 356 reclusos calcinados en el incendio de una granja prisión comenzaron hoy en varios poblados de Honduras, en medio de llantos y reclamos de justicia.
La catástrofe de Comayagua, que mantiene bajo conmoción a Centroamérica, era epicentro de una creciente polémica ante las insistentes denuncias de familiares y sobrevivientes de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los reclusos.
Hasta hoy, tres días después del incendio, solamente se habían entregado 15 cadáveres a sus familias, mientras expertos de Estados Unidos y otros países se sumaron para investigar qué desató el infierno en una cárcel en la que 60% de los presos aún esperaba sentencia.
"Eso no se puede quedar así porque es un crimen bárbaro", dijo la anciana Trinidad Varela a un fotógrafo de la AFP, mientras velaba a su hijo Edwin Ortega, de 28 años, en el pueblo de Talanga, 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.
A la misma hora en un sector muy pobre del noroeste de la capital, las familias participaban del funeral de otros dos veinteañeros, Marvin Muñoz (24) y Marco Suazo (23), que estaban alojados en la cárcel-granja, hasta hace cuatro días exhibida como orgullo de un sistema penitenciario colapsado.
Esta tarde, también en Comayagua, donde está lo que quedó de la prisión, una treintena de personas abrían fosas en el humilde cementerio, a la espera, sin plazo ni esperanzas, de la llegada de los primeros cadáveres.
"No tengo palabras. Se siente dura esta espera, no sabemos cuándo nos van a entregar el cuerpo, pero, de todos modos, ya queda hecha la fosa para que lo enterremos", dijo Javier Rodríguez, quien, pico y pala en mano, preparaba la tumba donde sepultará a su hermano Melvin.
En Tegucigalpa, agotadas, dolidas y mantenidas a la distancia por el fuerte olor que sale de la morgue adonde fueron llevados todos los cadáveres, cientos de familias seguían aguardando la entrega de los cuerpos.
"Me acaban de decir que es difícil que me entreguen a mi hermano porque está muy descompuesto, pero me voy a quedar aquí hasta que me lo den", dijo a la AFP Lindolfo Hernández, de 37 años, cuyo hermano estaba condenado a 10 años por violación y le faltaban dos meses para cumplir la pena.
Las autoridades de salubridad han dado la orden a los familiares de las víctimas de sepultarlos de inmediato para evitar la propagación de enfermedades.
En la cárcel de Comayagua un equipo de la agencia estadounidense de control de alcohol, tabaco, armas y explosivos (ATF) revisaba el lugar, siguiendo los pasos de expertos chilenos. Todos trabajan tratando de ayudar a los peritos hondureños a saber cómo empezó el fuego.
La agitación crecía en el país por los insistentes testimonios y acusaciones de organismos de derechos humanos sobre el papel de custodios y autoridades en la tragedia, acusaciones que van desde la negligencia hasta la premeditación.
"Los bomberos llegaron tarde a controlar el incendio, el director del centro penal no estaba en el lugar, los guardias no abrieron las celdas para salvar las vidas (...) y más bien dispararon sus armas", resumió el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por su lado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras manifestó su inquietud por una denuncia de un reo no identificado que dijo a un medio local que el fuego fue provocado por la policía para encubrir una fuga planificada.
En declaraciones a la AFP, el portavoz de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, negó las versiones al asegurar que buscan "desprestigiar" a la institución, altamente cuestionada tras descubrirse que está infiltrada por el crimen organizado.
Temerosos y aún bajo conmoción, unos 500 reos sobrevivientes del incendio pasan los días en la incertidumbre, hacinados en las celdas, corredores y patios que no fueron destruidos por las llamas.
"Yo no quiero que me mantengan en este penal, tiene una maldición que ya habíamos advertido, sabíamos que ese incendio iba a ocurrir tarde o temprano", dijo Marco Valladares a la AFP, mediante un celular desde el cual se comunica con su esposa, Marta Abigail López, apostada en los portones de la prisión.
Los familiares llegan con agua y comida para los sobrevivientes, que deben entregarlos a la policía en el portón, pues el ingreso está prohibido a fin de evitar la propagación de enfermedades.
Equipos de profesionales de la salud aplicaban hoy vacunas contra enfermedades como el tétano a los sobrevivientes que permanecen en el penal, a policías, personal administrativo e investigadores.
La catástrofe de Comayagua, que mantiene bajo conmoción a Centroamérica, era epicentro de una creciente polémica ante las insistentes denuncias de familiares y sobrevivientes de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los reclusos.
Hasta hoy, tres días después del incendio, solamente se habían entregado 15 cadáveres a sus familias, mientras expertos de Estados Unidos y otros países se sumaron para investigar qué desató el infierno en una cárcel en la que 60% de los presos aún esperaba sentencia.
"Eso no se puede quedar así porque es un crimen bárbaro", dijo la anciana Trinidad Varela a un fotógrafo de la AFP, mientras velaba a su hijo Edwin Ortega, de 28 años, en el pueblo de Talanga, 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.
A la misma hora en un sector muy pobre del noroeste de la capital, las familias participaban del funeral de otros dos veinteañeros, Marvin Muñoz (24) y Marco Suazo (23), que estaban alojados en la cárcel-granja, hasta hace cuatro días exhibida como orgullo de un sistema penitenciario colapsado.
Esta tarde, también en Comayagua, donde está lo que quedó de la prisión, una treintena de personas abrían fosas en el humilde cementerio, a la espera, sin plazo ni esperanzas, de la llegada de los primeros cadáveres.
"No tengo palabras. Se siente dura esta espera, no sabemos cuándo nos van a entregar el cuerpo, pero, de todos modos, ya queda hecha la fosa para que lo enterremos", dijo Javier Rodríguez, quien, pico y pala en mano, preparaba la tumba donde sepultará a su hermano Melvin.
En Tegucigalpa, agotadas, dolidas y mantenidas a la distancia por el fuerte olor que sale de la morgue adonde fueron llevados todos los cadáveres, cientos de familias seguían aguardando la entrega de los cuerpos.
"Me acaban de decir que es difícil que me entreguen a mi hermano porque está muy descompuesto, pero me voy a quedar aquí hasta que me lo den", dijo a la AFP Lindolfo Hernández, de 37 años, cuyo hermano estaba condenado a 10 años por violación y le faltaban dos meses para cumplir la pena.
Las autoridades de salubridad han dado la orden a los familiares de las víctimas de sepultarlos de inmediato para evitar la propagación de enfermedades.
En la cárcel de Comayagua un equipo de la agencia estadounidense de control de alcohol, tabaco, armas y explosivos (ATF) revisaba el lugar, siguiendo los pasos de expertos chilenos. Todos trabajan tratando de ayudar a los peritos hondureños a saber cómo empezó el fuego.
La agitación crecía en el país por los insistentes testimonios y acusaciones de organismos de derechos humanos sobre el papel de custodios y autoridades en la tragedia, acusaciones que van desde la negligencia hasta la premeditación.
"Los bomberos llegaron tarde a controlar el incendio, el director del centro penal no estaba en el lugar, los guardias no abrieron las celdas para salvar las vidas (...) y más bien dispararon sus armas", resumió el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por su lado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras manifestó su inquietud por una denuncia de un reo no identificado que dijo a un medio local que el fuego fue provocado por la policía para encubrir una fuga planificada.
En declaraciones a la AFP, el portavoz de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, negó las versiones al asegurar que buscan "desprestigiar" a la institución, altamente cuestionada tras descubrirse que está infiltrada por el crimen organizado.
Temerosos y aún bajo conmoción, unos 500 reos sobrevivientes del incendio pasan los días en la incertidumbre, hacinados en las celdas, corredores y patios que no fueron destruidos por las llamas.
"Yo no quiero que me mantengan en este penal, tiene una maldición que ya habíamos advertido, sabíamos que ese incendio iba a ocurrir tarde o temprano", dijo Marco Valladares a la AFP, mediante un celular desde el cual se comunica con su esposa, Marta Abigail López, apostada en los portones de la prisión.
Los familiares llegan con agua y comida para los sobrevivientes, que deben entregarlos a la policía en el portón, pues el ingreso está prohibido a fin de evitar la propagación de enfermedades.
Equipos de profesionales de la salud aplicaban hoy vacunas contra enfermedades como el tétano a los sobrevivientes que permanecen en el penal, a policías, personal administrativo e investigadores.
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