Armando Maceda
Ante la petición masiva de más de dos millones de trabajadores de amparo contra la reforma laboral reciente, el diputado federal Silvano Blanco Deaquino consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir la "Declaración General de Inconstitucionalidad" para proteger a todo trabajador.
En este sentido anunció en rueda de prensa de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados solicite a la Corte para proteger los derechos humanos de los trabajadores y para presionar al Ejecutivo y al Legislativo a realizar otras reformas, y su trabajo en general, con pulcritud.
Silvano recordó que la figura de Declaratoria General de Inconstitucionalidad surgió a raíz de la reforma a la Ley de Amparo publicada en junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y que se convirtió en un camino ciudadano alternativo a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional para anular normas lesivas al interés general.
De esta manera, cuando es procedente, la Declaratoria protege no sólo a quienes solicitaron y lograron el amparo de la justicia contra una norma general, sino también a quienes no participaron en dicho juicio, con lo cual se logra un verdadero respeto a los principios de supremacía constitucional e igualdad ante la ley.
"Se termina así con una injusticia y una esquizofrenia jurídica, pues impide que una norma jurídica ya invalidada para unos cuantos, continúe aplicándose en perjuicio de todos quienes no hubiesen iniciado juicio de amparo, normalmente por falta de conocimiento y de recursos económicos", expresó.
Blanco Deaquino precisó que, de acuerdo a la fracción II del Artículo 107 de la Constitución, cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la SCJN lo notificará a la autoridad emisora.
Con excepción de casos en materia tributaria, transcurridos 90 días naturales sin que la autoridad supere el problema de inconstitucionalidad, la SCJN emitirá, con aprobación de al menos ocho votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
En el presente caso, más de dos millones de trabajadores pidieron amparo al Poder Judicial de la Federación contra la reforma laboral y los juzgados federales ya iniciaron la admisión de dichas solicitudes para iniciar los juicios respectivos.
Con ello, se abre la posibilidad de que la reforma laboral, en su totalidad o en sus partes más lesivas, sea objeto de la Declaración General de Inconstitucionalidad por parte de la SCJN en beneficio no sólo de quienes interpongan y logren los amparos, sino de todos los trabajadores del país, dijo.
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