Alto al Secuestro y el Observatorio Nacional Ciudadano, aseguraron que el caso de los 12 jóvenes desaparecidos del bar Heaven, en la zona rosa, es una prueba de que en la Ciudad de México, opera el crimen organizado y existe un problema grave de distribución y consumo de droga. Recordaron que denuncias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que los delitos de secuestro, extorsión y robo con violencia van en aumento en territorio nacional.
Para Isabel Miranda de Walace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, es lamentable y de risa que el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y el procurador, Rodolfo Ríos, no reconozcan que detrás de las desapariciones de estos jóvenes, esté la delincuencia organizada.
En tanto, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que el caso del bar Heaven, debe servir para que la autoridad reflexione en la atención del problema, que deja entrever; que el DF, tiene un problema muy fuerte de drogas, y que no es posible -dijo- que a estas alturas de la investigación, no se de a conocer a la opinión pública lo que en realidad paso.
Las Organizaciones de Defensa de Derechos de la Victimas expresaron su preocupación por los criterios que ha tomando recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sus resoluciones, mismas que han anulado sentencias contra homicidas y secuestradores.
Las organizaciones Alto al Secuestro, Movimiento por la Paz, México SOS y el Observatorio Nacional Ciudadano, hicieron también un llamado a los Ministros de la SCJN para que, en la valoración de los casos donde estén vinculados este tipo de delincuentes, tomen en cuenta los derechos de las víctimas como lo exige la Constitución.
De acuerdo con estos organismos de la sociedad civil, las recientes resoluciones del máximo tribunal de justicia están dejando a un lado los derechos de las víctimas y se están dictando de manera desequilibrada e inequitativa.
Las organizaciones de víctimas mostraron su preocupación ante las resoluciones de la Corte, en las que a 8 secuestradores se les otorgó un amparo, con el argumento de que no contaron con una debida defensa. Esto se ha logrado gracias a una incorrecta interpretación y retroactividad de las reformas al artículo 20 Constitucional.
Isabel Miranda de Wallace afirmó que "la Suprema Corte está declarando a la Constitución inconstitucional", la división al interior de la Corte, muestra claramente cómo algunos ministros buscan defender a las víctimas, mientras otros bajo conceptos legales, amparan a delincuentes que han lastimado a la sociedad.
Añadió que "las organizaciones de víctimas seguiremos luchando por el respeto de nuestros derechos en las resoluciones judiciales y en los procesos legislativos, como en la redacción del Código Procesal Acusatorio único, ya que es ahí donde consideramos deben de quedar plasmados de manera indubitable los derechos de las víctimas".
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