Patricia Carrasco
La ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, por inyección letal, el próximo 22 de enero, supondría una nueva vulneración de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el denominado caso Avena, que ordenaba revisar los casos de ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos violando su derecho a la asistencia consular, aseguró Amnistía Internacional.
El organismo internacional de los derechos humanos recordó que este ciudadano mexicano, "no recibió asistencia consular", y él tenía derecho a recibir asistencia consultar "sin retraso alguno", conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no le notificaron ese derecho, y las autoridades mexicanas no tuvieron conocimiento del caso hasta una semana antes del juicio.
Desde que asumió el cargo el actual gobernador de Texas, Rick Perry en el año 2000, se ha ejecutado a más de 250 personas en ese Estado.
Edgar Arias Tamayo, que entonces tenía 26 años, fue detenido el 31 de enero de 1994 y acusado del asesinato del agente de la policía de Houston Guy Gaddis.
Mediante un comunicado, AI consideró que el acceso oportuno a la asistencia consular para las personas detenidas fuera de su país de origen puede ser una salvaguardia fundamental para tener un juicio justo. Esto es especialmente importante en un país en el que la asistencia letrada para acusados de delitos capitales sin recursos económicos ha sido con frecuencia inadecuada.
Igualmente señaló que en 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de "discapacidad intelectual leve", lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Pero, ello, no tomado en cuenta por los tribunales.
Amnistía Internacional recordó que el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena en los casos de 51 ciudadanos mexicanos, incluido Edgar Tamayo, condenados a muerte en Estados Unidos.
La CIJ ordenó a Estados Unidos someter a "revisión y reexamen" judicial las condenas para determinar si la defensa de estos hombres se había visto perjudicada por esta violación.
Igualmente recordó que tras la ejecución en Texas, en mayo de 2008, de José Medellín, una de las personas cuyo caso estaba amparado por la CIJ, México recurrió nuevamente a la Corte, que en 2009 confirmó su resolución original y constituía para Estados Unidos una obligación que "debe cumplirse incondicionalmente; su incumplimiento constituye una conducta internacionalmente indebida".
Según la CIJ Estados Unidos no podía oponer como excusa al cumplimiento de la sentencia ningún aspecto de su derecho nacional, como ha hecho Texas para realizar estas ejecuciones.
Pese a esa ratificación en julio de 2011 fue ejecutado en Texas Humberto Leal, otro mexicano cuyo caso estaba amparado por la sentencia de la CIJ.
De ahí que Amnistía Internacional conminó a las autoridades estadounidenses a cumplir a la brevedad con la sentencia de la CIJ y garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la defensa y a un juicio justo, de todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte en Estados Unidos.
Recordó que Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el Estado donde ocurrieron la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad ser sentenciados a pena de muerte.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para pedir que se suspenda la ejecución prevista de Edgar Tamayo y que se apruebe la legislación que permitiría cumplir a cabalidad con la sentencia de la CIJ en www.alzatuvoz.org/edgar
La ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, por inyección letal, el próximo 22 de enero, supondría una nueva vulneración de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el denominado caso Avena, que ordenaba revisar los casos de ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos violando su derecho a la asistencia consular, aseguró Amnistía Internacional.
El organismo internacional de los derechos humanos recordó que este ciudadano mexicano, "no recibió asistencia consular", y él tenía derecho a recibir asistencia consultar "sin retraso alguno", conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no le notificaron ese derecho, y las autoridades mexicanas no tuvieron conocimiento del caso hasta una semana antes del juicio.
Desde que asumió el cargo el actual gobernador de Texas, Rick Perry en el año 2000, se ha ejecutado a más de 250 personas en ese Estado.
Edgar Arias Tamayo, que entonces tenía 26 años, fue detenido el 31 de enero de 1994 y acusado del asesinato del agente de la policía de Houston Guy Gaddis.
Mediante un comunicado, AI consideró que el acceso oportuno a la asistencia consular para las personas detenidas fuera de su país de origen puede ser una salvaguardia fundamental para tener un juicio justo. Esto es especialmente importante en un país en el que la asistencia letrada para acusados de delitos capitales sin recursos económicos ha sido con frecuencia inadecuada.
Igualmente señaló que en 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de "discapacidad intelectual leve", lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Pero, ello, no tomado en cuenta por los tribunales.
Amnistía Internacional recordó que el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena en los casos de 51 ciudadanos mexicanos, incluido Edgar Tamayo, condenados a muerte en Estados Unidos.
La CIJ ordenó a Estados Unidos someter a "revisión y reexamen" judicial las condenas para determinar si la defensa de estos hombres se había visto perjudicada por esta violación.
Igualmente recordó que tras la ejecución en Texas, en mayo de 2008, de José Medellín, una de las personas cuyo caso estaba amparado por la CIJ, México recurrió nuevamente a la Corte, que en 2009 confirmó su resolución original y constituía para Estados Unidos una obligación que "debe cumplirse incondicionalmente; su incumplimiento constituye una conducta internacionalmente indebida".
Según la CIJ Estados Unidos no podía oponer como excusa al cumplimiento de la sentencia ningún aspecto de su derecho nacional, como ha hecho Texas para realizar estas ejecuciones.
Pese a esa ratificación en julio de 2011 fue ejecutado en Texas Humberto Leal, otro mexicano cuyo caso estaba amparado por la sentencia de la CIJ.
De ahí que Amnistía Internacional conminó a las autoridades estadounidenses a cumplir a la brevedad con la sentencia de la CIJ y garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la defensa y a un juicio justo, de todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte en Estados Unidos.
Recordó que Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el Estado donde ocurrieron la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad ser sentenciados a pena de muerte.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para pedir que se suspenda la ejecución prevista de Edgar Tamayo y que se apruebe la legislación que permitiría cumplir a cabalidad con la sentencia de la CIJ en www.alzatuvoz.org/edgar
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