Pedro Montes de Oca
El diputado local del PRD, Rubén Escamilla, secretario de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente de la ALDF insistió que el Gobierno del Distrito Federal debe regresar con observaciones a la Asamblea Legislativa la ley de Protección a los Animales y para la Celebración de Espectáculos Públicos que prohíbe el uso de especies en circos, en vista que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluyó que los legisladores no analizaron a fondo el impacto que la medida tendría sobre los derechos de las personas, en este caso los empresarios y trabajadores de carpas, así como de personas que gustan de acudir a estos espectáculos.
"La falta de participación ciudadana en los asuntos públicos y de gestión estatal anula la corresponsabilidad social de las y los ciudadanos y del Estado, una democracia participativa, así como el verdadero consenso y legitimación sobre las decisiones que el Estado toma. De igual forma, la falta de una consulta adecuada a las personas que serán afectadas por la medida impuesta provoca afectaciones en su derecho de participación y probablemente en algunos otros derechos", se lee en un análisis hecho por la comisión.
Cabe recordar que México ha contraído compromisos concretos en materia de derechos humanos, a través de la firma de diversos instrumentos internacionales. Entre éstos el compromiso que surge a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. Ahí los estados se comprometieron a cumplir la Declaración y el programa de Acción de Viena y así buscar mecanismos y herramientas para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos humanos al interior de los estados.
Uno de los aspectos que deberían considerar los dictámenes analizados por la ALDF es el probable impacto que las medidas puedan tener al derecho a la propiedad privada en vista de que los animales de circo son propiedad de los empresarios, por lo que ningún otro ente puede interferir en su adjudicación.
Por otra parte, las observaciones de la CDHDF destacan que en ningún párrafo la ley, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México, menciona sobre los costos económicos que implicarían para el gobierno la retención y traslado de los animales, así como las estrategias, planes y acciones a seguir para su atención inmediata y canalización a instituciones capaces de brindarles atención adecuada.
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