Noel F. Alvarado.
La CNDH, con base en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitará al Senado de la República que cite al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en virtud de la negativa sistemática para aceptar las recomendaciones, como ha sido el caso de la 61/2011, la 54/2011 y la 12/2010.
Por primera vez este Organismo nacional ejercerá la facultad que le fue otorgada en la reforma constitucional promulgada en junio pasado, buscando que los servidores públicos respeten plenamente los derechos humanos como un compromiso con la sociedad y con el proyecto de nación que anhelamos los mexicanos.
Se ha decidido recurrir a esta medida ante la actitud reiterada de la Conagua, que en esta ocasión rechazó la Recomendación 61/2011 sobre las inundaciones en Tabasco en 2010 y que lastima a miles de víctimas. 5,710 personas presentaron queja en la CNDH por la actuación de las autoridades y más de 130 mil, según información de Protección Civil de esa entidad, resultaron afectadas.
Obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas son las evidencias que se encontraron para emitir la Recomendación.
Fueron vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad, posesión, trato digno, protección a la salud y vivienda adecuada de las víctimas.
Actualmente, las obras permanecen incompletas por una serie de irregularidades. Los beneficios que pudieron derivar de su correcta operación, como es la disminución de los riesgos en la población por efecto de dichas inundaciones, no se concretaron subsistiendo el problema en 2011.
La CNDH recomendó reparar los daños a todas las personas que hayan sido afectadas, concluir las obras hidráulicas para disminuir la vulnerabilidad de la población y tomar las medidas técnicas necesarias, entre otros puntos.
En dos ocasiones anteriores la Conagua tampoco aceptó la Recomendación 54/2011 que se refiere a la contaminación del Río Usumacinta, y la 12/2010, relativa a la descarga de residuos químicos al Río Santiago en Jalisco que provocó la muerte de un menor.
Para la Comisión Nacional es claro que todo servidor público que viole los derechos humanos, viola la Constitución.
Con esta solicitud que se planteará al Senado, se podrán deslindar responsabilidades de carácter político o administrativo contra quien haya vulnerado los derechos especificados en la ley.
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