Diputados federales priistas, en voz de Beatriz Paredes Rangel, plantearon respaldar económicamente a los jóvenes que presten su servicio social, de forma que esta pasantía pueda ser apoyada por el sistema de educación pública, en combinación con los sectores productivos nacionales.
"Cuando egresan los jóvenes de las instituciones educativas, difícilmente encuentran un trabajo dignamente remunerado en la especialidad en la que se formaron, y a la frustración que los aqueja, se suma la desesperación de sus familias", expuso la legisladora.
Por ello, mediante la creación de la Ley de Apoyo para el Servicio Social Remunerado, explicó Paredes Rangel, se prevé integrar una comisión específica al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que participe también la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Lo anterior –abundó- a fin de que las instituciones de educación superior puedan realizar un programa de vinculación productiva, mediante el servicio social remunerado, como estrategia de apoyo en la cual el sector productivo se comprometa también en la generación de un primer empleo para los jóvenes.
"La experiencia de la práctica profesional de estos jóvenes en las empresas del sector privado y del sector social, deberá repercutir en su posible contratación, y con ello se estará dinamizando la posibilidad de que las nuevas generaciones encuentren un empleo bien remunerado", detalló Paredes Rangel.
Al señalar que el destino de una nación se construye con la confianza que sus nuevas generaciones tengan para procrear su grandeza, la legisladora federal priista enfatizó que debe terminarse con la frustración de los jóvenes que al terminar su carrera no encuentran trabajo.
El texto de la norma establece que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán prever los recursos para el desarrollo de las tareas relacionadas con los programas de vinculación de la educación superior, otorgando prioridad a las prácticas profesionales referidas en esta ley.
De esta forma, la asignación de estos recursos deberá considerar cuando menos un salario mínimo y medio por estudiante, conforme a la normatividad que al efecto se emita.
También se consigna que las instituciones de educación superior podrán recibir apoyos conforme a los lineamientos que determine y emita la Secretaría a partir de las recomendaciones del Consejo Nacional de Vinculación de la Educación Superior.
Lo anterior, sin perjuicio de que las instituciones puedan llevar a cabo programas para incrementar los recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento, señaló la ex dirigente nacional del PRI.
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