El ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva presentó ayer ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su informe de actividades 2011, donde informó que realizó 95 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Entre las dependencia que no aceptaron la recomendación se encuentran las Secretarías de Seguridad Pública federal, Salud, la Comisión Nacional del Agua, los ayuntamientos de Benito Juárez, Quintana Roo; Chilpancingo y Metlatónoc, Guerrero, así como el Congreso de esa entidad.
Señaló que durante el año pasado, la CNDH realizó un trabajo más intenso en materia de protección y defensa de los derechos humanos; recibió un total de 29 mil 439 escritos de queja; para ampliar la atención a la sociedad a las víctimas del delito y del poder, se abrieron cinco nuevas oficinas regionales que se sumaron a las diez ya existentes.
En el salón plenario de la SCJN, el titular de la CNDH resaltó la importancia de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en junio pasado que coloca a los derechos humanos como eje central del marco jurídico, de ahí que pusiera en práctica sus nuevas facultades al investigar las violaciones graves ocurridas el 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, y cuyo informe preliminar se presentó el 9 de enero de 2012.
Asimismo, solicitó al Senado de la República que citará al titular de la Conagua a comparecer debido a su sistemática negación a cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH.
Plascencia Villanueva aseguró que la apuesta en 2011 fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos; "por ello, no sólo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos, sino que se repartieron aproximadamente 4 millones 700 mil ejemplares sobre temas relacionados con los derechos humanos".
Asimismo, detalló las actividades realizadas dirigidas a salvaguardar y difundir los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad como lo son migrantes, personas que viven con VIH/SIDA, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres, periodistas y defensores civiles.
Reiteró la convicción de seguir colaborando con las autoridades de los tres niveles de gobierno, los organismos protectores y la sociedad civil para asumir un compromiso común en la defensa de los derechos humanos.
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