Por: Abel López Jiménez
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, anunció que para este año el gobierno federal dispondrá de cerca de 30 mil millones de pesos de financiamiento para seguridad de las entidades federativas, municipios y las delegaciones del Distrito Federal, que incluirá desde el examen de Control de Confianza de un policía municipal hasta la creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro, plataformas de información y Centros de Control de Confianza.
El encargado de la política interna del país aseguró que ello será con el firme objetivo de "servir a los ciudadanos".
En conferencia de prensa, adelantó la entrega de recursos históricos por más de 17 mil 300 millones de pesos para seguir avanzando en la seguridad y procuración de justicia en estados y municipios del país:
"La entrega de estos recursos está acompañada de una exigencia clara, firme e incuestionable por parte de la sociedad; cada una de las entidades federativas y municipios deberán de dar resultados concretos que se traduzcan en una mayor seguridad para toda la población", indicó.
Precisó que la transferencia de recursos se realizará a través de cuatro programas: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Subsidio para la Policía Acreditable, Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y el Programa de Apoyos en materia de Seguridad Pública.
Poiré Romero reiteró que bajo la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno del Presidente Felipe Calderón sigue trabajando con firmeza y determinación para transformar a México en un país más seguro, más justo y más próspero con la finalidad de que en un marco de cooperación sin precedentes de los tres órdenes de gobierno se transformen y fortalezcan las instituciones de seguridad y justicia del país.
Recordó que el pasado 8 de marzo, en Oaxaca, el Gobierno Federal inició la firma de un conjunto de convenios a través de los cuales transfiere recursos federales para la seguridad pública de los estados y municipios y señaló que próximamente se signará con las demás entidades del país.
Señaló que los recursos se tienen que ejercer de forma transparente, racional y eficiente para lograr que las policías, desde los altos mandos hasta los elementos operativos, sean certificadas y profesionalizadas, para reclutar mejores elementos que cumplan con auténtica vocación de servicio, así como para mejorar el equipamiento y la infraestructura de los cuerpos de seguridad de todas las entidades federativas del país.
"El Gobierno Federal reconoce que es urgente acelerar los procesos y mecanismos de control de confianza y la depuración de los cuerpos policiacos, particularmente en este caso, porque la entrega de recursos de dos de estos fondos está directamente condicionada a la certificación en esa materia de los altos mandos de los cuerpos de seguridad de estados y municipios", explicó.
Tras reconocer la urgencia de consolidar una reforma estructural más profunda en materia de seguridad de los últimos tiempos, el titular de la Segob se refirió al Sistema de Justicia Penal, el cual ha sido implementado en su totalidad en tres entidades federativas y en otras siete lo han instituido de manera parcial.
En este sentido, hizo un llamado a acelerar el paso para que, en el 2016, esté operando en su totalidad este nuevo sistema de juicios orales con la finalidad de dar respuesta expedita y pronta, en materia de justicia, a la exigencia de los ciudadanos.
"Así lo señala la reforma constitucional. Tenemos hasta 2016 para concluir esta reforma y es un plazo que no podemos darnos el lujo de postergar", puntualizó el funcionario federal quien además recordó que con el Acuerdo firmado por el Presidente Felipe Calderón en la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se está dando un impulso sin precedentes a la reforma al Sistema de Justicia Penal.
El Secretario Poiré destacó también que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha asumido con toda claridad y sin titubeos la responsabilidad de trabajar por la seguridad de los mexicanos y señalo que además se requiere el más firme compromiso de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en la depuración y modernización de sus cuerpos de seguridad; asimismo concluyó que "nadie puede dar un paso atrás en este tema, que es de la más alta prioridad para los mexicanos".
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