Asociaciones académicas y representantes de barras de abogados del estado de Chiapas, solicitaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, investigar el origen de los presuntos "enormes recursos económicos" que los empresarios de "outsourcing", Williams Oswaldo Ochoa Gallegos -diputado local con licencia- Manuel Sobrino Durán y Carlos Tovar Pulido canalizan para obtener cargos de elección popular, "los que seguramente utilizarán para aumentar sus ya considerables fortunas".
Al acudir ayer a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, manifestaron que "las autoridades estatales y federales electorales, al igual que la cúpula del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista deben supervisar las maniobras políticas que realizan en todo el estado de Chiapas, quienes, afirman, con fuertes cañonazos de dinero pretenden obtener e imponer a incondicionales en puestos de elección popular, entre estos los de diputados y presidentes municipales".
Recordaron que Sobrino Durán y Ochoa Gallegos, en complicidad con autoridades ministeriales, encarcelaron injustamente al catedrático y doctor en derecho Jesús Agustín Celorio Vela, debido a que éste no se prestó a participar en acciones turbias a favor de los empresarios, quienes son temidos por su prepotencia, abuso, terror y dinero
Expusieron que estos empresarios cuentan con compañías outsourcing en diversas entidades federativas, entre ellas la denominada "International Consuklting & Business Group", con sede en Puebla.
Manifestaron que Williams Oswaldo, mejor conocido como "Willy Ochoa", actualmente diputado local con licencia, pretende conseguir una diputación federal como candidato del PRI-PVEM, lo que le permitiría "aumentar su abuso y prepotencia" en agravio de empresarios, industriales, abogados y toda persona que supuestamente afecte sus ilegales intereses.
Añadieron que en complicidad con Sobrino Durán, quien en su momento pretendió que el propio PRI lo hiciera su candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, acción que se vino a tierra por las falsas imputaciones contra el penalista Celorio Vela.
Indicaron que "Willy" no solo aspira a la nominación para la diputación federal, sino a base de dinero pretende imponer como aspirantes a presidentes municipales a varios de sus incondicionales, "quienes les abrirían las puertas de sus gobiernos para realizar todo tipo de operaciones que les quienes para que obtuvieran pingues ganancias".
Recalcaron "resulta imperativo que la Procuraduría General de la República, mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al igual que otras instancias electorales y las dirigencias de las organizaciones políticas, investigaran los hechos y comprobaran que los antes mencionados utilizan recursos presuntamente de dudosa procedencia para comprar candidaturas y financiar campañas políticas, todo ello con el claro objetico de contar con un poder cada vez mayor".
Los integrantes de las comunidades académica y litigante, señalaron en su momento la esposa de Celorio Vela, Dulce María González Zaldívar, publicó en importante medio de comunicación una carta abierta dirigida al presidente Felipe Calderón, en la que relataba todos y cada uno de los abusos de que fue objeto su cónyuge, quien finalmente quedó en absoluta libertad y exonerado de las dolosas imputaciones que le hicieron los "empresarios".
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