Leonardo Juárez R.
notiredmexico
Considerado uno de los principales enlaces del viejo sistema del priismo, el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, se llevó consigo sus investigaciones que realizaba en torno al secuestro del abogado y ex senador panista Diego Fernández de Cevallos, principalmente después de que corrió la versión de que tras estos hechos se encontraban lugareños, reivindicadores de la guerrilla instalados en la sierra queretana o un montaje intencional para distraer la investigación.
En mayo del 2010 comenzó a correr esa versión, tras el atentado que sufriera en calles de la colonia Roma el general retirado, y es que atentar contra quien ya investigaba por instrucciones de los familiares, el paradero de "el jefe Diego", llevaba un mensaje. Y no es de criminales Amateur.
El testimonio de Minerva Vanessa Karim Demicells Lotty, la mujer que despedía en la puerta al general Acosta Chaparro en el momento en que fue víctima de un solitario sicario que lo baleó.
En las averiguaciones previas ACI/TI/0086/10-05 y HCM/056/2010 se estableció que el atentado no fue un simple asalto, iban por el general, a quitarle la vida. En esos momentos comenzó a sospecharse del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuando el Presidente Felipe Calderón habló por primera vez del caso, habló por primera vez del caso, se dirigió en su discurso a "El Jefe Diego".
…..y también si pudieran transmitírselo al propio Diego Fernández de Cevallos, si fuera la posibilidad que el supiera que sus hijos están fuertes, están firmes, dijo el mandatario.
¿Por qué el presidente tendría la convicción de dirigirse al desaparecido o secuestrado? Para que enviarle el mensaje de que Ya se sabía dónde estaba y que se estaba trabajando en su liberación?
Esa era una de las tesis que investigaba el general Mario Arturo Acosta Chaparro, al momento de ser atacado.
Decía que la desaparición del "jefe Diego" traía impregnado un fuerte olor a dinero y que a pesar de que el EPR se había deslindado no descartaba que la guerrilla estuviera detrás.
Su salida de la prisión militar
Tras seis años y 10 meses de permanecer prisionero en el Campo Militar Número Uno, el general Mario Arturo Acosta Chaparro obtuvo su libertad inmediata y absoluta en junio de 2007, luego de que la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar no pudieron acreditarle presuntos nexos con el Cártel de Juárez en el llamado "Maxiproceso".
Acosta Chaparro había obtenido un amparo en 2006, mediante el cual fue repuesto el proceso en su contra, ya que el testigo protegido que declaró en su contra, Gustavo Tarín, fue declarado como una persona mentalmente alterada. Tampoco pudo ser sometido a juicio en relación con la llamada guerra sucia de los años 70, luego de que murió su coacusado, el general Francisco Quirós Hermosillo.
El 23 de abril de 2008, el general Acosta Chaparro se retiró del Ejército con todos los honores y recibió una condecoración, junto con otros 12 generales, por sus 45 años de servicios al país, en una ceremonia realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La propia dependencia informó que con ese acto, "el personal de generales, jefes, oficiales y tropa del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, reconocen y estiman el merito de este selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones".
Acosta Chaparro fue fundador de la temible Brigada Blanca, un grupo paramilitar que, en la década de los 70 y principios de los 80, se avocó a exterminar a las guerrillas urbana y rural.
En 2007 ni la PGR ni la Procuraduría de Justicia Militar no pudieron acreditar los nexos de Acosta Chaparro con el desaparecido líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, tras esto un tribunal federal concluyó que el general era inocente, por lo que en abril de 2008 fue exonerado de los delitos de lesa humanidad en el proceso de la llamada "Guerra Sucia", donde supuestamente estuvo relacionado con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros de Guerrero, en la llamada Guerra Sucia de los años 70.
Durante la gestión de Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, se desempeñó como director de los Servicios Especiales de la entonces Policía Judicial del Estado.
Con el fallo a su favor, Acosta Chaparro también recuperó el derecho a portar condecoraciones y vestir de nueva cuenta su uniforme, hasta que la muerte lo alcanzó cuando esperaba a que repararan su unidad en un taller mecánico de la colonia Anáhuac.
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