José Antonio González Aguilar dueño de verificentros del Estado de México, solicitó a las Procuradurías Generales de la República y del Estado de México, investigue los procesos civiles, administrativos y penales plagados de irregularidades, para beneficiar a monopolios que buscan quedarse con todo este negocio en la entidad.
González Aguilar, explicó que hay familias que controlan los 89 centros de verificación vehicular en el Estado de México las cuales están en guerra. Por el enfrentamiento, se viven traiciones de socios, hermanos, sobrinos, abogados y se ha despojado de millonarias propiedades, a personas del mundo del espectáculo como Dolores Salomón (a) "La Bodoquito".
José Antonio cansado de presiones y fraudes judiciales describió la "sucia forma" en cómo se han integrado estos monopolios, quienes han pasado por encima de sentencias emitidas por varios magistrados en materia administrativa.
Recordó que en 2001 el grupo que tenía más Verificentros en la entidad era la familia González Aguilar con seis y otros grupos contaban con dos, tres y cuatro, ello, permitía un buen control de las autoridades.
En el 2003, la familia González Aguilar se afectó por una serie de demandas civiles y mercantiles de parte de Jesús Corona Sánchez y de su abogado Jesús Rafael Santana Rosell (padre de Maricruz Santa Solana exdirectora del Centro de Capacitación de la PGR y Rafael Santana Solano).
Indicó que el abogado Santana Rosell, "con sus contactos y poder corruptor pudo conseguir en 2003 una orden de aprehensión en mi contra, pese a que el peritaje se sustentó con una copia fotostática".
Después de un proceso de desgaste se acordó en mayo de 2005 ceder dos Verificentros: EC-910 y el TL-968 para que Jesús Corona se desistiera de un juicio mercantil por once millones de pesos y un juicio reivindicatorio por una casa localizada en Cerrada de San Carlos 10 en La Herradura, Estado de México, además de un juicio por contrato mutuo por otros once millones en la ciudad de México radicado en el juzgado 25 del Distrito Federal.
En 2005 llega a la Dirección de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, Roberto Cervantes Martínez, "quien entra en sociedad con Jesús Corona Sánchez, Marco Antonio Valenzuela Villalpando, un señor conocido como Zeus y mi hermano Miguel Agustín González Aguilar, quien me traicionó y entregó todas las propiedades de la familia".
Detalló que este grupo, con base en argucias legales y corrupción controla 40 Verificentros de los 89 mexiquenses. "El único dueño de Verificentros que no entró a esa mafia fui yo, pero esto hoy en día me ha costado una persecución, pérdida de patrimonio y casi la libertad porque no sé cuantas averiguaciones más me van a fabricar como una reciente por supuesto delito patrimonial. Por tal, responsabilizó a esta organización gansteril y las autoridades civiles y policiales de Huixquilucan, y de otras localidades mexiquenses de cualquier atentado contra mi persona o familia".
Dijo que para controlar los Verificentros hay un tráfico indiscriminado de engomados y, desde 2011 Cervantes Martínez no le quiso revalidar los establecimientos NA-950 y CI-991 con el solo pretexto de que no fue exhibida copia de la cesión de derechos a nuevos socios, con lo que se mezclaron cuestiones de materia civil y administrativa. "A la fecha no me entregan mil 840 certificados (calcomanías) de verificación pagados a razón de 112 mil 320 pesos (recibo 88207252)", pese a que hay orden judicial.
Estos argumentos fueron desechados por dos Magistrados de Tribunales Contenciosos Administrativos, pero ahora el nuevo director de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, Alfredo Iván Garrido Pacheco entró al "sucio juego" y ordenó que los expedientes del caso Verificentro NA-950 se maneje como reservado.
El Consejo de la Judicatura Federal ante estas irregularidades investiga los desempeños de los juzgadores coludidos, en particular del magistrado Luis Rivera Montes de Oca, de los jueces Sexto Civil de Tlalnepantla con sede en Naucalpan, Juan Carlos Vilchis Millán; Elaine Dolores Nava García, Dora Nuño Mejía, Marco Antonio Díaz Rodríguez y Patricio Tiberio Sánchez Vertíz Ruiz quienes habrían cometido el delito de coalición de servidores, sacar de jurisdicción sus asuntos y otros.
La procuraduría mexiquense, por su parte, investiga al Ministerio Público de Tlalnepantla, Luis
Linares Mendoza y al abogado Felipe Valdez Espinosa, quien habría cometido fraude.
Todos ellos por operar y autorizar, el pasado 27 de marzo, un cateo al Verificentro NA-950 ubicado en Alce Blanco 53, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco en Naucalpan; la ocupación de la casa localizada en el Club de Golf Hacienda Atizapan, caso conocido como despojo a "La Bodoquito", cuñada de José Antonio González y por dar entrada a un juicio reivindicatorio de un inmueble en Cerrada San Carlos 10, La Herradura, promovido por la propia sobrina de José
Antonio Aguilar, Angélica Lizzete González Ovalle, pese a que el asunto había sido convenido y protocolizado desde 2005.
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