Por: Noel F. Alvarado.
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Por el delito de peculado por realizar la venta irregular de siete predios y desviar recursos del erario público, agentes de la Procuraduría General de Justicia de Monterrey, detuvieron al ex Gobernador de extracción perredista de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño. Su captura se efectuó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Debido a ello, el ex funcionario deberá enfrentar un proceso penal por ese delito.
Agúndez Montaño fue gobernador de BCS de 2005 a 2011, y desde el año pasado fue inhabilitado por seis años para ocupar cargos públicos a nivel estatal tras un proceso administrativo abierto en su contra por el presunto desfalco al erario por más de 55 millones de pesos.
Dicha sanción se derivó de una denuncia presentada el 17 de junio de 2011 por el gobierno estatal encabezado por el panista Marcos Covarrubias por la venta irregular , en febrero del mismo año, de siete predios en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, en Los Cabos.
En ese mismo año, Agúndez Montaño participó en la reinauguración del aeropuerto privado Las Arenas, administrado por un estadounidense y a quien se le ha vinculado con el narcotráfico.
La concesión para operar y administrar la terminal, ubicada en Punta Arena de la Ventana, La Paz, fue otorgada a las empresas de Joseph Angelo Bravo, quien en 1994 fue condenado a 87 meses de cárcel por conspirar para traficar cocaína, en Nevada, y pagó una multa de 25 mil dólares.
Agúndez Montaño protagonizó junto con otros funcionarios de su administración en junio de 2011 hechos de corrupción, entre los que destaca el escándalo generado por la venta irregular de predios en una exclusiva zona residencial de Cabo San Lucas.
El Gobierno de Agúndez vendió siete predios por un valor de 23 millones 980 mil pesos, terrenos que en el 2007 ya habían sido enajenados en 76.2 millones de pesos y que el mismo Gobierno estatal recuperó cuando el comprador no hizo ningún pago.
Junto con Agúndez Montaño fueron inhabilitados Alfredo Porras Domínguez, ex Secretario General de Gobierno, y Juan Garibaldo Romero Aguilar, ex Oficial Mayor, ambos con seis años y una multa de 13 millones 986 mil 900 pesos cada uno.
En el proceso penal el ex Gobernador libró pisar la cárcel hace una semana, debido a que contaba con un amparo.
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