La abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, presentó ayer el decreto que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, y reforma el artículo 31 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en la cual se establece que "podrán incorporarse al programa federal de protección a personas: víctimas, ofendidos, testigos, peritos, policías, agentes del Ministerio Público, Jueces y demás miembros del Poder Judicial, así como otras personas cercanas a las señaladas, y cuya participación en un procedimiento penal por delitos graves o delincuencia organizada, les genere situaciones inminentes de amenaza o riesgo".
Destacó que a través de esta norma, las medidas de asistencia o seguridad que se proporcionarán por el Estado, según el caso conforme a esta Ley, podrán ser, entre otras: "asistencia o tratamiento psicológico, médico y sanitario, a través de los servicios de asistencia y salud pública; traslado de las personas protegidas a distintos lugares, custodia policial, alojamiento temporal o medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales, entre otros".
Así como el cambio de domicilio o residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona; en algunos casos, con base en las circunstancias propias, una nueva identidad de la persona; "para aquellos que se encuentren recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia se tomarán otras medidas como la separación del resto de la población; asistencia en la gestión de trámites; asistencia y asesoramiento jurídico gratuito, a fin de asegurar el debido conocimiento de las medidas de protección y demás derechos, así como la implementación de otras medidas de conformidad con la valoración de las circunstancias si esto necesario, medidas de seguridad de otros derechos".
La titular de la PGR, mencionó que para alcanzar estos objetivos se crea el Centro Federal de Protección a Personas, como un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República, con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido por el Presidente de la República a propuesta del Procurador.
Dijo que el Centro contará con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial.
Morales Ibáñez manifestó que de esta manera se aporta a la sociedad un instrumento jurídico invaluable para garantizar la vida y la integridad de las personas que exponen su integridad física y aun la propia vida por su participación en los procedimientos penales, con lo que se abona de manera importante a la consecución de la correcta procuración y administración de justicia.
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