Por: Noel F. Alvarado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elabora un Protocolo de Atención a Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado.
Se trata de un instrumento para que autoridades, defensores y víctimas, conozcan las obligaciones que el Estado mexicano tiene para atender a las personas desplazadas, durante su traslado a las comunidades de acogida.
México no cuenta con un diagnóstico nacional debido a la falta de un registro, en materia de desplazamiento, pero se sabe que en los últimos años el fenómeno ha crecido.
A partir de 2006 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunas zonas del país.
Este fenómeno social es más evidente en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, y en menor medida, en Michoacán, Durango y Sinaloa.
Por citar un ejemplo y con base en diversos informes, entre 2006 y 2009 fueron desplazadas de Ciudad Juárez, Chihuahua 110 mil personas; una actualización en esa misma investigación señala que entre 2009 y 2011 la violencia en la zona ha desplazado a otros 24 mil mexicanos.
Según los principios rectores de la ONU, los desplazados internos son personas que se han visto forzadas a escapar o huir de sus casas, pero dentro de su propio país, como resultado de conflictos armados o para evadir situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
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