Por: Noel F. Alvarado.
LERMA, Méx., 04 de Agosto.- Las policías ministerial de la PGJEM y uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantienen una supervisión constante para evitar un enfrentamiento entre trabajadores y ejidatarios, toda vez que éstos últimos han tomado 140 mil hectáreas y mantienen como rehenes a empleados de cuatro empresas que se encuentran en esas área.
Debido a ello, los afectados, exigieron a la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), solucionar el conflicto que mantienen con ejidatarios del municipio, el cual data desde 1922 y el cual se ha recrudecido desde junio del 2011, por un reparto de tierras que se hizo sin los estudios correspondientes por parte de la dependencia federal.
Esta situación ha motivado que los líderes ejidales, hayan invadido diversos terrenos que cuentan con sus escrituras y títulos de propiedad, incluso, varias empresas que se encuentran ubicadas en dichos predios, han sido tomadas por los ejidatarios, afectando fuentes de trabajo, y dejando pérdidas millonarias a los empresarios, pues no pueden sacar sus productos respectivos.
José Luis Altamirano Barrueta, asesor jurídico de los afectados, detalló que el conflicto inicio en 1922 cuando la Presidencia de la República, otorgo Mil 936 hectáreas de terrenos a los ejidatarios de Lerma, pero una vez que se realizaron los estudios respectivos, se encontró que no había terrenos suficientes, procediendo a otorgarles solo 510 hectáreas.
Sin embargo, con el paso de los años, los ejidatarios han exigido la entrega de dichos terrenos, lo que ha motivado varios enfrentamientos en el municipio, e incluso, se han llegado a tramitar amparos, los cuales han sido desahogados y se han emitido sentencias a favor de los demandantes, pero sin que acepten dichas resoluciones.
Sostuvo que a pesar de que este asunto llego a manos de la Suprema Corte de Justicia, y que existió una resolución por parte de la ministra Olga Sánchez Cordero, en donde ordenaba la indemnización económicas a los comuneros por falta de tierras, dicha resolución no fue acatada por las autoridades, ni por los ejidatarios en cuestión.
El 7 de Junio del 2011, La Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), realizo estudios para hacer un plano y un acta de posesión de terrenos (desde el escritorio y sin acudir a los terrenos) y otorga de tierras a los ejidatarios, incluso varios terrenos que son propiedad privada, los cuales fueron inmediatamente invadidos por los ejidatarios, sin que estos tuvieran la posesión de los mismos.
Desde marzo del 2012, dichos ejidatarios han invadido con lujo de violencia los terrenos que están en el plano elaborado por la SRA, lo que ha propiciado enfrentamientos entre los legítimos dueños y los ejidatarios, resultando personas lesionadas de gravedad, sin que las autoridades federales, ni del gobierno del estado de México, hayan intervenido en el asunto.
Altamirano Barrueta estableció que a pesar de que se ha solicitado por todos los medios, que la SRA revise el conflicto y ponga fin a los enfrentamientos, se ha hecho caso omiso por parte de las autoridades, con lo cual la situación ha quedado fuera de control, y se han multiplicado las invasiones a los terrenos que son propiedad privada.
Al respecto, Gustavo Guadarrama, uno de los afectados por los líderes comuneros, estableció que la invasión de terrenos de propiedad privada, ha afectado a por lo menos cuatro fábricas ubicadas en esa zona, sin que los trabajadores, dueños y vehículos, puedan acceder o salir de dichas factorías, lo que se traduce en pérdidas económicas.
Precisó que el conflicto no es con los ejidatarios de la zona, y por el contrario, se busca que las autoridades federales, pongan fin al conflicto por los terrenos, pues hasta el momento, ni siquiera los propios ejidatarios tienen la certeza jurídica de la posesión de sus tierras, y del patrimonio que han fincando a lo largo de los años.
Sostuvo que a pesar de que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de México, pues se han cometido delitos de despojo, allanamiento de morada, y lesiones, la dependencia mexiquense y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no han cumplido con su labor de proteger los derechos constitucionales de los afectados.
En este sentido, confirmó que existen 17 carpetas de investigación que han sido levantadas por la invasión de terrenos, sin que hasta el momento se tengan avances en las mismas, incluso teniendo pruebas como fotografías y videos de las agresiones y los despojos que han cometido los líderes ejidales del municipio de Lerma.
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