Por: Armando Maceda
Diputados del Frente Legislativo Progresista presentaron petición ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para la creación de la Comisión de Investigación y Seguimiento relativo al caso del Grupo Financiero Monex con el objeto de investigar y darle seguimiento puntual a los señalamientos sobre las presuntas acciones irregulares durante el pasado proceso electoral.
En la solicitud suscrita por 131 diputados federales del PRD, PT y MC se señala que es necesario "investigar con mucha claridad y seriedad posibles conductas delictivas" alrededor de este caso, y se señala que "no se debe mandar un mensaje equivocado que haga presumir complicidad de legisladores.
El diputado del PRD Roberto López Suárez entregó a nombre de los diputados del Frente el oficio que fue recibido por el Secretario Técnico de la Comisión, Humberto Aguilar Coronado, donde se subraya la importancia de conocer "la verdad histórica" del derroche del dinero utilizado y la responsabilidad autoridades administrativas y servidores públicos.
López Suárez dijo que es necesario conocer de dónde salieron los recursos financieros que habrían sido utilizados en la campaña del PRI, en qué fueron utilizados, si fue reportado al IFE, si fue considerado por Tribunal Electoral la impugnación que se interpuso, y si hay sanciones, sean para particulares o funcionarios públicos que sean responsables.
Precisó que estas interrogantes no han sido contestadas hasta el momento, y es por eso que es importante se forme la comisión solicitada para que a través de las investigaciones que realice ésta se conozca hasta dónde influyeron recursos de procedencia no muy clara a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto.
En el documento se destaca la importancia de saber los lineamientos, métodos, acciones y todas y cada una de las circunstancias realizadas por la SHCP, la ASF y la Secretaría de la Función Pública, al verificar de manera permanente el comportamiento de la deuda pública de las entidades con el objetivo de garantizar que los recursos no fueran utilizados con fines electorales.
"Es necesario mencionar --sigue el documento-- que a pesar de contar con atribuciones específicas establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y por razones hasta el momento poco claras, tanto el IFE como el TEPJF, hicieron caso omiso de las denuncias, además de emitir una respuesta tardía, acortando los plazos legales, siendo omisos y violando el principio de exhaustividad".
Se resalta que aún cuando la SHCP conoció y señaló todo lo referente al caso Monex y sus tarjetas financiadas a través de las empresas Efra e Inzzio, pudo haber actuado, ya que cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de investigar operaciones monetarias con características de lavado de dinero, no obstante se deslindó" del caso, responsabilizando a la CNBV.
Sin embargo, "cuando se recurrió a esta última, para solicitarle información, simplemente se negó argumentando que la legislación sobre el secreto bancario le impedía dar este tipo de datos".
De igual manera se plantea la importancia de investigar si el Banco de México, la CNBV, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, incurrieron en alguna trasgresión a las disposiciones que las regulan y no observaron las facultades de revisión a que están obligadas respecto de las entidades del sistema financiero a fin de vigilar su correcto funcionamiento.
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