Por: Armando Maceda
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 447 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, el dictamen de la minuta que envió el Senado de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el presidente Felipe Calderón con carácter de preferente.
Se aprobó sin atender preocupaciones de los problemas de falta recursos y técnicos que tiene los municipios pequeños para atender las obligaciones y las sanciones a "raja tabla", en comparación con los recursos que tienen las ciudades, y la queja del Nueva Alianza de que se eliminó la prohibición de lostraspasos de recursos entre cuentas bancarias de distintas aportaciones.
El dictamen avalado refiere que con esta reforma, la información financiera de los diversos órdenes de gobierno deberá presentarse de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.
Ello, señala, con el propósito de cerrarle espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir prácticas indebidas.
De igual forma, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a profundidad con sus gobiernos y tener capacidad de demandar más y mejores resultados.
Para su discusión en lo particular fueron reservados artículos reformados: 8º, 9º, 69, 73, y el 4º transitorio. De éstos, fueron aprobados el 8º y 9º, y se desechó el resto.
La reserva aprobada referente a la adición al texto de su fracción IX al artículo 9º, presentada por Silvano Aureoles Conejo (PRD), y apoyado por Ricardo Monreal, fue para que en el cumplimiento de las obligaciones que refiere esta ley, los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley destinados a capacitación y desarrollo técnico en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo.
Al fijar posicionamientos, Elsa Patricia Araujo de la Torre, del PRI, indicó que la reforma parte de una exigencia ciudadana de mayor transparencia de los asuntos públicos y una efectiva rendición de cuentas de autoridades, representantes populares y funcionarios.
Además, abundó, se fortalece la vigilancia, pues se dan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y las instancias de transparencia, así como de la propia Cámara de Diputados.
Ricardo Villarreal García, del PAN, dijo que la falta de transparencia no es exclusiva de algún estado o municipio, sino una práctica casi generalizada, por lo que a través de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental se obligará que exista transparencia.
Resaltó que el espíritu de la iniciativa es homogeneizar la forma de presentar la información financiera y obligar a las autoridades, tanto de las entidades federativas como de los municipios, a rendir cuentas claras y de forma pública para evitar el desvío de recursos y limitar una de las posibles formas de corrupción.
Guillermo Sánchez Torres (PRD) destacó que la reforma representa un avance muy importante, aunque todavía insuficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Mencionó que el nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha crecido en forma alarmante durante este sexenio; en sólo 4 años dicho endeudamiento pasó de 203 mil millones de pesos en 2008, a 404 mil millones en 2012, monto que representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Abundó que igualmente señala que el 63 por ciento del incremento de las deudas estatales se concentra en 7 Estados: Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán.
Juan Ignacio Samperio Montaño, del Movimiento Ciudadano, mencionó que la corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades, se gasten en intereses particulares.
María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, dijo que se avanza hacia una etapa histórica donde la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, la impunidad y la insensibilidad de los servidores públicos se combatan con decisión y sin consideraciones de ningún tipo.
Empero, manifestó su preocupación porque no se restableció la prohibición de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias de aportaciones federales o programas, lo que pude generar situaciones de opacidad, advirtió.
También la preocupación de que las sanciones penales vayan a aplicarse a "rajatabla", es decir, sin ponderar contextos.
No es lo mismo el municipio de "San Juan Copala en Oaxaca, que el de Guadalajara, se debe evitar que se aplique sanciones drásticas a servidores públicos que carezcan de elementos técnicos, tecnológicos, presupuestarios para cumplir con sus obligaciones" de información.
A la vez, agregó, "se debe garantizar plenamente que estas sanciones no se utilizarán con fines políticos o de grupo".
El dictamen aprobado será devuelto al Senado de la República con las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.
Publicar un comentario