El 40 por ciento de los delitos del orden federal en el país y el 49 por ciento de los del fuero común los cometen jóvenes, debido a la precaria situación de la educación, alertó el diputado del Partido del Trabajo José Arturo López Cándido.
Esto, la educación en México enfrenta grandes problemas e incide en la capacidad de garantizar el derecho a un trabajo digno a los miles de estudiantes que egresan cada año, dijo en el marco del Segundo Congreso Académico del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS).
Indicó que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el país sólo el 32 por ciento de los jóvenes tienen acceso a una institución educativa, de los cuales sólo el 15 por ciento concluye sus estudios.
"El panorama general de la educación en México enfrenta muchos problemas, es deficiente tanto en nivel de escolaridad de la población, como en términos de la calidad del aprendizaje del estudiante en las escuelas, así como en la eficiencia terminal", dijo.
Mencionó que según un estudio de la propia Cámara de Diputados, la calidad de la enseñanza ha empeorado a pesar de que México destina a la formación educativa un cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), situándose por encima de Estados Unidos y Alemania, que destinan 4.8 por ciento y 4.2 por ciento respectivamente, indicó.
Dijo que el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2007-2010, en calidad de educación primaria, señala que México ha pasado de estar en el lugar 95 de 131 países, en 2007-2008, al lugar 115 de 133 naciones en el bienio de 2009-2010.
Al referirse a la educación universitaria, López Cándido comentó que de los más de 10 millones de edad de contar con formación superior (jóvenes de 19 a 23 años), sólo tres millones 274 mil 639 están inscritos en licenciatura y 276 mil 281 en posgrado, alcanzando una cobertura de 32.8 por ciento para este nivel.
Por ello planteó la necesidad de que Estado invierta para que la educación sea integral, de calidad y en igualdad de condiciones, y que incluya a quienes califiquen en condiciones especiales, estén discapacitados o se encuentren privados de su libertad.
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