Por: Armando Maceda
El grupo del PAN presentó cuatro iniciativas anticorrupción para sustituir la PGR por una Fiscalía General de la República y dotarla de autonomía; eliminar el fuero y el juicio político y crear un Tribunal Federal de Rendición de cuentas de funcionarios; la aplicación del polígrafo a secretarios, jueces y magistrados, y otra contra el enriquecimiento sospechoso.
El anuncio fue realizado esta mañana en la Cámara de Diputados con la presencia del líder nacional de Acción Nacional, Gustavo Madero, antes de que fueran presentadas en la sesión ordinaria del Pleno.
Luis Alberto Villarreal García, coordinador de los diputados panistas, dijo que la propuesta de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, es para adecuar la función del Ministerio Público como órgano de persecución de los delitos, pero con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
"Dicha figura permitirá que el Ministerio Público deje de ser representante del Poder Ejecutivo y se convertirá en un verdadero representante de la sociedad", expresó en conferencia de prensa.
Subrayó que esta institución que se propone erigir realizará a través del Ministerio Público, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita.
Villarreal destacó que la designación del titular de dicha Fiscalía no recaerá como se viene realizando en el arbitrio del poder ejecutivo, motivo por el cual las actividades de investigación y persecución del delito estarán supeditadas únicamente a la voluntad de su propio titular.
Marco Aguilar vega se encargó de detallar la iniciativa de reformar constitucional que elimina el fuero legislativo, debido a que la experiencia con la existencia de tal figura no ha sido otra más que generar la impunidad en la comisión de delitos, dijo.
"Por tanto, resulta de suma importancia eliminarla del marco constitucional para establecer un verdadero plano de igualdad ante la ley entre los ciudadanos y aquellos que ejercen un cargo público, logrando establecer un freno a la impunidad, la corrupción y a la existencia de creación de privilegios indebidos a través de la deformación de las instituciones".
Primera- Eliminación del fuero legislativo
Actualmente la Constitución Política contempla el fuero de los servidores públicos, sin embargo, la experiencia con la existencia de tal figura no ha sido otra más que generar la impunidad en la comisión de delitos.
Por tanto, resulta de suma importancia eliminarla del marco constitucional para establecer un verdadero plano de igualdad ante la ley entre los ciudadanos y aquellos que ejercen un cargo público, logrando establecer un freno a la impunidad, la corrupción y a la existencia de creación de privilegios indebidos a través de la deformación de las instituciones.
La idea original, al momento de establecer esta figura era una genuina preocupación del constituyente, ya que se trataba de evitar los ataques infundados o venganzas políticas que revestían la forma de una acusación penal, dando como resultado una separación constante de los cargos que afectase la buena marcha de la administración o gobierno.
Pero el contexto es otro, y por lo tanto, dijo, y esta institución debe reformularse con el objeto de que no se constituya en un privilegio indebido para aquellos servidores públicos, cuyo encargo y función merece tal protección y de esta forma dejar de tolerar abusos e impunidad en el ejercicio de los cargos públicos.
También para eliminar la figura del "juicio político", ya que señaló ha corrido prácticamente la misma suerte que las figuras del "fuero constitucional" y "la declaración de procedencia", ya que también ha resultado ser una figura ineficaz, puesto que está lejos de ser una figura imparcial ya que no siempre castigará al culpable, por el contrario ha sido un instrumento de poder.
"Como ejemplo de lo anterior cabe señalar que a la fecha no se cuenta con ningún registro que indique la resolución de alguna de las solicitudes de juicio político y mucho menos que esto haya generado la destitución o inhabilitación de servidores públicos".
En lugar de esta obsoleta e inoperantes figuras, proponen señaló, establecer un mecanismo mediante el cual los servidores públicos enfrenten en forma real procesos justos que sirvan para ser sancionados en forma eficaz en caso de hallarlos responsables de conductas deshonestas y que ante todo permee la ética en el desempeño de sus funciones.
Para lo cual, se proponen el Tribunal Federal de Rendición de Cuentas como órgano constitucional autónomo contra los servidores públicos que se conduzcan en forma deshonesta y puedan ser sancionados de manera eficaz. Estará integrado por cinco magistrados elegido por la Cámara de Diputados.
En tanto que Ricardo Villareal García presentó la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incluir procesos de evaluación de control de confianza con el argumento de que el crimen organizado se ha reproducido al grado de vulnerar y corromper el aparato institucional del Estado, logrando con ello debilitar a las instituciones públicas, incluido el poder judicial.
"Lo anterior, implica que tanto los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, de la PGR y del Poder Judicial, han sido corrompidos por poder económico de las bandas criminales."
Por lo tanto, consideran que requiere que el Poder Judicial también implementen acciones que garanticen que los magistrados, jueces de distrito; Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral; Subsecretario General; Secretario de estudios e instructores, secretarios de acuerdos y actuarios sean sometidos a exámenes de confianza sobre su patrimonio y de entorno social; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico; y toxicológico.
Finalmente Ramón Sampayo presentó iniciativa de reforma en materia la Leyes federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de Servicio de Administración Tributaria y Código Fiscal de la Federación, con el fin de establecer la figura de "signos externos de riqueza" contra servidores públicos que se enriquecen de manera inexplicable y causan sorpresa en la gente.
"La figura de "signos externos de riqueza" consiste en todos aquellos bienes muebles e inmuebles que usa y disfruta una persona, y cuyo valor excede a los ingresos que declara percibir", explicó.
Derivado de ello, dijo, las autoridades fiscales pueden realizar acciones de control que permitan verificar la existencia de ingresos que no hayan sido declarados y en el caso de los servidores públicos, bienes que omita en su declaración patrimonial.
Es decir, la presente propuesta va encaminada a ayudar a que la autoridad fiscal pueda comprobar la existencia de ingresos no declarados, mediante la existencia de signos de riqueza ostentados por un contribuyente y acreditar, además, que la titularidad de bienes de alto valor realmente son propiedad de las personas físicas que los utilizan, abundó.
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