El estado mexicano esta obligado a asumir la justicia para restaurar los saldos sociales:ONGs

El estado mexicano esta obligado a asumir la justicia para restaurar los saldos sociales:ONGs Por Enrique G                    Más de un centenar de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sostiene que El Estado mexicano, ahora a través de la administración de Enrique Peña Nieto está obligado a asumir la justicia para restaurar los saldos sociales y humanitarios provocados por una estrategia militarizante y punitiva de seguridad pública, lo que ha dejado decenas de miles de huérfanas y huérfanos, viudas y viudos, familias rotas para las que se debe instrumentar una política pública de reparación integral. Organizaciones tales como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Organizaciones Civiles: Alianza Única del Valle A.C., Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Asociación Mexicana pro Naciones Unidas A.C., Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, entre otros, señalan que esta administración está obligada a asumir solidariamente el dolor y responder a las demandas de derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición como lo necesitan y merecen más de 80 mil asesinados, más de 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados generados por la guerra desatada por Felipe Calderón desde 2006. El asumir la situación de emergencia nacional pasa en gran parte por implementar mecanismos que garanticen memoria, verdad, reparación y la justicia para la construcción de la paz. "Hemos conocido el comunicado del nuevo titular del Ejecutivo Federal que, en cumplimiento de un compromiso asumido el 28 de mayo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las organizaciones hermanas de derechos humanos y atención a víctimas, ha instruido a su Consejería Jurídica a desistirse de la Controversia Constitucional ante la SCJN y publicar en sus términos la Ley General de Víctimas (LGV) aprobada por el Congreso el 30 de abril y que venimos impulsando al lado de otras organizaciones desde hace varios meses", señalan. Pero también advierten que para que la LGV sea una realidad, falta concretar su publicación, avanzar en las modificaciones que la perfeccionen y, sobre todo, trabajar en su instrumentación en todo el país y por todos los órdenes de gobierno. Indica que la Ley General de Víctimas es un pequeño triunfo para todas las familias que han perdido a uno o varios familiares, ya sea por desaparición -involuntaria o forzada-, secuestro, asesinato o desplazamiento forzado; es una ley para las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de delitos. Sin embargo, advierten, es necesario no olvidar que hemos insistido, desde la primavera de 2011 que salimos a las calles, sobre la exigencia de que haya un cambio radical en la estrategia de seguridad nacional, que se inicie un debate nacional y regional sobre la política prohibicionista antidrogas y que se adopte un modelo de seguridad más humano y ciudadano para avanzar en la construcción de una sociedad en paz con justicia y dignidad. Sin cambio en la estrategia de seguridad habrá más víctimas y con ello, no habrá condiciones para la paz.