Armando Maceda
La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Diana Bernal Ladrón de Guevara, se reunió con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para proponer reformas que terminen con el abuso de autoridades fiscales en su facultad de congelar cuentas bancarias de contribuyentes.
"Lo que buscamos es reducir la discrecionalidad en materia del embargo de cuentas bancarias; buscamos establecer con toda claridad el monto sobre el cual se pueda ordenar el embargo de las cuentas de los contribuyentes", señaló.
Durante una reunión de trabajo, la procuradora aseguró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) usa de manera indiscriminada y desproporcional su facultad de inmovilizar las cuentas bancarias.
"No estamos en contra de la inmovilización de cuentas bancarias, pero debe de ser una medida de excepción, sólo en los casos que exprese el Código Fiscal, por ejemplo cuando el contribuyente se oponga al ejercicio de las facultades de fiscalización, cuando desaparezca o se desconozca su domicilio", dijo.
Cifras de la Procuraduría indican que al 30 de noviembre ha recibido más de mil 100 quejas, de las cuales el 79 por ciento de los asuntos han sido favorables a los contribuyentes.
De este total, 168 quejas han terminado en 11 recomendaciones, y que contiene un señalamiento directo respecto del actual ilegal o inapropiado de la autoridad fiscal.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran donde los contribuyentes no se entera, ni siquiera con posterior a la medida de embargos de cuentas bancarias, qué autoridad ordenó y ni por qué causas.
Ante créditos que no son firmes, las autoridades inmovilizan cuentas sin previamente agotar el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución).
Para remediar lo anterior, la procuradora Diana Bernal propuso derogar la fracción III del artículo 40 y como consecuencia el 145 A del Código Fiscal, sobre el aseguramiento precautorio de bienes, ya que viola la garantía de seguridad jurídica del contribuyente y así lo resolvió la Suprema Corte.
Toda vez que la medida de apremio no tiene por objeto garantizar un crédito fiscal; se impone sin que existan elementos suficientes que permitan establecer, al menos presuntivamente, el incumplimiento de obligaciones fiscales.
También solicitó impulsar una reforma al artículo 156 Bis del Código Fiscal con el objeto de otorgar un plazo de 10 días para que los contribuyentes se inconformen ante la autoridad fiscal cuando lo que se les embargue sea un monto superior al que le corresponda.
"Nuestro objetivo es el de crear una nueva cultura contributiva, es decir, una relación entre el fisco y el pagador de impuestos más equitativa basada en la transparencia, rendición de cuentas y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos", dijo.
Durante la reunión, los legisladores aprobaron por unanimidad declararse en sesión permanente para analizar el paquete económico 2013 que envíe el Ejecutivo federal.
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