Sergio Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, compareció ante legisladores integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión del Congreso, y deslindó al INAH de cualquier responsabilidad sobre las presuntas anomalías en la apertura de una tienda Walmart en la zona arqueológica de Teotihuacán; dijo que los permisos es competencia de las autoridades municipales.
Sergio Arroyo García, fue citado con el propósito de que legisladores tengan información sobre las autorizaciones realizadas al grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica.
Fue cuestionado sobre la difusión de una carta que lo acusa de haber recibido sobornos por parte de grupo Walmart para validar la construcción de la tienda, el director del INAH aseguró que la acusación "tiene que ver con problemas relacionados con la expansión comercial de diferentes empresas".
"Me preocupa que a nivel de lo que son los medios se vuelva esta cuestión mediática, o una afirmación totalmente sesgada, en una especie de verdad indubitable", indicó.
Exigió que se presenten pruebas de las acusaciones que le imputan. "No estoy dispuesto, en lo absoluto, a admitir alguna acusación infundada".
Aclaró que el instituto actuó conforme al procedimiento de salvamento arqueológico, el cual fue avalado por diversas instancias, tanto académicas como de carácter internacional, las que descartaron la presencia de vestigios en la zona, de tal forma que el INAH no fuera juez y parte.
"El INAH no tiene injerencia para dar permisos o autorizar cambios de uso de suelo; no tenemos control sobre cadenas comerciales", argumentó.
Agregó que se perforaron 120 pozos en el área donde se levantó el comercio para no dejar dudas sobre la presencia de vestigio alguno, aunque, advirtió, la mancha urbana en San Juan Teotihuacán, al igual que en otras poblaciones, crece impulsada por grupos políticos.
Propuso trabajar en darle más atribuciones al Instituto para que pueda participar de forma activa en los planes de desarrollo urbano en los municipios en los que existan ruinas arqueológicas, así como en las áreas colindantes.
En ese sentido, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del PVEM, dijo que debe legislarse para otorgar las atribuciones necesarias al INAH para que tenga injerencia en los cambios de uso de suelo que se realicen en zonas arqueológicas y solicitó conocer si existen más tiendas pertenecientes a cadenas comerciales dentro de San Juan Teotihuacán.
Por su parte, el senador del PAN, José María Martínez Martínez, señaló que más allá de ser un asunto ideológico, se trata de una presunción de corrupción, expuesta desde el Senado de E.U.
"El caso de Teotihuacán no es el único que hay; existen más casos similares en el país. El INAH debió haber defendido la no instalación de esta tienda", sostuvo.
El diputado Raymundo King De la Rosa, del PRI, pidió saber si hubo terceras instancias que confirmaran el dictamen del INAH que afirmaba que no existía vestigio arqueológico alguno en el lugar.
En el mismo sentido, la senadora Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, también del PRI, exigió que el INAH muestre el estudio realizado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) que avala el dictamen del instituto.
Asimismo, la senadora del PAN, Mariana Gómez Del Campo Gurza, demandó conocer qué mecanismos usa el INAH para la protección de la zona arqueológica de Teotihuacán y cuáles considera necesarios para que este tipo de áreas se mantengan seguras ya que, dijo, "existen lagunas que permiten que se afecte el patrimonio de los mexicanos".
Por último, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, dijo que hubo una presunta modificación a los mapas que limitaban la zona arqueológica, lo que, subrayó, "pone en duda la honorabilidad de varios servidores públicos".
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