La Cruzada Nacional contra el Hambre anunciada por el gobierno del PRI ha seguido el mismo camino de sus antecesores, implementar un cúmulo de programas con resultados muy distantes de las necesidades de los ciudadanos en condiciones de pobreza, cuyos efectos no satisfacen la demanda y son utilizados como clientelismo político, señaló la diputada federal Socorro Ceseñas Chapa.
La legisladora del PRD por Nuevo León destacó que los programas sociales como Conasupo, Pronasol, DIF, Progresa, Oportunidades, Diconsa y Liconsa se han presentado como instrumentos redentores con cuantiosos recursos; sin embargo, el problema fundamental del fracaso de los programas que se han planteado abatir la pobreza tiene que ver con que se atacan los efectos y no las causas.
"No pueden lograrse resultados sostenibles cuando las políticas estructurales propician la concentración del ingreso, frenan el crecimiento económico y la generación de empleos productivos, en consecuencia el desarrollo de las condiciones de vida de los ciudadanos", denunció.
Recordó que el PIB per cápita creció apenas a una tasa promedio anual de apenas 1.9% entre 1994 y el 2000; de 1.05% entre 2000 y 2006 y de 1.1% del 2006 a 2012, totalmente insuficiente para superar los rezagos sociales en el país.
"Hoy estamos ante una esquizofrenia obscena, la política económica de estos gobiernos son fábricas de pobres a favor de la concentración de unos cuantos y a pesar de que la mayoría son quienes generan la riqueza del país, mejorar sus condiciones de vida lo ven como un gasto innecesario", manifestó.
Asimismo, declaró, otro problema que acompaña el fracaso para abatir la pobreza en nuestro país es la contención de los salario, los ingresos de los trabajadores van a la zaga de las alzas de precios, agravando el efecto de la concentración del ingreso.
Socorro Ceseñas Chapa, enfatizó que el reto enorme para poder sacar de los niveles de pobreza a los ciudadanos de estos municipios se centra en revertir la falta coordinación entre la secretaría responsable, las otras participantes y las delegaciones en los estados.
En no pocos casos, dijo, la pluralidad política entre quienes ostentan la representación política, impide que los recursos económicos y los programas sociales sean meramente instrumentos de clientelismo político.
Por ello subrayó que dichos argumentos significan en los hechos, que el combate a la pobreza, es tan sólo una forma de justificar el gran negocio de la fábrica de pobres; pues muchos de los programas están dirigidos a los productores más ricos. "Más del 95% del gasto de los programas sociales incluidos en el PEC está destinado a los pobres, pero reciben menos del 8% del gasto agrícola".
"Otra razón es la liberalización irracional del comercio agrícola pues impactó y afectó la capacidad de los productores más vulnerables por las importaciones. Se han abandonado elementos de evaluación rigurosa en entidades federativas y municipios -censos de talla y peso en niños-".
Incluso, dijo, se ha privilegiado en todas las entidades federativas, el alto consumo de productos con altos contenidos de azucares, sales y grasas, generando traumas en la calidad de vida de los niños que cursan la educación básica.
La diputada perredista expuso que la lucha contra el hambre debiera de considerar como prioridad la eliminación de la comida chatarra para los niños en zonas rurales y urbanas, pues los niveles de desnutrición y obesidad, son cada día más grandes.
Recordó que la reciente reforma al artículo 4 constitucional, que señala la obligación del Estado de garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad no queda resuelto con la Cruzada por el Hambre.
"Es necesario asumir una política rectora en materia de alimentación que abata el poder de las empresas dominantes del mercado de alimentos" evidenció.
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