La Cámara de Diputados aprobó exhortar al ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado, a las Secretarías de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación, a instalar una mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social originado por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México.
La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD), promovente del punto de acuerdo, dijo que el Grupo México ha sido vinculado con denuncias, omisiones y violaciones a los derechos humanos y es señalado como responsable de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, además de que se le involucra con el grupo que encabeza Germán Larrea Mota.
Señaló que en Puebla las afectaciones al medio ambiente, agua y población ascienden a más 11 millones 330 mil hectáreas que se entregaron a compañías nacionales y extranjeras.
La diputada priista Josefina García Hernández señaló que son preocupantes los problemas que se generan con los temas de las hidroeléctricas y de las mineras en el estado de Puebla.
Agregó que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que le pueden afectar, por lo que cualquier acto que implique alteraciones en su entorno debe ser analizado entre las partes.
Se pide al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y a las autoridades municipales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras.
Además, garantizar el derecho a la libre decisión de la comunidad indígena que ha manifestado su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica por posibles daños ambientales y sociales en la zona.
El punto de acuerdo exhorta también al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades indígenas, el Estado tendrá la obligación no sólo de consultarlos, sino deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de éstos.
Solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformar un grupo de trabajo plural de legisladores, a fin de darle seguimiento al conflicto social de la construcción de la hidroeléctrica y demás problemas sociales que existen en los territorios de los pueblos indígenas.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) expresó que este tema es un ejemplo de las diversas problemáticas que se presentan a lo largo del territorio nacional, con respecto de este tipo de obras que en nombre del desarrollo atentan contra la integridad, el tejido social y la desaparición de las culturas de los pueblos indígenas.
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