Diputados del PRI instalarán una mesa de diálogo entre los autotransportistas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Gobernación, para actualizar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal con el objetivo de no dejar más en la indefensión a los automovilistas en accidentes y abusos de los agentes de caminos.
El coordinador de los diputados federales de Jalisco del PRI, Abel Salgado Peña, explicó que este Reglamento excluye el apercibimiento verbal, la amonestación por escrito e incluso la presunción de inocencia, para facultar a los oficiales de la Policía Federal a detener y consignar al conductor de algún vehículo a discreción de la Policía Federal.
Resaltó que además, la citada norma atribuye a la Policía Federal, facultades para que a "libertad de criterio" realice inspecciones de tipo forense, en cuya dictaminación debería estar sujeto a instrumentos de calibración y medición, y por tanto, deja en plena libertad a algunos policías en condiciones de solicitar algún soborno a cambio de permitir la libre circulación del vehículo en cuestión.
Recordó que la falta de claridad en el Reglamento, obligó a que la División de Seguridad Regional de la Policía Federal emitiera el pasado 18 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones previstas en el Reglamento, pero destacó que el problema se encuentra en los cambios que se hicieron a últimas días del sexenio pasado.
Por su parte los lineamientos instruyen a los elementos en carretera a proceder de determinada manera, mediante la precisión en su aplicación de los artículos más controvertidos, "lo que a todas luces consideramos que se trata de una inadecuada o pobre técnica legislativa en la norma que modifica, toda vez que si el Reglamento hubiera precisado las situaciones de derecho, no sería necesario emitir unos lineamientos de esa forma".
Ejemplificó que, "el numeral 201 de dicho Reglamento, en su redacción establece que los usuarios de las vías federales que se opongan a las órdenes que instruyan los oficiales de la Policía Federal, en los términos de lo dispuesto por dicho reglamento, se procederá a su inmediata detención y presentación ante el Ministerio Público, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares".
Y ante ello, la preocupación de los transportistas es que una vez que entren en vigor estos lineamientos, "las que en este momento se pueden considerar faltas administrativas, se convertirán en delitos, sobre todo sabiendo de todas las quejas y denuncias que se dan por la actuación de algunos elementos de esta corporación", destacó el diputado.
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