Con el propósito de fortalecer el derecho de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos, de una forma mucho más activa y relevante para la nación, el diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán propuso expedir la Ley Federal de Participación Ciudadana.
La iniciativa pretende fortalecer el derecho de los ciudadanos a tener mayor injerencia en el poder público y que sean ellos quienes ejerzan un control sobre las directrices del gobierno, así como de configurar un esquema político en el país que responda de manera más efectiva a la comunidad.
La propuesta de creación de esta Ley, surge de lo establecido en la Reforma Política aprobada por la LXI Legislatura, que en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 9 de agosto del año 2012, señala la obligatoriedad de crear diferentes reformas y expedir una nueva Ley Federal de Participación Ciudadana.
"En materia de participación ciudadana nuestra democracia se encuentra lejos de muchas otras consideradas de avanzada. No obstante, la realidad es que ninguna ley de participación ciudadana será efectiva sin el compromiso de las autoridades para otorgar las facilidades necesarias, menos aún, si la sociedad civil no hace suyo estos instrumentos de democracia directa", precisó González Roldán.
Con esta ley, agregó, se reglamentará el derecho de los ciudadanos para convocar a consultas populares e iniciar leyes, con lo que se fortalecerán los mecanismos de democracia directa, sin debilitar la democracia participativa.
González Roldán señaló que la iniciativa pretende facilitar la realización de consultas populares e iniciativas de ley que promuevan los ciudadanos y así, hacer operativa la reforma política y el sistema de participación social.
Aseguró que la participación ciudadana en la política tiende a corregir las desviaciones de las democracias representativas, sobre todo cuando ésta deja de obedecer a las demandas de la población.
La propuesta se divide en 3 capítulos: disposiciones generales, de las Consultas Populares y de la Iniciativa Ciudadana; asimismo, en 51 artículos y tres transitorios.
En cuanto a la participación ciudadana, se pretende que los procesos de participación se conduzcan en el marco de los principios de democracia, libertad, solidaridad, legalidad, equidad y bienestar común. Con esto, más que generar una participación basada en la normatividad, se pretende formar la conciencia y la cultura en la población mexicana de la imperiosa necesidad de participar en los asuntos públicos.
De acuerdo con la iniciativa, tanto la solicitud para consulta popular, como para iniciativa ciudadana, deberán presentarse ante el Instituto Federal Electoral (IFE), ya que cuenta con la infraestructura necesaria para realizar dichas consultas, ya sea en alguna de sus juntas locales o distritales; además los promoventes podrán darle seguimiento a dicho proceso.
Asimismo, el plazo que se establece para que el Congreso pueda convocar a una consulta, es de sesenta días; con ello el IFE tendrá tiempo para organizar, elaborar material y planificar todo lo necesario para realizar este ejercicio a nivel nacional.
Respecto a la iniciativa ciudadana, se consideró que el recabar un equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal, "es un gran esfuerzo, por lo tanto no se puede permitir que las propuestas sean desechadas sin haber sido dictaminadas o discutidas en las cámaras que sean presentadas".
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