Prescritos delitos por los que la CNDH presentó denuncia ante PGR contra mandos de la desaparecida SSPF

Por: Noel F. Alvarado.

            Los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y contra la administración de justicia cuyas penalidades van de 9 de nueve meses a 10 años de prisión, que se les imputan a 21 ex funcionarios policiacos, entre ellos a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, por el operativo que derivó en la detención de Florence Cassez, ya están prescritos, explicaron especialistas en derecho y abogados penalistas, por lo que ninguno de los funcionarios y servidores públicos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones pueden ser investigados, detenidos ni encarcelados. 
            Los especialistas en derecho, detallaron que la prescripción del delito establece con la media aritmética de cada uno de los ilícitos, es decir la suma de la pena mínima y la pena máxima divida entre dos es menor de 7 años  por lo que los funcionarios y servidores públicos señalados por la Comision Nacional de Derechos Humanos, que pudieron haber incurrido en esos delitos ya no pueden ser castigados en caso de que se les demostrara alguna responsabilidad 
            Es decir l delito de ejercicio indebido del servicio público, se sanciona con penas de 3 a 8 años de prisión; el abuso de autoridad de 9 nueve meses a 2 años de prisión y el ejercicio indebido del servicio público tiene una penalidad de dos a 7 años de prisión y el delito contra la administración de justicia, se castiga con una pena de 4 a 10 años de prisión.
En caso de que imputen varios tipos, hay concurso de delitos y de acuerdo al artículo 108 del Código Penal Federal. En caso de concurso de delitos (una conducta varios resultados) se estará a la pena del delito mayor. En el presente caso de los delitos que pueden imputar el que tiene la pena mayor es el previsto por la fracción X del artículo 225 que tiene una sanción de 4 a 10 años, prescribe en su término medio aritmética, es decir 7 años, por lo que si se toma en cuenta que esos presuntos delitos se cometieron en el 2005 a 2012 corrieron ya los 7 años, por lo que quienes pudieron haber incurrido en estos delitos ya no se les puede fincar responsabilidad penal porque ya prescribieron, aseguraron especialistas en derecho.
En la acusación hecha por la CNDH se señalan a 15 agentes federales de investigacion, 2 agentes del ministerio público federal (PGR) y 4 mandos superiores de la desaparecida AFI, hay que recordar que durante el operativo para detener a los secuestradores Israel Vallarta  y Florence Cassez los únicos "mandos" que estuvieron en el lugar y participaron directamente en las investigaciones y captura  fueron Luis Cárdenas Palomino, responsable de la direccion antisecuestros de la Agencia Federal de Investigaciones y Francisco Javier Garza Palacios entonces director de operaciones especiales.
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