Por enrique Al concluir el plazo para que maestros del país interpongan amparos contra la reforma educativa, el Poder Judicial de la Federación ha recibido al menos 350 mil demandas colectivas interpuestas por profesores normalistas y padres de familia de alumnos de primaria y secundaria. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal designó a tres jueces especiales con sede en Cholula para que desahoguen estas demandas colectivas e individuales contra la reforma educativa. De acuerdo a la Coordinadora Nacional de la Educación, en el 99 por ciento de estas demandas de amparo se ha concedido la suspensión del acto reclamado, lo que significa que maestros y alumnos, alegando su interés legítimo, quedan provisionalmente protegidos contra los efectos de esta reforma. El plazo para que los maestros interpongan recursos de amparo, vence este lunes por lo que se esperan cascadas de amparos de maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, estado de México y Sinaloa En tanto, padres de familia de alumnos pidieron la protección de la justicia federal así como normalistas, pues aunque no forman parte de la estructura de la Secretaría de Educación Pública como maestros y por ello no tienen manera de comprobar que existe un interés jurídico en la controversia, sí poseen interés legítimo, esto es, se verían afectados indirectamente con la aplicación de los efectos de la reforma educativa. Alumnos y normalistas alegaron que la reforma al artículo 73 de la Constitución, amén del quinto transitorio fracción III de esta reforma educativa implica la autonomía de gestión, a fin de que padres de familia, alumnos y maestros compren lo que se requiera y falte dentro del inmobiliario de la escuelas públicas, lo que desde la óptica de los quejosos en este amparo contraviene lo dispuesto en el artículo tercero de la Carta Magna referente al concepto de "gratuidad" de los servicios educativos públicos. |
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