Por Enrique La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra del personal ministerial y federal que participó en la denominada "Operación Limpieza" debido a que se detecto que incurrieron en posibles irregularidades que podrían constituir algún delito. Luego del falló a favor de la liberación del ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, el juez informó de una posible fabricación de pruebas en dicho caso, motivo por el cual dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios. De acuerdo a las imputaciones de la PGR, Mandujano trabajaba al servicio del cartel de los Hermanos Beltrán Leyva. Dichas revelaciones fueron hechas por "Jennifer" testigo protegido de la DEA y quien supuestamente dejo al descubierto una red de protección al interior de la PGR a favor de los Beltrán Leyva. No obstante, a más de tres años de la "Operación Limpieza", el juez informó que en el caso de Mandujano se analizaron declaraciones de testigos colaboradores en las cuales la representación social de la Federación sustentó su acusación. "En relación con el principal testigo colaborador con nombre clave "Jennifer", se demostró que se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que éste mintió al rendir sus declaraciones. También se advirtió que otros testigos colaboradores no hicieron imputación directa en contra del acusado Noé Ramírez Mandujano, y otras declaraciones de testigos se obtuvieron de manera ilegal". Indica que en el caso de "Jennifer", se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios. Jennifer quien fue la fuente principal de la PGR para detener a funcionarios de la PGR y la SSP Federal, entre ellos al ex comisionado de la policía federal, Gerardo Garay, el exdirector de operaciones especiales de la policía federal, Francisco Navarro y al ex secretario de seguridad pública de Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas, fue contador de Joaquín Guzmán Loera, y a su captura se convirtió en testigo protegido de la DEA . El juez Fernández de la Mora sostuvo que existen indicios suficientes de que efectivamente, altos funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada incurrieron en actos de corrupción, incluso, algunos de ellos, se integraron al programa de testigos colaboradores; sin embargo, no se aportó prueba idónea y legal que estableciera que el acusado Noé Ramírez Mandujano, formara parte de esa red de corrupción, ni tampoco que se advirtiera alguna irregularidad en su encargo como subprocurador. |
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