Avanzó en Comisión de Puntos Constitucionales de diputados reforma el
artículo 16 de la Constitución Política para reducir el tiempo del
arraigo de 80 a 35 días, a propuesta del PRI, que se opuso a
eliminarlo como demandan organizaciones civiles y partidos de la
izquierda debido a que es una medidas de atropello a las personas.
También establece que organizaciones de derechos humanos podrán
visitar los centros de arraigo; la ampliación de 48 a 72 horas de
prisión preventiva, plazo que se puede duplicar en caso de
delincuencia organizada, y que el arraigo domiciliario sea de 20 días,
sin prórroga.
En el documento, que pasará al Pleno para su eventual discusión entre
lunes y martes próximo, se considera como la privación de la libertad,
a solicitud del Ministerio Público y con autorización judicial, para
el éxito de la investigación y que el inculpado no evada la acción de
la justicia.
Sin embargo, agrega el texto, esta figura ha sido seriamente
cuestionada, pues de ser una medida excepcional se llegó a convertir
en una medida común, con una larga duración, 40 días prorrogables por
otros 40, es decir, para un total de 80 días, pero ahora se plantea
que sean 20 más otros 15 para sumar 35.
Esta medida del arraigo se mantendría tomando en cuenta que "se aplica
a delincuencia organizada, delito que implica complejidad en la
integración de las indagatorias, por la información que debe recabarse
en distintas instituciones, como pueden ser hacendarias, bancarias, de
registro de propiedad, etcétera".
Uno de los perredistas que se opuso a la propuesta del PRI y avalada
por el PAN, el diputado del PRD Catalino Duarte Ortuño, que explicó
su experiencia sobre el abuso que se comete con esta medida y se
violan derechos humanos:
"Porque ha sido un abuso constante. Yo tuve el privilegio de ser
ministerio público por cinco años y la figura por la vía de los hechos
se utiliza de la siguiente manera: primero te detengo, y después te
investigo; y súmenle ahora que tenemos "testigo protegido".
Cuando, dice, con sólo indicios es suficiente para consignar; pero, si
por la necesidad de darle tiempo al orden persecutor de los delitos,
para que se haga allegar indicios suficientes y pueda ejercitar acción
penal, mejor propuso pensar en ampliar el término constitucional de 48
horas.
Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, señaló que la posición es
contundente, derogar absolutamente la figura, porque, "no hay arraigos
buenos, no hay arraigos malos y no se trata de una cuestión de regateo
de números, que si de 40 a 20 y de 20 a 35, dijo.
Además cuestionó la eficiencia y así lo admitió la PGR, "es una cifra
verdaderamente alarmante, que solo el 3 por ciento de las personas
arraigadas terminan siendo procesadas".
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